martes, 30 de junio de 2009

lunes, 27 de abril de 2009

¿Qué viene a continuación?



El socialismo fracasó; ahora, el capitalismo está en quiebra


The Guardian

Traducido del inglés por S. Seguí

Sea cual sea el logotipo ideológico que adoptemos, el desplazamiento del mercado libre a la acción pública debe ser mayor de lo que los políticos imaginan.El siglo XX ha quedado ya atrás, pero aún no hemos aprendido a vivir en el XXI, o al menos a pensarlo de un modo apropiado. No debería ser tan difícil como parece, dado que la idea básica que dominó la economía y la política en el siglo pasado ha desaparecido, claramente, por el sumidero de la historia. Lo que teníamos era un modo de pensar las modernas economías industriales –en realidad todas las economías–, en términos de dos opuestos mútuamente excluyentes: capitalismo o socialismo.

Hemos vivido dos intentos prácticos de realizar ambos sistemas en su forma pura: por una parte, las economías de planificación estatal, centralizadas, de tipo soviético; por otra, la economía capitalista de libre mercado exenta de toda restricción y control. Las primeras se vinieron abajo en la década de los 80, y con ellas los sistemas políticos comunistas europeos; la segunda se está descomponiendo ante nuestros ojos en la mayor crisis del capitalismo global desde la década de 1930. En algunos aspectos es una crisis de mayor envergadura que aquélla, en la medida en que la globalización de la economía no estaba entonces tan desarrollada como hoy y la crisis no afectó a la economía planificada de la Unión Soviética. Todavía no conocemos la gravedad y la duración de la actual crisis, pero sin duda va a marcar el final de la clase de capitalismo de libre mercado que se impuso en el mundo y sus gobiernos en una época que dio inicio con Margaret Thatcher y Ronald Reagan.

La impotencia, por consiguiente, amenaza tanto a los que creen en un capitalismo de mercado, puro y desestatalizado, una especie de anarquismo burgués; como a los que creen en un socialismo planificado incontaminado por la búsqueda de beneficios. Ambos están en quiebra. El futuro, como el presente y el pasado, pertenece a las economías mixtas en las que lo público y lo privado estén mútuamente vinculados de una u otra manera. ¿Pero cómo? Este es el problema que se nos plantea hoy día a todos, y en particular a la gente de izquierda.

Nadie piensa seriamente en regresar a los sistemas socialistas de tipo soviético, no sólo por sus deficiencias políticas sino también por la creciente indolencia e ineficiencia de sus economías, aunque ello no debería llevarnos a subestimar sus impresionantes logros sociales y educativos. Por otra parte, hasta que el mercado libre global implosionó el año pasado, incluso los partidos socialdemócratas y moderados de izquierda de los países del capitalismo del Norte y Australasia se habían comprometido más y más con el éxito del capitalismo de libre mercado. Efectivamente, desde el momento de la caída de la URSS hasta hoy no recuerdo ningún partido o líder que denunciase el capitalismo como algo inaceptable. Y ninguno estuvo tan ligado a su suerte como el New Labour, el nuevo laborismo británico. En sus políticas económicas, tanto Tony Blair como Gordon Brown (éste hasta octubre de 2008) podían calificarse sin ninguna exageración como Thatchers con pantalones. Y otro tanto cabe decir del Partido Demócrata de Estados Unidos.

La idea básica del nuevo Labour, desde 1950, era que el socialismo era innecesario, y que se podía confiar en el sistema capitalista para hacer florecer y generar más riqueza que ningún otro sistema. Todo lo que los socialistas tenían que hacer era garantizar una distribución equitativa. Pero, desde 1970, el acelerado crecimiento de la globalización dificultó y socavó fatalmente la base tradicional del Partido Laborista británico, y en realidad las políticas de ayudas y apoyos de cualquier partido socialdemócrata. Muchas personas, en la década de 1980, consideraron que si el buque del laborismo pretendía no irse a pique, lo que era una posibilidad real, tenía que ser objeto de una puesta al día.

Pero no lo fue. Bajo el impacto de lo que consideró como la revitalización económica thatcherista, el New Labour, a partir de 1997, se tragó entera la ideología, o más bien la teología, del fundamentalismo del mercado libre global. El Reino Unido desregularizó sus mercados, vendió sus industrias al mejor postor, dejó de fabricar objetos para la exportación (a diferencia de Alemania, Francia y Suiza) y apostó todo su dinero a su conversión en el centro mundial de los servicios financieros, y con ello en un paraíso de blanqueadores de dinero multimillonarios. Así, el impacto actual de la crisis mundial sobre la libra y la economía británica va a ser probablemente más catastrófico que el de ninguna otra gran economía occidental y va a hacer la recuperación más difícil.

Es posible afirmar que todo esto es ya agua pasada. Que somos libres de regresar a la economía mixta, y que la vieja caja de herramientas laborista está ahí a nuestra disposición -incluso la nacionalización-, así que todo lo que tenemos que hacer es utilizar de nuevo estas herramientas que el New Labour nunca debió dejar de usar. Sin embargo, esta idea sugiere que sabemos qué hacer con las herramientas. Pero no es así.

Por una parte, no sabemos cómo superar la actual crisis. No hay nadie, ni los gobiernos, ni los bancos centrales, ni las instituciones financieras mundiales, que lo sepa: todos ellos son como un ciego que intentara salir del laberinto dando golpes en las paredes con todo tipo de bastones en la esperanza de dar con el camino de salida.

Por otra parte, subestimamos el persistente grado de adición de los gobiernos y los responsables de las políticas a los exabruptos del libre mercado, que tanto placer les han proporcionado durante décadas. ¿Acaso se han librado del supuesto básico de que la empresa privada orientada al beneficio es siempre el medio mejor y más eficaz de hacer las cosas? ¿O de que la organización y la contabilidad empresariales deberían ser los modelos incluso de la función pública, la educación y la investigación? ¿O de que el creciente abismo entre los multimillonarios y el resto no es tan importante, después de todo, siempre y cuando todos los demás –excepto una minoría de pobres– esté un poquito mejor? ¿O de que lo que necesita un país, en cualquier caso, es un máximo de crecimiento económico y de competitividad comercial? No creo que hayan superado todo esto.

Sin embargo, una política progresista requiere algo más que una ruptura algo mayor con los supuestos económicos y morales de los últimos 30 años. Requiere un regreso a la convicción de que el crecimiento económico y la abundancia que comporta son un medio, no un fin. El fin son los efectos que tiene sobre las vidas, las posibilidades vitales y las expectativas de las personas.

Tomemos el caso de Londres. Es evidente que a todos nos importa que la economía de Londres florezca. Pero la prueba de fuego de la enorme riqueza generada en algunas partes de la capital no es que haya contribuido al 20 ó 30% del PIB británico, sino cómo ello ha afectado a las vidas de los millones de personas que viven y trabajan allí. ¿A qué clase de vida tienen derecho? ¿Pueden permitirse vivir allí? Si no pueden, no es ninguna compensación que Londres sea un paraíso de los muy ricos. ¿Pueden conseguir empleos decentemente pagados, o en realidad cualquier tipo de empleo? Si no pueden, de qué sirve todo este jactarse de tener restaurantes de tres estrellas Michelin, con unos chefs convertidos ellos mismos en estrellas. ¿Pueden llevar a sus hijos a la escuela? La falta de escuelas adecuadas no se compensa con el hecho de que las universidades de Londres puedan montar un equipo de fútbol con su profesorado de ganadores de premios Nobel?

La prueba de una política progresista no es privada sino pública, no sólo importa el aumento del ingreso y del consumo de los particulares sino la ampliación de las oportunidades y, como las llama Amartya Sen, las capabilities –capacidades– de todos por medio de la acción colectiva. Pero esto significa –o debería significar– iniciativa pública no basada en la búsqueda de beneficio, siquiera fuera para redistribuir la acumulación privada. Decisiones públicas dirigidas a conseguir mejoras sociales colectivas con las que todos saldrían ganando. Esta es la base de una política progresista, no la maximización del crecimiento económico y el ingreso personal.

En ningún ámbito será esto más importante que en la lucha contra el mayor problema a que nos enfrentamos en el presente siglo: la crisis del medio ambiente. Sea cual sea el logotipo ideológico que adoptemos, significará un desplazamiento de gran alcance, del mercado libre a la acción pública, un cambio mayor que propuesto por el gobierno británico.

Y, teniendo en cuenta la gravedad de la crisis económica, debería ser un desplazamiento rápido. El tiempo no está de nuestro lado.

Eric Hobsbawm (1917), historiador y académico británico. Es presidente del Birbeck College de la Universidad de Londres, y autor de numerosas obras de historia contemporánea, la primera de las cuales fue Primitive Rebels: studies in archaic forms of social movement in the 19th and 20th centuries (1962). Y, entre otras,The age of revolution: Europe 1789-1848, The age of capital: 1848-1875, The age of extremes 1914-1991,etc. de las que hay traducción al catalán y al castellano. Su publicación más reciente es On Empire: America, War, and Global Supremacy (2008).

S. Seguí pertenece a los colectivos de Tlaxcala, Rebelión y Cubadebate. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar el nombre del autor y el del traductor, y la fuente.

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/apr/10/financial-crisis-capitalism-socialism-alternative

Declaración de Prensa

Gobierno de Álvaro Uribe es cómplice en delitos de lesa humanidad.

Somos una delegación de parlamentarios británicos, y sindicalistas norteamericanos, canadienses y británicos. Hemos pasado siete días aquí en Colombia, juntando información sobre los abusos de derechos humanos y derechos laborales. Nos hemos reunido con un amplio abanico de la sociedad colombiana, cubriendo intereses cívicos, políticos, jurídicos y militares, incluyendo sindicatos, estudiantes, profesores, indígenas, campesinos, abogados sindicales, defensores de derechos humanos, y con los retenidos liberados de las FARC.

Hemos viajado al departamento de Arauca para escuchar los testimonios de comunidades e individuos afectados por el conflicto en esa región Visitamos la cárcel Buen Pastor y hablamos con las mujeres presas políticas encarceladas allí. También nos reunimos con Martín Sandoval, presidente del CPDH – Arauca, encarcelado injustamente en Arauca. Tuvimos oportunidad de hablar también con altos representantes del gobierno de Álvaro Uribe, y con el Presidente mismo. Estamos agradecidos a todos los individuos y grupos que tan generosamente nos entregaron su tiempo.

Estamos en estado shock por lo que hemos oído, y no tenemos dudas, dadas las evidencias recibidas, de que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe, y la fuerza pública son cómplices de abusos de derechos humanos. Además, estamos convencidos que las actividades asesinas de los paramilitares son aprobadas y activamente apoyadas por el gobierno y el Ejército. Estos crímenes son agravados por la impunidad de la cual gozan los que cometieron estos delitos, y la falla del sistema judicial para procesar a los criminales y a los que dieron las órdenes.

En vez de encarcelar los verdaderos criminales, el gobierno ha encarcelado a sindicalistas, miembros de la oposición política, y a defensores de derechos humanos como al defensor de derechos humanos, Martín Sandoval. Llamamos por su liberación inmediata, y por la liberación inmediata de otros prisioneros políticos y sindicalistas.

Al regresar al Reino Unido y a Norte América estaremos llamando por la inmediata terminación de todo apoyo militar y político al gobierno colombiano:

La no aprobación de cualquier Tratado de Libre Comercio hasta que los derechos humanos y laborales sean respetados de una manera internacionalmente verificable Exponer públicamente la complicidad de empresas multinacionales en las violaciones de derechos humanos y laborales Acabar de inmediato con la criminalización de la oposición democrática y legítima, incluyendo a la Senadora Piedad Córdoba, Senadora Gloria Inés Ramírez, Representante Wilson Borja y el Doctor Carlos Lozanos, entre otros Apoyar el diálogo, un proceso de paz, y un intercambio humanitario El cese de las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos perpetrados por el Ejército colombiano. Un informe completo de nuestras investigaciones y recomendaciones será publicado en el cercano futuro. Miércoles 8 de abril de 2009.

Firmas adjuntas. Katherine Craig: Abogada de Derechos Humanos. Viajó a Colombia con la Caravana de abogados en Agosto del 2008.

Ian Davidson: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

Jeremy Dear: Secretario General del sindicato ‘La Unión Nacional de Periodistas’ (NUJ) – el cual representa 32,000 periodistas, también es el Presidente de ‘Justice for Colombia’ y miembro del Ejecutivo de la TUC y del Consejo General de la TUC.

David Drever: Presidente del sindicato educativo, el ‘Instituto Educativo de Escocia’ (EIS) el cual representa 60,000 maestros en Escocia.

Simon Dubbins: Director del Departamento de Relaciones Internaciones del sindicato ‘Unite the Union’ el cual representa 2,100,000 afiliados in varios sectores, también es miembro del Ejecutivo del TUC Europeo y Presidente del sector grafico de la UNI (federación internacional).

Samuel Gurney: oficial del Departamento Internacional de la TUC, con responsabilidad para Colombia y otros países, también es miembro del consejo de administración de la OIT.

Sally Hunt: Secretaria General del sindicato de educación, ‘La Unión de Universidad y Colegios’ (UCU), el cual representa 118,000 profesores universitarios, también es miembro del Comité Ejecutivo de Justice for Colombia y del Ejecutivo y Consejo General de la TUC donde es la vocero sobre asuntos internacionales.

Peter Kilfoyle: Parlamentario Británico del Partido Laborista, anteriormente fue Ministro de Defensa.

Adam Lee: Oficial del sindicato, United Steelworkers (USW) el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores de Estados Unidos y Canadá.

Andy Love: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

James McGovern: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

Karie Murphy: Asistente Parlamentaria.

John O’Neill: Abogado de la empresa más grande de abogados laboralistas en Gran Bretaña ‘Thompsons Solicitors’.

Sandra Osborne: Parlamentaria Británica del Partido Laborista, Miembro de la Comisión Parlamentaria de Asuntos en el Exterior.

Stephanie Peacock: Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista.

Frederick Redmond: Vice Presidente Internacional del sindicato United Steelworkers (USW), el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores en los Estados Unidos y Canadá, también es miembro del Consejo Ejecutivo del AFL-CIO.

Mark Rowlinson: Fiscal del sindicato, United Steelworkers (USW) el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores en los Estados Unidos y Canadá.

Michael Shaw: Presidente del sindicato de Bomberos británicos(FBU) el cual representa 45,000 afiliados bomberos.

James Sheridan: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

Carol Wilson: Asistente Parlamentaria

Anthony Woodhouse: Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato ‘Unite the Union’, el cual representa 2,100,000 afiliados de varios sectores.

jueves, 16 de abril de 2009

El horror a la revolución



«No queremos luchas fratricidas, no queremos sangre, no queremos guerra», dicen los timoratos. Y hablan en seguida de los horrores de la matanza: la sangre corriendo en abundancia, la atmósfera cargada de espesos humos, el ruido ensordecedor de las armas de fuego; sangre, agonía, muerte, incendio, ¡qué horror!

¡Qué horror! En verdad, compañeros, nada tiene de agradable el espectáculo que ofrece la guerra; pero la guerra es necesaria. Es necesaria la guerra cuando hay algo que se opone a la conquista del bienestar.

Es horrible la guerra, cuesta muchas vidas, muchas lágrimas y muchos dolores; pero ¿qué decir de la paz? ¿Qué decir, compañeros, de la paz bajo el presente sistema de explotación capitalista y de barbarie gubernamental? ¿Garantiza siquiera la vida esta paz?

Por horrible que sea la guerra, no sobrepasa en horror a la paz. La paz tiene sus víctimas, la paz es sombría; pero no porque la paz, por sí misma, sea mala, sino por el conjunto de circunstancias que la componen en la actualidad. Sin necesidad de que haya guerra, hay víctimas en tiempo de paz, y, según las estadísticas, las víctimas en tiempo de paz son más numerosas que las víctimas en tiempo de guerra.

Basta con leer todos los días los periódicos de información para convencerse de que es una verdad lo que digo. Ya es una mina que se desploma y aplasta a centenares o miles de trabajadores, o bien, un tren que descarrila y produce la muerte de los pasajeros; o un buque que se hunde y sepulta en el fondo del mar a muchas personas. La muerte espía al ser humano en todos los momentos de su existencia. El trabajador cae de los andamios y se despedaza el cuerpo. Otro, manejando una máquina, se corta un brazo, una pierna y queda mutilado o muere. El número de personas que mueren anualmente en virtud de catástrofes mineras, ferroviarias, marítimas y de otra naturaleza es verdaderamente alarmante. Los que mueren como consecuencia de incendios de teatros, hoteles y casas alcanzan una cifra desesperante cada año.

Pero no es esto todo: las condiciones de insalubridad en que se efectúa el trabajo en las fábricas y los talleres; lo fatigoso de las tareas; la incomodidad e insalubridad de las viviendas de los trabajadores ¾forzados a vivir en verdaderas zahúrdas¾; la suciedad de los barrios obreros; la mala alimentación que el trabajador pueda conseguir por los salarios miserables que gana; la adulteración de los artículos alimenticios; la inquietud en que vive el hombre de trabajo, que teme que de un momento a otro no podrá llevar pan a la familia; y el disgusto que produce el hecho de encontrarse bajo la influencia del polizonte, bajo la influencia de leyes bárbaras dictadas por el estúpido egoísmo de las clases encumbradas, bajo la influencia de monigotes descerebrados que la hacen de autoridad; todo ello: insalubridad, mala alimentación, trabajo fatigoso, inquietud por el porvenir, disgusto del presente, minan la salud de las clases pobres, engendran enfermedades espantosas como la tisis, el tifo y otras que diezman a los desheredados y cuyos estragos alcanzan a todos: a hombres, a mujeres, ancianos y niños. Lo que no ocurre con la guerra, en la que es raro el caso del atropello a los ancianos, a las mujeres y a los niños, a no ser que se trate de un tirano bestial ¾como Porfirio Díaz¾, para quien no hay en esta vida criatura respetable. El tigre hinca los colmillos indistintamente en las carnes de un viejo, de una mujer o de un niño.

Todas estas calamidades, que sufre la humanidad en tiempo de paz son el resultado de la impotencia del gobierno y de la ley para hacer la felicidad de los pueblos por la sencilla razón de que tanto el gobierno como la ley no son otra cosa que los guardianes del capital, y el capital es nuestra cadena común. El capital quiere ganancias y, por lo tanto, no se preocupa de la vida humana. El dueño de una mina no se preocupa porque el lugar de trabajo ofrezca riesgos para la vida de los obreros; no hace las obras necesarias para que el trabajo se efectúe en la mina en condiciones de seguridad que garanticen la vida de los mineros. Por eso se desploman las minas, ocurren explosiones, los obreros se desprenden de los elevadores y hay otros muchos siniestros. El capitalista tendría que ganar menos si protegiese la vida de sus operarios, y prefiere que éstos revienten en una catástrofe; que las viudas y los huérfanos perezcan de hambre o se prostituyan para poder vivir, a gastar algunas sumas en favor de los que con su trabajo lo enriquecen, de los que con su sacrificio lo hacen feliz.

Igual cosa puede decirse de los desastres ferrocarrileros y marítimos. El mal material de que están construidos los barcos, los coches y las locomotoras, para obtener todo eso al menor costo posible, y el deterioro que se opera en ellos con el uso; el hecho de que las compañías tienen que usarlo todo hasta su máximum de duración para gastar menos, añadiéndose a todo esto el mal estado de las vías, que hay que componer lo menos posible para sacar mayores utilidades, hacen que la inseguridad sea efectiva e inminentes las catástrofes.

La ganancia que quiere el capital es, también, la causa de que el trabajado en las fábricas y talleres se haga en condiciones de insalubridad manifiesta. EL capitalista tendría que gastar dinero para que las condiciones higiénicas de los lugares de trabajo fueran buenas, y es precisamente lo que no quiere. La salud y la vida de los trabajadores no entran en los cálculos de los capitalistas. Ganar dinero, no importa cómo, es la divisa de los señores burgueses.

La miseria, por sí sola, es más horrible que la guerra, y causa más estragos que ella. El número de niños que mueren cada año es fabuloso; el número de tuberculosos que mueren cada año, es, igualmente, admirable. Esos fallecimientos se deben a la miseria, y la miseria es el producto del sistema capitalista.

¿Por qué temer a la guerra? Si se tiene que morir aplastado por la tiranía capitalista y gubernamental en tiempo de paz, ¿por qué no morir mejor combatiendo lo que nos aplasta? Es menos espantoso que se derrame sangre que conquista la libertad y el bienestar, que continúe derramándose bajo el actual sistema político y social en provecho de nuestros explotadores y tiranos.

Además, la guerra no produce tantas víctimas como la paz bajo el actual sistema. El número de personas que resultan muertas en una batalla o en un encuentro es reducidísimo en comparación con el número de hombres que han entrado en juego por ambas partes combatientes; y si fuera posible que toda una nación estuviese en revolución, si ese estado de guerra durase un año, al final de ese tiempo se vería que, por las dificultades que había tenido el capitalismo para explotar a los trabajadores por hallarse la mayor parte de éstos con las armas en la mano, el número de defunciones había decrecido, o al menos había sido igual al de los años pasados en paz. Esto ha podido comprobarse en países que han estado en revolución. Los trabajos se suspenden por el estado de guerra; los trabajadores cambian el malsano género de vida de la fábrica, del taller o de la mina, por la vida sana al aire libre, comiendo carne en abundancia, haciendo saludable ejercicio, y, sobre todo, teniendo reanimado el espíritu con la esperanza de cambiar de condición, o simplemente satisfechos de levantar el rostro y de sentirse libres enfrente de sus amos espantados.

Es mejor morir atravesado por una bala defendiendo su derecho y el bienestar de sus hermanos, que perecer aplastado, como un gusano, bajo los escombros de la mina, o triturado por la maquinaria, o en una agonía penosa y lenta en un rincón de la negra covacha.

Gritemos con todas nuestras fuerzas: ¡Viva la revolución! ¡Muera la paz capitalista!


Ricardo Flores Magón

jueves, 9 de abril de 2009

Mensaje a la oligarquía


Camilo Torres

Dirigir un mensaje a los que no quieren ni pueden oír es un deber penoso. Sin embargo, es un deber, y un deber histórico, en el momento que la oligarquía colombiana quiere llegar a hacer culminar su iniquidad en contra de la patria y en contra de los colombianos.
Durante más de 150 años la casta económica, las pocas familias que tienen casi toda la riqueza colombiana, ha usurpado el poder político en su propio provecho. Ha usado todas las artimañas y trampas para conservar ese poder engañando al pueblo.
Inventaron la división entre liberales y conservadores. Esta división, que no comprendía el pueblo, sirvió para sembrar el odio entre los mismos elementos de la clase popular. Esos odios ancestrales transmitidos de padres a hijos han servido únicamente a la oligarquía. Mientras los pobres pelean, los ricos gobiernan en su propio provecho. El pueblo no entendía la política de los ricos, pero toda la rabia que sentía por no poder comer ni poder estudiar, por sentirse enfermo, sin casa, sin tierra y sin trabajo, todo ese rencor lo descargaban los liberales pobres contra los conservadores pobres y los conservadores pobres contra los liberales pobres. Los oligarcas, los culpables de la mala situación de los pobres, miraban felices los toros desde la barrera, ganando dinero y dirigiendo el país. Lo único que dividía a los oligarcas liberales de los oligarcas conservadores era el problema de la repartición del presupuesto y de los puestos públicos. El presupuesto nacional, las rentas públicas, no alcanzaban para dejar satisfechos a los oligarcas conservadores y liberales reunidos. Por eso peleaban para llegar al poder; para saldar las cuentas electorales dándole puestos públicos a los gamonales adictos y repartirse el presupuesto excluyendo totalmente a los del otro bando político.
Cuarenta años los liberales no tuvieron puestos y después les sucedió otro tanto a los conservadores durante 16 años. Las diferencias políticas y religiosas ya habían cesado. Ya no se peleaba entre los oligarcas sino por la plata del gobierno y por los puestos públicos. Mientras tanto, el pueblo se daba cuenta de que su lucha por el partido liberal o por el partido conservador lo hundía cada vez más en la miseria. Los ricos no se daban cuenta de que el pueblo estaba harto de ellos. Cuando apareció Jorge Eliécer Gaitán enarbolando la bandera de la restauración moral de la República, lo hizo tanto en contra de la oligarquía liberal como de la conservadora. Por eso las dos oligarquías fueron antigaitanistas. La oligarquía liberal se volvió gaitanista después que la oligarquía conservadora mató a Gaitán en las calles de Bogotá.
Ya iniciada en el camino de la violencia para conservar el poder, la oligarquía no parará en el uso de esa violencia. Puso a los campesinos liberales a que se mataran con los conservadores. Cuando la agresividad, el odio y el rencor de los pobres se desbordaron en una lucha entre los necesitados de Colombia, la oligarquía se asustó y propició el golpe militar. El gobierno militar tampoco sirvió en forma suficientemente eficaz a los intereses de la oligarquía. Entonces el jefe de la oligarquía liberal, doctor Alberto Lleras Camargo, y el jefe de la oligarquía conservadora, doctor Laureano Gómez, se reunieron para hacer un examen de conciencia y se dijeron: "Por estar peleando por el reparto del presupuesto y del botín burocrático, casi perdemos el poder para la oligarquía. Dejémosnos de pelear por eso haciendo un contrato, dividiéndonos el país como quien se divide una hacienda, por mitad, entre las dos oligarquías. La paridad y la alternación nos permiten un reparto equitativo y así podemos formar un partido nuevo, el partido de la oligarquía." Así nació el Frente Nacional como el primer partido de clase, como el partido de la oligarquía colombiana.
El pueblo vuelve a ser engañado y concurre a las elecciones a votar el plebiscito, a votar por Alberto Lleras, por el Frente Nacional. El resultado, naturalmente, fue peor: ahora era la oligarquía unida la que gobernaba en contra del pueblo. Por eso todo lo que esperaban los colombianos salió al contrario. El Frente Nacional ofreció paz y los campesinos siguen siendo asesinados; se realizaron matanzas obreras de los azucareros y de Santa Bárbara, se invadieron las universidades y se aumentó el presupuesto de guerra.
El Frente Nacional dijo que remediaría la situación financiera, y duplicó la deuda externa produciendo tres devaluaciones (hasta ahora) y con ellas la miseria del pueblo colombiano por varias generaciones. El Frente Nacional dijo que haría la reforma agraria, y no hizo sino dictar una ley que garantiza los intereses de los ricos en contra de los derechos de los pobres.
Le impuso al país un candidato inepto para la presidencia de la República. El Frente Nacional logró la mayor abstención electoral de nuestra historia y ahora, ante su fracaso total, ¿qué está haciendo la oligarquía?
Vuelve a recurrir a la violencia. Declara el estado de sitio. Legisla por decreto. Vende el país a los Estados Unidos. Se reúne en un lujoso hotel y decide sobre el próximo presidente. Desde los salones resuelven sobre el país entero. Están completamente ciegos.
Como último grito de alarma quiero decirles:
Señores oligarcas, el Pueblo ya no les cree nada a ustedes. El Pueblo no quiere votar por ustedes. El Pueblo está harto y desesperado. El Pueblo no quiere ir a las elecciones que ustedes organicen. El Pueblo no quiere a Carlos ni Alberto Lleras ni a ninguno de ustedes. El Pueblo está sufriendo y resuelto a todo. El Pueblo sabe que ustedes también están resueltos a todo. Por eso les pido que sean realistas y que si quieren engañar al Pueblo con nuevas componendas políticas, no vayan a creer que el Pueblo les va a tener fe. Ustedes saben que la lucha irá hasta las últimas consecuencias. La experiencia ha sido tan amarga que el Pueblo ya está decidido a echar el todo por el todo. Desgraciadamente los oligarcas aislados, ciegos y orgullosos parecen no querer darse cuenta de que la revolución de las masas populares colombianas no parará ahora sino hasta lograr la conquista del poder para el Pueblo.

Periódico Frente Unido, año 1, número extraordinario, 9 de diciembre de 1965, Colombia .

martes, 7 de abril de 2009

La moral anarquista (fragmanto)


Pedro Kropotkin

La historia del pensamiento humano recuerda las oscilaciones del péndulo, las cuales hace ya siglos que perduran. Después de un largo período de sueño, viene el despertar; y entonces se liberta de las cadenas con las que todos los interesados -gobernantes, magistrados, clérigos- le habían cuidadosamente amarrado. Las rompe. Somete a severa crítica todo cuanto se le había enseñado; y pone al desnudo la vanidad de los prejuicios religiosos, políticos, legales y sociales en cuyo seno había vegetado. En aras de su espíritu de investigación se lanza por caminos desconocidos, enriquece nuestro saber con descubrimientos imprevistos: crea nuevas ciencias.
Pero el enemigo inveterado del pensamiento -el gobernante, el curial, el religioso- se rehace enseguida de la derrota. Reúne poco a poco sus diseminadas fuerzas, modifica su fe y sus códigos, adaptándolos a nuevas necesidades; y, valiéndose de ese servilismo de carácter y de pensamiento que él ha tenido buen cuidado en cultivar, aprovecha la desorganización momentánea de la sociedad, explotando la necesidad de reposo de éstos, la sed de riquezas de aquellos, los desengaños de los otros -sobre todo los desengaños-, comienzan de nuevo y con calma su obra, apoderándose desde luego de la infancia, por la educación.

Durante estos períodos de adormecimiento, raramente se discurre sobre cuestiones de moral. Las prácticas religiosas, la hipocresía judicial, les entretiene. No discuten; se dejan llevar por la costumbre, por la indiferencia. No se apasionan en pro ni en contra de la moral establecida; hacen lo que pueden para acomodar exteriormente sus actos a lo que dicen profesar; y el nivel moral de la sociedad desciende cada vez más. Se llega a la moral de los romanos de la decadencia, del antiguo régimen, del fin del régimen burgués.

La juventud se emancipa poco a poco, arroja los prejuicios por la borda, la crítica vuelve. El pensamiento despierta desde luego en algunos; pero insensiblemente el despertar gana la mayoría; dado el impulso, la revolución surge.
Y a cada momento la cuestión de la moral se pone sobre el tapete. ¿Por qué seguiré yo los principios de esta moral hipócrita? -se pregunta el cerebro emancipado del terror religioso-. ¿Por qué determinada moral ha de ser obligatoria?
Uno intenta entonces darse cuenta de ese sentimiento que le asalta a cada paso sin habérselo todavía explicado; y no lo entenderá en tanto lo crea un privilegio de la naturaleza humana, en tanto no descienda hasta los animales, las plantas, las razas, para comprenderle, Sin embargo, procura explicárselo según la ciencia del día.
Y -¿es preciso decirlo?- cuanto más se minan las bases de la moral establecida, o mejor, de la hipocresía que la sostiene, más el nivel moral se eleva en la sociedad. Sobre todo en esta época, precisamente cuando se la critica y se la niega, el sentimiento moral hace más rápidos progresos; crece, se eleva, se purifica.

lunes, 22 de diciembre de 2008

Viaje al corazón del alto Sinú

Los reparos a un megaproyecto hidroeléctrico

Por: Alfredo Molano

Tomado de El Espectador.

La carretera entre Medellín y Montería es un mirador privilegiado de metáforas vivas. En la salida misma de la que se llamó la “tacita de plata”, agobian las comunas, debatiéndose entre la pobreza y el delito; más adelante, en zona fría, La Montaña —Don Matías y Santa Rosa— que huele a seminario y a leche. En el lomo de la cordillera, Valdivia, con sus casas encaramadas sobre el precipicio, y bajando hacia el río Cauca, sobre las cunetas de una carretera siempre en construcción, 232 ranchos, unos hechos con orillos de madera, llamados chilapos; otros, con cartón encerado, y los más, con plástico negro. Son las viviendas de campesinos expulsados de sus tierras hace 20 años que no acaban de llegar.

Más abajo, el río Cauca, impetuoso, envenenado con detergentes y matamalezas y, a sus orillas, las haciendas de los terratenientes paisas, mitad honrados, mitad mafiosos: ganado fino que reina en las vegas y en algunas donde hay humedales, hatos de búfalos. El búfalo, más depredador que la vaca, vive de la hierba de pantanos y con sus pezuñas y su peso aprieta la tierra y facilita la desecación. Es una máquina de hacer desierto, por lo que lo usan sus dueños para ganarles tierra a las ciénagas.

Por naturaleza, los terratenientes son expansionistas: les compran —o les compran— a los vecinos, desecan espejos de agua —que no les pertenecen— y corren las cercas hasta las bermas mismas de las carreteras, con el argumento de impedir invasiones. Es el paisaje económico entre Tarazá —tierra de Cuco Vanoy—, Caucasia —haciendas de Macaco— y Montería —tierras ubérrimas—. En el fondo es la historia expansiva y depredadora de la gran ganadería que ha imperado en Córdoba desde mediados del siglo XIX y que explica buena parte de la violencia que vive la región desde el asesinato de Gaitán. Pero es, además, el principio en que se funda la decisión del gobierno de Uribe de construir el embalse Urrá II, alias, “Proyecto río Sinú”. Las hidroeléctricas de Córdoba no son un asunto de energía y ni siquiera de aguas. Son un problema de tierras.

El río Sinú nace en el Paramillo, páramo excepcional que recoge las aguas de los ríos Tigre, Manso y Esmeralda; lo estrecha la loma de Quimar —donde se construyó Urrá I— y luego se riega por las sabanas, alimenta las ciénagas y desemboca en Tinajones. Su hermano gemelo, el San Jorge, hace el mismo oficio, pero bota sus aguas al Cauca, en la depresión momposina. Todas son tierras riquísimas para los ganaderos por la fertilidad del suelo, y riquísimas también para los campesinos que cultivan maíz, yuca, malanga y que son, a su vez, pescadores.

En el fondo, estas modalidades de aprovechamiento de la riqueza criada por los ríos son la causa de un conflicto social que desde la importación del pasto pará, a fines del siglo XIX, no cesa. Los ganaderos buscan, por cualquier medio, desecar las ciénagas para ampliar sus haciendas, y los campesinos —trabajadores anfibios, herederos de los zenúes— resisten porque de ellas proviene su comida. Desde los años 50 del siglo pasado, políticos, empresarios y hacendados sueñan con planes que regulen las aguas. Los distritos de riego construidos por el Incora en los años 60 y los proyectos Urrá I y Urrá II obedecen a ese propósito y han desencadenado enfrentamientos sociales que desembocan en la guerra entre paramilitares y guerrillas.

La última guerra civil (1899-1902) movilizó los ejércitos conservadores antioqueños hacia el Sinú para cerrar el paso de los liberales atrincherados en Panamá. Los antioqueños descubrieron así unas tierras ocupadas por bosques ricos en maderas finas —que terminaron siendo explotadas por compañías extranjeras— y por una población indígena desplazada por negros cimarrones o libertos, desplazados a su turno por mestizos —o chilapos—, todos pescadores y todos agricultores y todos ocupando territorios definidos. Los hacendados, todos blancos y ricos, llegaron de Bolívar, de Antioquia y de Magdalena.

En los años 30, cuando López sacó adelante la función social de la propiedad, los terratenientes ocupaban tierras baldías con sus ganados para hacer actos de posesión sobre ellas, y los campesinos invadían tierras baldías o no con el mismo propósito. Los hacendados eran también militares y políticos, como el coronel Francisco Burgos y el general Pedro Nel Ospina, símbolos de un terratenientismo desaforado; y de otro lado, los campesinos eran sindicalistas organizados por Vicente Adamo, un anarquista italiano, o por Juana Julia Guzmán, una “mulata briosita”.

La ocupación de tierras y ciénagas se acentuó durante la Violencia de los 50. Julio Guerra se levantó en el alto San Jorge contra la persecución de los chulavitas y controló hasta los años 60 la región del Paramillo, donde a fines de la década nació el Epl. En las sabanas, los campesinos afianzaban sus posesiones con Baluartes y Colonias Campesinas, mientras el gobierno valorizaba las tierras con la construcción de carreteras —de Turbo a Valencia, de Arboletes a Montería, de Turbo a Pueblo Bello—. Justo por la alta rentabilidad de la tierra, el Frente Nacional impulsó tres grandes proyectos de reforma agraria y de riego en Córdoba, auspiciados por la Alianza para el Progreso.

No obstante, la redistribución de la propiedad fue mínima. Entre 1968 y 1975 se adjudicaron 4.203 hectáreas a 300 familias, pero se desecaron más de 10.000 hectáreas de ciénagas y humedales, que caerían tarde o temprano en manos del latifundio. No le faltó fundamento a Apolinar Díaz Callejas, ministro de Agricultura de Lleras Restrepo, cuando concluyó que el Incora “protegió el latifundio ganadero al institucionalizar la ganadería extensiva como ‘adecuada’ forma de explotación de la tierra”. El mismo Lleras fue consciente de la tendencia y trató de impedirla al organizar la ANUC, que en Córdoba llegó a tener más de 30.000 campesinos y pescadores asociados.

A comienzos de los 70, en los estertores de la tentativa reformista, hubo más de 700 invasiones a predios privados en la región. El movimiento campesino fue controlado, dividiendo a la ANUC y reprimiendo militarmente las ocupaciones de tierra. Los campesinos fueron empujados hacia la frontera agrícola, que en esos años se amplió en 660.000 hectáreas. Poco a poco, y no sin violencia, esta ampliación fue apropiada por los terratenientes. Más aún, la gran mayoría de las tierras entregadas por el Incora a campesinos en los distritos de riego de Ciénaga de Oro y La Doctrina pertenece hoy a ubérrimas haciendas.

El presidente Uribe, entre otros grandes propietarios, tiene una de sus haciendas en Ciénaga de Oro. No obstante, los ríos seguían reclamando sus cauces y las ciénagas sus orillas, sobre todo en las zonas bajas del Sinú y del San Jorge. Fue uno de los argumentos para construir Urrá I y Urrá II. El otro, claro está —más costeño que cordobés—, fue la producción de energía eléctrica en momentos en que el país entero vivía el apagón en 1990. Miles de millones de dólares se pagaron en estudios y diseños y, por fin, en 2000, entró en servicio Urrá I con 340 MW de potencia —el 2% de la energía eléctrica del país— y un embalse que inundó 7.400 hectáreas y costó 800 millones de dólares financiados por la banca mundial.

Para ese momento el excedente en el sistema eléctrico interconectado nacional era del 35%. Según Corelca, el aporte de Urrá I habría podido ser asumido sin los costos sociales por las hidroeléctricas de La Miel, el Guavio, Chivor. La obra generó varios conflictos y acentuó otros. El más conocido fue la movilización del pueblo embera-katío contra el proyecto. Los cabildos consideraron que la obra en su conjunto invadía su territorio —los resguardos de Río Verde, Esmeralda y Beguidó—, afectaba su economía, aceleraba la colonización campesina y amenazaba su cultura. En varias oportunidades paralizaron los trabajos de construcción, se tomaron oficinas de la empresa y organizaron una marcha a Bogotá. El asesinato de Kimi Pernía simboliza esa lucha.

La obra había sido construida sin consulta previa con las comunidades indígenas, como la ley obliga. Interpuesta una tutela, la Corte Constitucional (sentencia T 652/98) falló a favor de los nativos y ordenó la suspensión inmediata de los trabajos —tres días antes de ser inaugurada por el presidente Samper— y el pago de una indemnización “al menos en cuantía que garantice la supervivencia física del pueblo embera-katío, mientras elabora los cambios culturales, sociales y económicos a los que ya no puede escapar y por los que los dueños del proyecto y el Estado, en abierta violación de la Constitución y la ley vigentes, le negaron la oportunidad de optar”. Como evidencia del daño, se registró el desplazamiento de 6.000 pobladores de cuatro asentamientos indígenas nucleados y 17 dispersos, para llenar el embalse.

Los indígenas no fueron los únicos afectados. En el vaso del embalse había 500 familias campesinas censadas, que fueron desplazadas. La construcción de vías de la obra, la demanda de obreros y la pobreza campesina aceleraron la colonización de la región y, con ella, el cultivo de coca y amapola, el enfrentamiento entre colonos e indígenas y el enardecimiento de la guerra entre las guerrillas y los recién creados grupos paramilitares en el alto Sinú.

Aguas abajo de la hidroeléctrica, las consecuencias no han sido menos dañinas. Al interrumpir la subienda, necesaria para el desove, la mayoría de las especies ha mermado su tamaño y algunas han desaparecido o están siendo amenazadas de extinción. Los pescadores organizados en Aprosic han protestado con frecuencia y con vehemencia no sólo porque su nivel de ingresos ha disminuido, sino porque la alimentación de la región se ha visto comprometida. El cambio de niveles del río acelera la erosión de sus orillas y aumenta la sedimentación del cauce. La ciénaga de Lorica se conmata a pasos gigantescos; los desbordamientos son cada vez más peligrosos y frecuentes.

Los grandes propietarios han dado en construir temerarias soluciones para evitar que el agua anegue sus tierras. El caso de Betancí es célebre: Mancuso mandó tapar el caño que comunica la ciénaga con el río sin autorización. La iniciativa ha sido seguida por numerosos propietarios. La desecación de espejos de agua se ha generalizado al punto de que la Corte Constitucional aceptó una tutela que ordena “adelantar las acciones administrativas para recuperar el dominio público sobre las áreas de terreno de los cuerpos de agua que fueron desecados y apropiados por particulares” (T-194/99). La invasión y la defensa de humedales y ciénagas, rondas de quebradas y ríos son, en realidad, una forma del histórico problema agrario del país.

Poniendo entre paréntesis los efectos anotados, cabría preguntar si Urrá I ha cumplido los propósitos que le fueron asignados por el Gobierno y por los gremios regionales. El balance es negativo. Urrá I se ha dedicado a la generación de energía en desmedro de la regulación de las aguas del río Sinú. Desde el punto de vista ambiental, el embalse no ha logrado impedir las inundaciones aguas abajo de la presa. La más grande fue a mediados del año pasado, cuando subió dos metros arriba de la altura máxima de desbordamiento e inundó las llanuras de Cereté y Pelaya y aun el centro de Montería. “El río se emborracha —dicen los indígenas— y sale a buscar cambambas por pueblos, barrancas y potreros”. No obstante, según el Gobierno “en 110 ocasiones (la obra) ha logrado soportar grandes crecientes que hubiesen repetido históricas inundaciones”.

Urrá I tampoco ha servido como fuente de ingresos para la Nación. En palabras del ingeniero Rafael Melo, que dirigió el Plan Energético de Corelca en Barranquilla: “Urrá I nunca ha dado utilidades y nunca se debió construir porque nunca se necesitó”. Así lo confirma el informe Conpes del 19 de mayo de 2008: Urrá I ha generado sólo pérdidas en los estados financieros reportados, tanto que el Gobierno se vio en la necesidad de tercerizar el complejo, es decir, entregarle la empresa a un tercero para que la administrara. Según una destacada abogada de Córdoba, Urrá I “no es rentable. Es una carga para el Estado; en ocho años de operación no sólo no ha dado utilidades, sino que el déficit acumulado a 2007 es de $824.000 millones”.

A raíz del incumplimiento sistemático de los arreglos que indígenas y Gobierno habían firmado desde 1994, que contemplaban, como se anotó, el pago de indemnizaciones millonarias y la construcción de obras de infraestructura complementarias, los cabildos se movilizaron a Montería y a Bogotá en 2005. El resultado fue un nuevo acuerdo en el que el Gobierno, al no encontrar “necesario, conveniente ni factible el proyecto de Urrá II, se abstendrá de promover, autorizar y construir dicho proyecto”. El convenio fue suscrito por Sabas Pretelt.

Dos años después, en julio del 2007, el río Sinú se desbordó y el Gobierno estuvo a punto de declarar la emergencia económica. La empresa aprobó como paliativo parcial elevar en dos metros la cresta de Urrá I. La obra, ya contratada, cuesta 4,2 millones de dólares y aumentará la capacidad de almacenamiento de agua de 1.740 millones a 1.884 millones de metros cúbicos. Pero hasta el momento no se conocen estudios de impacto ambiental sobre la ampliación del embalse.

En septiembre del mismo año, el Presidente anunció en Maicao que el Gobierno construiría Urrá II. El Ministro de Minas pasó al bate. En Montería volvió a las andadas y anunció la constitución del Proyecto río Sinú, cuyo fin sería “el control definitivo de las inundaciones en las partes baja y media de la cuenca”. Al mismo tiempo solicitó al Minambiente renunciar a emprender estudios de alternativa. Hablando duro, sentenció: “Y no me vengan con pamplinas ambientales”. Urrá II sería un embalse cinco veces más grande que Urrá I: inundaría 53.000 hectáreas, costaría 2.000 millones de dólares y generaría 420 MW. La hidroeléctrica entraría a funcionar en 2017, cuando ya se hayan entregado otras represas como Fonce III, Pescadero, La Miel II, Besotes, Chimbo, que en conjunto significarán un excedente del 25% de energía, y elevaría esta cifra al 27%.

En círculos de expertos se opina que la nueva central tiene dos fundamentos reales. De un lado, beneficiar a los grandes propietarios de tierra de la cuenca entre Tierralta y Tasajeros. No son muchos por ser muy grandes. La CVS guarda en secreto un listado completo de grandes beneficiarios, muchos conocidos parlamentarios y no pocos testaferros de los paramilitares. La regularización del nivel de las aguas del río, quebradas, ciénagas y humedales, les daría la posibilidad de ampliar sus haciendas sobre las zonas recuperadas a las aguas y sembrar cultivos de alto rendimiento como la palma aceitera, la acacia magium y la caña de azúcar.

Son los planes y no son secretos. Una aspiración que responde a la tradición de ampliar sus predios sobre tierras desecadas y de expulsar los campesinos que aún hoy viven de la pesca y la pequeña agricultura. La expansión terrateniente beneficiada por la acción criminal de los “paras” se fortalecerá con la nueva hidroeléctrica. Se dice que Mancuso posee grandes propiedades en la zona. Conocedores de la región vinculan el desplazamiento al proyecto río Sinú. De ser así, los grandes propietarios, armados de sus influencias políticas, harían invertir al resto de colombianos en un proyecto cuyos principales beneficiarios serían ellos mismos.

Tierralta y todo el medio Sinú ha sido el territorio paramilitar por excelencia. El Diamante, sede del comando de las AUC, y Santa Fe de Ralito, sede de los acuerdos para refundar la patria y posteriormente zona de despeje para la desmovilización, no son más que los nombres de dos pequeñas poblaciones alrededor de las cuales jefes como Don Berna y Mancuso tienen extensas propiedades. Muchos de los financiadores de las masacres de los “paras” tienen también allí sus propiedades. Recuérdese El Tomate, Mejor Esquina, Valencia, Las Tangas, sitios donde se cometieron repugnantes masacres y que son a la vez enormes latifundios.

A mediados de los 80 fueron fundadas las Autodefensas de Córdoba y Urabá. Carlos Castaño en Mi confesión recuerda así el hecho: “Necesitábamos un eje para que nuestra autodefensa pudiera expandirse. Sacamos un mapa y definimos una nueva zona donde nacer, el alto Sinú. Pusimos la punta del lápiz en las tierras alrededor del río, allí existía guerrilla hasta llegar a Montería. Pero estar cerca de la capital de Córdoba conllevaba sus ventajas. Nos ofrecía extensiones de tierra abandonadas, a buenos precios y, sobre todo, fértiles”.

Ahora bien, desde el punto de vista del negocio eléctrico, no se descarta que Urrá I sea vendida a empresas privadas para invertir en la financiación de la transversal de la Costa que romperá el Tapón del Darién y comunicará Montería y Medellín con Panamá. Sería una opción complementaria a la venta de electricidad producida por Urrá II al sistema eléctrico de Puebla-Panamá, que se adelanta en América Central y que Uribe quiere extender hasta Putumayo.

La inundación de 53.000 hectáreas en el alto Sinú tiene tres grandes consecuencias: primero, afectar la mayor parte de los resguardos indígenas del alto Sinú, ya golpeados por Urrá I. Los indígenas han dicho que no quieren y no permitirán más hidroeléctricas allí. Es previsible que las movilizaciones de los embera-katío vuelvan a ponerse en marcha. En segundo lugar, el nuevo embalse inundaría gran parte del actual Parque Nacional de Paramillo, considerado una de las pocas protecciones que hay de un sistema ecológico excepcional por su situación entre los Andes y los dos océanos: desaparecería casi en su totalidad el bioma de selva húmeda del bosque ribereño y de las llanuras aluviales de los ríos Sinú, Manso y Tigre, y la Ciénaga del Barrial, reconocida por su gran valor faunístico y florístico y declarada una de las áreas intangibles del Parque Nacional.

En un consejo comunal en Montería, el Presidente dijo que Urrá II no afectaría el Parque porque no había nada que conservar, y que todo había sido destruido por las guerrillas y por los narcotraficantes. Y añadió Carlos Buelvas, presidente de la Sociedad de Ingenieros de Córdoba, una de las entidades a beneficiar: Urrá II “desalojaría grupos delincuenciales que desde hace dos décadas vienen deforestando el Parque Natural Nacional Paramillo”. En el plano jurídico, se contradicen dos normas, aquella que postula que los parques naturales son inembargables, inalienables e imprescriptibles, y uno de los artículos de la ley que creó en 1977 el parque y que, aceptado lo anterior, exceptúa del cambio de vocación del suelo la inundación para construir represas.

En tercer lugar —y es un efecto muy grave—: dado que al inundar gran parte de los ríos de la cuenca alta del Sinú, el embalse requerirá aguas adicionales, sería necesario el trasvase del río San Jorge hacia el embalse, como había previsto el proyecto anterior. Los efectos ambientales son notables y han sido denunciados: la mezcla de aguas de diferentes cuencas que suponen composiciones y calidades diferentes afectaría la vida en la hoya del Sinú. Y los efectos sobre el San Jorge no serían menores: al mermar sus aguas, afectaría la pesca y la alimentación de la población ribereña. Peor, aceleraría la desecación de todos los espejos de agua —vasos comunicantes— de la depresión momposina, función que aplauden los terratenientes. Las ciénagas de Ayapel, La Florida, La Cruz, Machado y Punta Blanca se sumarían a la desaparición paulatina de las ciénagas del Sinú: Betancí, Martinica, Grande de Momil.

No es fácil entender para los colombianos que no tenemos intereses electorales en la Costa, ni haciendas en las cuencas del Sinú y San Jorge, ni empresas constructoras de represas, las razones que han llevado al Gobierno a desconocer los acuerdos firmados con las comunidades indígenas. Un Estado responsable no puede echar por la borda su palabra. Tampoco es justificable que se desconozca la legislación vigente sobre parques nacionales y resguardos indígenas y se proponga, a cambio de las tierras, inundar ilegalmente un globo de 50.000 hectáreas en otra región, como forma de compensación.

Los grandes beneficiados por las obras de Urrá II son una minoría en comparación con el daño sufrido por la mayoría de ribereños que verán disminuidos sus recursos alimenticios, y expropiadas sus tierras a cambio de unas vagas promesas de empleo en el proyecto o en las empresas beneficiadas. Se sacrificaría uno de los pocos refugios de fauna y flora de la región a favor de intereses particulares. El conjunto de efectos llevaría a exacerbar los enfrentamientos étnicos, sociales y políticos que generó Urrá I y que su funcionamiento no pudo resolver. Quizás haya interés en sectores guerreristas de mantener atizado el fuego. O quizá sea un mero regalo de Uribe a los propietarios que han sido fieles a su causa política, que no son muy distintos a quienes son hoy acusados de parapolítica o de colaboración con el paramilitarismo.

jueves, 4 de diciembre de 2008

Rey contra peones

Harto tiene de inteligente el comentado silencio del presidente Uribe respecto a la reforma electoral para la elección directa. No podía ser de otra forma, en un país polarizado donde tanto se critica la permanencia en el poder, como el caso de Chávez, el mentado demonio de izquierda, resultaría en verdad contradictorio que Uribe manifestara directamente su intensión de permanecer en el palacio de Nariño, pues sería como ponerse en el lugar de sus enemigos políticos y arriesgarse a la crítica inteligente de la oposición.

Resulta apenas predecible que en las circunstancias actuales, donde el gobierno ha ocupado más tiempo en batear los tantos reveses que le ha mandado la oposición, el presidente, hábil ajedrecista como es, prefiriera esperar a que sus subordinados, mediante tácticas democráticas como el referéndum, levantaran la voz del pueblo que lo aclama, para poder salir diciendo al mundo que su tercer mandato es resultado del pedido del pueblo colombiano más que su propia aspiración política.

Sin embargo, este silencio condenó la reforma electoral al fracaso, porque los colombianos son fervientes seguidores de Uribe, pero no son tan ciegos con el uribismo, es decir, con quienes hacen el trabajo sucio desde el partido que el señor comanda. Aún así, es de admirar la capacidad estratégica del gobernante; porque un buen ajedrecista se adelanta dos o tres jugadas, que sería lo mismo que decir dos o tres periodos. Es de esperarse que después de ocho años en el poder los favores políticos y las alianzas trazadas desde la silla presidencial le den a Uribe la posibilidad, o mejor, la posición para continuar ejerciendo el poder desde la silla de su casa. De logar, como parece apuntar, posicionar un candidato para el 2010, sin duda el manejo de las fichas seguirá corriendo a su cargo, más cuando es evidente que después de dos periodos más de la mitad de los poderes del estado son hombres asignados directamente por el dedo rector, mientras deja descansar al pueblo o lo prepara para su triunfal regreso. Dejar un periodo de por medio le permitirá, desde luego, retornar victorioso y mantener a raya la posibilidad de que se le acuse de dictador, pero no lo mantendrá de ninguna manera fuera del juego.

Aún así, parece no tomar en cuenta que no es el único con fichas sobre el tablero. Habrá que ver, con la calma que sólo la historia permite, cuales son los factores que entrarán a jugar durante ese periodo intermedio; y si la oposición logra integrar las fuerzas que aparecen desde las bases de la pirámide social. No es para nada gratuito que mientras el Estado se empeña en hacer alarde de los constantes descalabros a las Farc-ep, los ocho años de gobierno han obligado, aún con lo peligroso que resulta, una ola de manifestaciones y levantamientos sociales, como el caso de los cañeros, la minga, los estudiantes, e incluso el mismo sistema judicial, que han demostrado inteligencia y preparación política. En este punto habría que detenerse y poner atención a las constantes acusaciones de parte del Ejecutivo que se empeña en desvirtuar cualquier clase de oposición acusándola de aliado del enemigo público número uno de Colombia, las Farc. No queremos entrar en detalles sobre lo improcedente y angustiante que resulta ese ejercicio de gobierno de acusar a cualquier tipo de librepensamiento u oposición pública de terrorista. En cambio resulta procedente preguntarse qué tan real es la cantada victoria sobre los grupos armados. Recordemos que el continente entero tiene una notable tendencia de izquierda, y que además las decenas de años de trabajo de los grupos armados no son vanos en este juego de poderes. Valdría la pena preguntarse qué tanto tiene de verdad esa acusación, que ya parece un chiste, y reconocer que las fuerzas de oposición, ya sean armadas o políticas, en su movimiento de fichas, tendrían que tener alguna participación en la preparación y organización de estos fuertes que se han ido levantando pausadamente y con buena voz para ejercer su derecho a la crítica, e incluso se juegan la vida en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, a sabiendas de que el estado al que se oponen suele resolver los conflictos sociales con balazos, y atrapar a la opinión pública con mártires de las fuerzas armadas, que aún cuando sean pocos en número en comparación con los civiles caídos en las batallas, con la ayuda de los medios de comunicación le roban una que otra lagrimita al electorado, que el día de las velitas no dudará en prender alguna por los pobres prestadores de servicios de seguridad. Estos movimientos, que sufren diariamente de torturas y amenazas, el último año se han llenado de valor para salir a las calles. Aquí es donde tiembla el tablero, siguiendo con la figura del ajedrez, y empiezan a aparecer fichas que la U parece no atender del todo, porque bien les ha resultado la táctica de desaparecer metódicamente sindicalistas y líderes campesinos. La participación del campesinado y las comunidades indígenas, así como de los estudiantes y de los sectores socio políticos que no han quitado el dedo del renglón en la denuncia de la participación paramilitar del estado, necesariamente ejerce un poder sobre las clases afectadas por la guerra que alimenta las arcas gubernamentales. Recordemos que ese tan renombrado apoyo al presidente Uribe, que llegó en su punto más álgido a cifras porcentuales de 80 puntos, nunca tuvo en cuenta la falta de participación en las urnas de las clases menos favorecidas; es decir, ese altísimo porcentaje de colombianos no era más que los votantes desentendidos, clase media para arriba de habitantes de las grandes ciudades del país; ¿y el resto qué? Pues los demás, que resultan superar en número a quienes deciden en este país, estaban escondidos en la montaña, o son “migrantes”, o “terratenientes” que bajo el miedo del cañón nunca participan de las encuestas públicas porque no hacen parte del censo poblacional. Y cómo harían parte si ni casa tienen donde puedan ir a tocarle los censores. Pero las cosas han cambiado y los votantes que nunca existieron en estos conteos ahora aparecen en serio, con propuestas políticas claras, con organización, con discurso, y con la fiereza de quienes arriesgan su cabeza, ahora ya agotados por la situación social, para hacer uso de la tan malograda democracia para manifestar su descontento. No debemos extrañarnos de que los próximos comicios electorales, aún bajo la sombra del estado del terror, y a pesar de las consabidas y demandadas facturas de fraude que no pasaron a mayores en el periodo anterior, en esta ocasión, y sin Uribe en las listas, saldrá a ocupar su lugar social para manifestar lo que parece apenas evidente, que el pueblo ya no es capaz de soportar un tercer mandato.

No lo sé a ciencia cierta, pero sin duda el 2010 dará un giro a lo que ha venido sucediendo, basta dar una mirada relativamente crítica a lo que sucede en el país para darnos cuenta que, salvo la clase atorada en el espejismo de la derecha, el mundo está dando un giro importante para ajustar, al menos un poco, el desorden de los sistemas políticos que la derecha ha impuesto, y se va desmembrando la máscara de la gran mentira, se cae la economía falaz en la que está montada está trampa y con ella la evidente retórica de la guerra y el desamparo.

JuanP

Palma aceitera

A alias macaco se le incautaron empresas fachada, entre ellas varias de palma de cera.
Por ejemplo, para el 2001 se movilizaron 7.439.469.000 USD en el comercio munndial de los aceites de palma (fuente: FAO).
La palma también llamada aceitera se siembra en zonas de trópico húmedo, con temperaturas promedio de más de 27 grados, con entre 2.000 y 3.000 milímetros de precipitación, en zonas con buena luminosidad y terrenos planos, entre otras características.
En Colombia esas características las reúnen algunas zonas del Pacífico y del occidente, en el centro-este y en los Llanos Orientales, una extensión de sabanas de unos 17 millones de hectáreas, fronterizas con Venezuela y Brasil, utilizadas hoy para la ganadería, principalmente. Allí también se adelantan proyectos de biocombustibles a partir de la yuca.
ONG internacionales en Colombia han documentado 113 asesinatos en la cuenca fluvial de Curvaradó y Jiguamiandó, en la región del Chocó, a manos de paramilitares que trabajan con compañías palmicultoras para que éstas se adjudiquen tierras que legalmente pertenecen a comunidades afro colombianas. Las organizaciones siguientes han documentado y condenado estos abusos de los derechos humanos: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Fundación Manuel Cepeda, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (todas ellas de Colombia), Christian Aid (UK), CCFD (Francia), Ecologistas en Acción (España), WOLA (USA), US-Office on Colombia, Centro E. Balducci (Italia), Comunidad Mapuche Juan Paillalef (Chile), Presbyterian Peace Fellowship, Presbyterian Church, Franciscan Province of the Sacred Heart , Witness for Peace, Lutheran World Relief (todas de USA), SICSAL (Internacional), Movimiento Sem Terra (Brasil), Madres de la Plaza de Mayo-Línea Fundadora (Argentina), H.I.J.O.S.-Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Argentina), PSACS (Canadá), Movimiento Mundial por los Bosques (Uruguay), Comisión Ética contra la Tortura (Chile), Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (España), Red CAPICUA (España).
El 93 por ciento de las plantaciones de palma en el área están situadas en tierras de las que las comunidades poseen títulos colectivos.
Con más de 300.000 hectáreas, Colombia es el cuarto productor mundial de aceite de palma. El gobierno pretende expandir esas plantaciones a un millón de hectáreas en los próximos cuatro años. De acuerdo a las ONG colombianas Grupo Semillas, ILSA y ACVC, la cifra podría acercarse a los 2 millones; esta propuesta es impulsada directamente desde la presidencia de la República bajo el manto de la producción de energías alternativas; desde allí se alimentan y promueven proyectos de plantación en zonas de propiedad comunitaria, y se liberan servicios concesionados a empresas como Urapalma SA, que pertenece a familiares y amigos de los Castaño Gil, y que adelanta acciones directas con el gobierno en turno para ampliar las zonas de cultivo.

miércoles, 12 de noviembre de 2008

Jefe paramilitar revela que Uribe ordenó la masacre

Francisco Enrique Villalba, ex jefe paramilitar en Antioquia,aseguró ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara que fue el Presidente de la República quien ordenó la masacre de ‘El Aro' en el año 1997.
"La orden se dio por ocho secuestrados que había (...) él nos explicó sobre el secuestrado de Mario, el primo de Uribe (...) el Presidente mismo me dio en su momento la orden personalmente en el año 97 de cometer esa masacre", aseguró el ahora detenido jefe de las AUC.

Pero también Villalba Hernández afirmó que el Presidente lo condecoró, sin entregar detalles de cómo se había dado tal distinción.

Este miércoles el recluso se hizo presente en la Comisión de Acusaciones para declarar en el proceso que lleva esta célula legislativa por la concida masacre.

Francisco Enrique Villalba Hernández, es el único detenido por ese episodio de violencia, donde él mismo confiesa haber sido el jefe de un grupo de asalto de 22 hombres que perpetró la masacre de El Aro y después la de La Balsita.

Primero compareció el 15 de febrero y sostuvo que se entregó ante el CTI en febrero de 1998 porque se enteró de que venían los magnicidios de Eduardo Umaña, Jesús María Valle y Jaime Garzón.

Luego aseguró que Santiago Uribe era conocido de la organización porque respaldaba un bloque de las autodefensas en Santa Rosa de Osos en momentos en que su hermano era gobernador de Antioquia. Acusó al general Manosalva, al general Carlos Alberto Ospina y al comandante de la Policía Rosso José Serrano. En su declaración aportó detalles sobre el supuesto plan para asesinar a Jesús María Valle.

Después volvió el 15 de mayo para ampliar su declaración y dio detalles sobre la masacre de El Aro, hablando de supuestas reuniones entre Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y los hermanos Uribe.

La última vez lo hizo el pasado 12 de junio y sostuvo que, de las reuniones ante las autodefensas, los funcionarios del gobierno, los militares y los policías, existen grabaciones y fotografías. Particularmente frente a la reunión para planear varios magnicidios, Villalba sostiene que se hizo en la vereda Las Cruces, dos kilómetros antes de llegar a San José de la Montaña, en una finca llamada La Marranera.

Francisco Enrique Villalba Hernández está condenado a 33 años y cuatro meses de prisión por la masacre de El Aro y a 37 por la masacre de La Balsita.

Lleva diez años preso y sus testimonios han pasado de los señalamientos a las retractaciones y viceversa. Su triple declaración de los últimos meses circula de mano en mano, ha pasado por todos los medios de comunicación y la manejan los abogados que defienden a los procesados de la parapolítica.