Por ese caso, que fue denunciado por familiares de los muertos y que ocurrió en el nororiental departamento del Cesar, en la frontera con Venezuela, la Fiscalía General de la Nación capturó esta semana a 15 militares y ordenó la detención de 14 más.
Los campesinos muertos eran Frank Martínez Cavieres y Claudio Manuel Olmero Arlante, quienes fueron presentados por el Ejército como miembros del frente 41 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Todos los militares investigados hacen parte del batallón "La Popa", con sede en Valledupar, la capital del Cesar.
Pero ese no es el único caso. En marzo pasado, la Fiscalía había ordenado la captura de otros 15 militares por la masacre de San José de Apartadó, en el noroccidental Golfo de Urabá, que en febrero de 2005 le costó la vida a 11 civiles, entre ellos tres niños.
La cifra de bajas presentada por las Fuerzas Militares, con alta probabilidad incluyen ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos
ex ministro José Fernando Isaza
BBC Mundo estableció que la Fiscalía investiga más de 200 hechos similares, que involucran a más de medio millar de miembros del Ejército.
Esos militares están siendo investigados por los delitos de homicidio de personas protegidas y homicidios fuera de combate.
Entre 2002 y 2007 el Ministerio de Defensa de Colombia reportó que fueron muertos en combate 9.841 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
"Falsos positivos"
Pero en octubre de 2007 una misión internacional de observación denunció que entre las bajas reportadas por las Fuerzas Militares había unas 955 ejecuciones extrajudiciales.
Posteriormente, en una entrevista con BBC Mundo, el Ministerio de Defensa admitió que le había remitido a la Fiscalía 200 casos donde se sospechaba que los muertos no eran guerrilleros, sino civiles.
El tema ha generado controversia sobre los llamados "falsos positivos", entre el gobierno colombiano y sectores que cuestionan los resultados de la política de seguridad democrática, puesta en marcha a partir de agosto de 2002.
El gobierno asegura que sus tácticas de seguridad respetan los derechos humanos.
"La cifra de bajas presentada por las Fuerzas Militares, con alta probabilidad incluyen ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos", señala un análisis sobre el conflicto colombiano, realizado por el ex ministro José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Sin embargo, el viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, le ha dicho a BBC Mundo que la política de seguridad del presidente Álvaro Uribe es respetuosa de los derechos humanos.
El funcionario no descarta incluso que las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales sean una estrategia para empañar los logros alcanzados por el gobierno en materia de seguridad.
En su último informe sobre Colombia, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos admitió "la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, fundamentalmente del Ejército".
El mismo informe destaca que esa situación "ha dado lugar a que el Gobierno fortalezca los mecanismos de control".
Tomado de: BBC Mundo
Por. Hernando Salazar
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