Resistencia y autonomía de los pueblos indígenas frente a políticas estatales

A finales de la década del setenta Manuel Trino Morales, fundador de la ONIC, acusó al Estado Colombiano ante el Tribunal Russell, por las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas, victimas de la violencia institucional, bajo un instrumento denominado en ese entonces, Estatuto de Seguridad. En esta oportunidad el Tribunal Russell condenó al Estado Colombiano por torturar, desaparecer, perseguir, detener de manera arbitraria y realizar ejecuciones extrajudiciales contra miembros de nuestros pueblos indígenas.

Debemos recordar que para esta época estaba germinado el proceso de lucha de los pueblos indígenas de Colombia con la conformación de organizaciones regionales que reivindicaban nuestros derechos colectivos fundamentales a la tierra, la cultura y la autonomía. Así mismo, no podemos ignorar que la respuesta del Estado a nuestro proceso organizativo fue la satanización y criminalización de nuestra resistencia pacifica y en derecho. En los años setenta en todos los escenarios institucionales del Estado, los indígenas que reclamábamos la protección y restitución de nuestros derechos colectivos y especiales, sin importar nuestros argumentos jurídicos, éramos subversivos o teníamos nexos con la guerrilla.

Mientras los indígenas apoyados en la normatividad vigente reclamábamos nuestros derechos y luchábamos por abolir instituciones esclavistas como el terraje, el Estado colombiano respondía a nuestras demandas con violencia y muerte. Estos abusos del Estado hacia nuestros pueblos y sus expresiones organizativas, nos enseñaron que solamente unidos podíamos superar la represión oficial y proteger nuestros derechos. En este contexto va tomando forma el movimiento indígena nacional y la comunidad internacional conoce que en Colombia los pueblos indígenas que defienden, recuperan y exigen sus derechos son tratados como delincuentes y subversivos. La ONIC, surge en el año de 1982, como nuestra respuesta organizada para enfrentar los atropellos, la decidía y falta de voluntad política del Estado para proteger y garantizar nuestros derechos.

Hoy treinta años después y en el marco de una política de Estado denominada Seguridad Democrática, nos reunimos para demostrar la responsabilidad que le cabe al Estado, las compañías multinacionales y los particulares en el exterminio, etnocidio y descomposición de nuestros pueblos, victimas de la implementación de megaproyectos, grandes obras de infraestructura y expropiación de sus territorios y recursos naturales, de biodiversidad y genéticos.

Parece una paradoja, pero ayer como hoy somos victimas de las políticas de seguridad del Estado y lo somos porque cuando se trata de expropiarnos, negar o ignorar nuestros derechos el Estado recurre al argumento de la seguridad para despojarnos de nuestros patrimonios colectivos y restarle legitimidad a nuestras reivindicaciones. Por lo mismo el actual Gobierno Nacional califica a nuestras autoridades como delincuentes y ofrece recompensas económicas por ellas cuando estas en su pleno derecho actúan para proteger o defender y restituir nuestros derechos territoriales. A diario los funcionarios del Gobierno Nacional señalan a nuestras autoridades y lideres indígenas como subversivos, por el hecho que nos oponemos a una represa hidroeléctrica, al establecimiento de cultivos extensivos destinados a la producción de agro combustibles, a las exploraciones y explotaciones petroleras o la explotación de minas en nuestros territorios de ancestrales y de resguardo.

Para el Estado colombiano la seguridad democrática significa presencia militar para el control territorial y garantías jurídica para la inversión extranjera. Para los pueblos indígenas Seguridad Democrática es militarización de nuestros territorios, guerra, confinamiento, desplazamiento, hambre, desconocimiento y desmonte de garantías constitucionales, deslegitimación de nuestras formas de resistencia, desconocimiento de nuestras autoridades, inasistencia humanitaria y muerte, todo esto para garantizar que empresas trasnacionales y empresarios nacionales puedan despojarnos de nuestros territorios y sus recursos; así como también para implementar sus planes inconsultos de desarrollo nacional.
Durante estos últimos treinta años las políticas públicas para pueblos indígenas no cambian y por el contrario se tornan más agresivas y devastadoras y en todo caso conducen a negarnos mediante estrategias de guerra nuestro derecho fundamental a la existencia. Pueblos indígenas que reclaman y luchas por sus derechos son enemigos del estado y tratados desde la óptica de la seguridad democrática como objetivo militar.

Para el Estado y su política de seguridad democrática, los pueblos indígenas que defendemos con autonomía y dignidad nuestros derechos, recursos y patrimonios colectivos y exigimos garantías legales para nuestra pervivencia, somos ante todo un obstáculo para el desarrollo del país. Desarrollo que según el Estado depende de la explotación por terceros de los recursos naturales de nuestros territorios. Por lo mismo cuando defendemos nuestros territorios o rechazamos y denunciamos sus políticas legislativas, agropecuarias, petroleras o mineras entre otras de efecto nefasto para nuestra integralidad étnica, nos considera apartidas, subversivos o cooptados por la guerrilla. Ignora el Estado en su prepotencia que tenemos derechos fundamentales a la participación, la consulta previa y el desarrollo de acuerdo a nuestros acervos e intereses culturales y colectivos.

Con el argumento que los pueblos indígenas que rechazamos y denunciamos sus políticas genocidas somos delincuentes, terroristas o guerrilleros, el Estado colombiano evade todo responsabilidad como garante de nuestros derechos; y por lo mismo omite aplicar en nuestra defensa y protección la constitución política y las leyes de la republica o darle curso a la implementación de los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos.

No existe dentro de las actuales políticas del estado colombiano, una sola que efectivamente garantice, promueva o permita el disfrute a plenitud de nuestros derechos y por el contrario la normatividad establecida para nuestra protección, es objeto de desmonte y omisión por parte del Estado, a la vez que impulsa nuevas leyes en beneficio de intereses foráneos para quienes pretenden abrir nuestros territorios y subastar nuestros recursos naturales, de biodiversidad y genéticos. Olvida el Estado que nuestros territorios son propiedad privada de carácter colectivo y que su función es garantizarnos el pleno disfrute de nuestros patrimonios y responder por las afectaciones que nos cause. Nuestros territorios no son baldíos, tienen dueño y la ley nos faculta para adminístralos con plena autonomía.

En Colombia es norma general excluir a los pueblos indígenas de los planes de desarrollo del Estado y los entes territoriales regionales y locales; es norma general no consultarnos sobre el desarrollo que queremos o sobre el uso y aprovechamiento de nuestros recursos. No encontramos planes de desarrollo a ningún nivel que se hayan propuesto, construido o ejecutado con la participación de los pueblos indígenas. Y cuando nos referimos a los procesos de consulta previa sobre acciones en nuestros territorios que nos puedan afectar o interesar encontramos que ninguno cumple con la normatividad establecida en el derecho interno e internacional para pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas de Colombia desde nuestros procesos de resistencia para proteger nuestras integridad cultural e integralidad étnica, así como el futuro, la pervivencia y la sostenibilidad de nuestras sociedades, no estamos interesados en acoger en nuestros territorios megaproyectos, obras de infraestructura o actividades extractivas de recursos naturales inconsultos o impuestos; así como aquellos que nos conduzcan al exterminio y la extinción.

Los pueblos indígenas pervivientes no queremos encontrar el horror del pueblo Yaregui, exterminado por las balas oficies en aras de proteger la explotación de hidrocarburos de la Concesión Barco. No deseamos las masacres y el exterminio de que han sido objeto los pueblos Sicuani, Barí, Wayúu, Nasa, Emberá, Cofán, Siona y Nukak Maku, entre otros, todo por expropiarles sus territorios y apropiarse de sus recursos naturales.

Los pueblos indígenas seguiremos fortaleciendo nuestra resistencia, nuestra lucha organizada y autonómica; así mismo protegiendo nuestros derechos y patrimonios. Nuestra voluntad política es proteger y evitar en lo inmediato que veintiocho pueblos indígenas que hoy se encuentran sumidos en procesos genocidas de extinción victimas de la negligencia del estado, los actores armados, los narcotraficantes, los empresarios inescrupulosos y los colonos, desaparezcan en el silencio cómplice y haciéndole el juego a quines nos consideran un estorbo o que planean para el futuro de la nación una Colombia sin pueblos indígenas, sin resguardos y sin recursos naturales protegidos.

A quienes con sus leyes, proyectos políticas y estrategias de guerra abogan por nuestra extinción, descomposición e integración les decimos que el movimiento indígena nacional en las fronteras de la nación, en las selvas, los ríos, los desiertos, las montañas y las ciudades, esta fortaleciendo su resistencia pacifica con otros sectores democráticos y sociales del país que abogan por una Colombia incluyente, tolerante y soberana donde reine la justicia social, la equidad y el estado de derecho.

Así mismo manifestamos que no queremos, ni adoptaremos, ni permitiéremos en nuestros territorios, propuestas de desarrollo sobre nuestros bienes, recursos y patrimonios que no cuenten con nuestra plena autonomía o que promuevan nuestro exterminio. Si la voluntad política del Estado es aniquilarnos, la nuestra es la pervivencia con autonomía.

Con la fuerza espiritual que nos otorgan nuestras leyes de origen, con los derechos que nos asisten como pueblos originarios, con las garantías establecidas en la legislación nacional y en los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos; así mismo con la solidaridad de las organizaciones sociales y sectores democráticos y populares de nuestro país y de la comunidad internacional, nos opondremos y denunciaremos las políticas genocidas del Estado para

Sí el Estado colombiano tiene como objetivo el exterminio de los pueblos indígenas, los pueblos indígenas tenemos el compromiso de transformar el Estado y sus instituciones. Para este fin y el de construir una nación pluralista, incluyente, soberana y con justicia social, nos uniéremos y sumaremos a quienes por la vía democrática, participativa e incluyente, tengan como meta una Nueva Colombia tolerante de la diversidad y con garantías de derechos para todos.

El Estado colombiano debe saber que los pueblos indígenas de Colombia hemos establecido históricamente nuestros propios procesos políticos, sociales, culturales y económicos de resistencia. Nuestra resistencia indígena es pacifica y tiene un carácter histórico que se remonta a los procesos de conquista y colonia frente a la corona española, pero que continúa y se renueva con las violaciones, obstáculos, proyectos genocidas de exterminio y retos que nos ha correspondido afrontar.
Consejero Mayor – ONIC: Luis Evelis Andrade Casama.