CENTRAL DE ABASTO

2009-06-30T18:34:00.001-05:00

¿Qué viene a continuación?

2009-04-27T16:11:00.003-05:00

El socialismo fracasó; ahora, el capitalismo está en quiebra

The Guardian

Traducido del inglés por S. Seguí

Sea cual sea el logotipo ideológico que adoptemos, el desplazamiento del mercado libre a la acción pública debe ser mayor de lo que los políticos imaginan.El siglo XX ha quedado ya atrás, pero aún no hemos aprendido a vivir en el XXI, o al menos a pensarlo de un modo apropiado. No debería ser tan difícil como parece, dado que la idea básica que dominó la economía y la política en el siglo pasado ha desaparecido, claramente, por el sumidero de la historia. Lo que teníamos era un modo de pensar las modernas economías industriales –en realidad todas las economías–, en términos de dos opuestos mútuamente excluyentes: capitalismo o socialismo.

Hemos vivido dos intentos prácticos de realizar ambos sistemas en su forma pura: por una parte, las economías de planificación estatal, centralizadas, de tipo soviético; por otra, la economía capitalista de libre mercado exenta de toda restricción y control. Las primeras se vinieron abajo en la década de los 80, y con ellas los sistemas políticos comunistas europeos; la segunda se está descomponiendo ante nuestros ojos en la mayor crisis del capitalismo global desde la década de 1930. En algunos aspectos es una crisis de mayor envergadura que aquélla, en la medida en que la globalización de la economía no estaba entonces tan desarrollada como hoy y la crisis no afectó a la economía planificada de la Unión Soviética. Todavía no conocemos la gravedad y la duración de la actual crisis, pero sin duda va a marcar el final de la clase de capitalismo de libre mercado que se impuso en el mundo y sus gobiernos en una época que dio inicio con Margaret Thatcher y Ronald Reagan.

La impotencia, por consiguiente, amenaza tanto a los que creen en un capitalismo de mercado, puro y desestatalizado, una especie de anarquismo burgués; como a los que creen en un socialismo planificado incontaminado por la búsqueda de beneficios. Ambos están en quiebra. El futuro, como el presente y el pasado, pertenece a las economías mixtas en las que lo público y lo privado estén mútuamente vinculados de una u otra manera. ¿Pero cómo? Este es el problema que se nos plantea hoy día a todos, y en particular a la gente de izquierda.

Nadie piensa seriamente en regresar a los sistemas socialistas de tipo soviético, no sólo por sus deficiencias políticas sino también por la creciente indolencia e ineficiencia de sus economías, aunque ello no debería llevarnos a subestimar sus impresionantes logros sociales y educativos. Por otra parte, hasta que el mercado libre global implosionó el año pasado, incluso los partidos socialdemócratas y moderados de izquierda de los países del capitalismo del Norte y Australasia se habían comprometido más y más con el éxito del capitalismo de libre mercado. Efectivamente, desde el momento de la caída de la URSS hasta hoy no recuerdo ningún partido o líder que denunciase el capitalismo como algo inaceptable. Y ninguno estuvo tan ligado a su suerte como el New Labour, el nuevo laborismo británico. En sus políticas económicas, tanto Tony Blair como Gordon Brown (éste hasta octubre de 2008) podían calificarse sin ninguna exageración como Thatchers con pantalones. Y otro tanto cabe decir del Partido Demócrata de Estados Unidos.

La idea básica del nuevo Labour, desde 1950, era que el socialismo era innecesario, y que se podía confiar en el sistema capitalista para hacer florecer y generar más riqueza que ningún otro sistema. Todo lo que los socialistas tenían que hacer era garantizar una distribución equitativa. Pero, desde 1970, el acelerado crecimiento de la globalización dificultó y socavó fatalmente la base tradicional del Partido Laborista británico, y en realidad las políticas de ayudas y apoyos de cualquier partido socialdemócrata. Muchas personas, en la década de 1980, consideraron que si el buque del laborismo pretendía no irse a pique, lo que era una posibilidad real, tenía que ser objeto de una puesta al día.

Pero no lo fue. Bajo el impacto de lo que consideró como la revitalización económica thatcherista, el New Labour, a partir de 1997, se tragó entera la ideología, o más bien la teología, del fundamentalismo del mercado libre global. El Reino Unido desregularizó sus mercados, vendió sus industrias al mejor postor, dejó de fabricar objetos para la exportación (a diferencia de Alemania, Francia y Suiza) y apostó todo su dinero a su conversión en el centro mundial de los servicios financieros, y con ello en un paraíso de blanqueadores de dinero multimillonarios. Así, el impacto actual de la crisis mundial sobre la libra y la economía británica va a ser probablemente más catastrófico que el de ninguna otra gran economía occidental y va a hacer la recuperación más difícil.

Es posible afirmar que todo esto es ya agua pasada. Que somos libres de regresar a la economía mixta, y que la vieja caja de herramientas laborista está ahí a nuestra disposición -incluso la nacionalización-, así que todo lo que tenemos que hacer es utilizar de nuevo estas herramientas que el New Labour nunca debió dejar de usar. Sin embargo, esta idea sugiere que sabemos qué hacer con las herramientas. Pero no es así.

Por una parte, no sabemos cómo superar la actual crisis. No hay nadie, ni los gobiernos, ni los bancos centrales, ni las instituciones financieras mundiales, que lo sepa: todos ellos son como un ciego que intentara salir del laberinto dando golpes en las paredes con todo tipo de bastones en la esperanza de dar con el camino de salida.

Por otra parte, subestimamos el persistente grado de adición de los gobiernos y los responsables de las políticas a los exabruptos del libre mercado, que tanto placer les han proporcionado durante décadas. ¿Acaso se han librado del supuesto básico de que la empresa privada orientada al beneficio es siempre el medio mejor y más eficaz de hacer las cosas? ¿O de que la organización y la contabilidad empresariales deberían ser los modelos incluso de la función pública, la educación y la investigación? ¿O de que el creciente abismo entre los multimillonarios y el resto no es tan importante, después de todo, siempre y cuando todos los demás –excepto una minoría de pobres– esté un poquito mejor? ¿O de que lo que necesita un país, en cualquier caso, es un máximo de crecimiento económico y de competitividad comercial? No creo que hayan superado todo esto.

Sin embargo, una política progresista requiere algo más que una ruptura algo mayor con los supuestos económicos y morales de los últimos 30 años. Requiere un regreso a la convicción de que el crecimiento económico y la abundancia que comporta son un medio, no un fin. El fin son los efectos que tiene sobre las vidas, las posibilidades vitales y las expectativas de las personas.

Tomemos el caso de Londres. Es evidente que a todos nos importa que la economía de Londres florezca. Pero la prueba de fuego de la enorme riqueza generada en algunas partes de la capital no es que haya contribuido al 20 ó 30% del PIB británico, sino cómo ello ha afectado a las vidas de los millones de personas que viven y trabajan allí. ¿A qué clase de vida tienen derecho? ¿Pueden permitirse vivir allí? Si no pueden, no es ninguna compensación que Londres sea un paraíso de los muy ricos. ¿Pueden conseguir empleos decentemente pagados, o en realidad cualquier tipo de empleo? Si no pueden, de qué sirve todo este jactarse de tener restaurantes de tres estrellas Michelin, con unos chefs convertidos ellos mismos en estrellas. ¿Pueden llevar a sus hijos a la escuela? La falta de escuelas adecuadas no se compensa con el hecho de que las universidades de Londres puedan montar un equipo de fútbol con su profesorado de ganadores de premios Nobel?

La prueba de una política progresista no es privada sino pública, no sólo importa el aumento del ingreso y del consumo de los particulares sino la ampliación de las oportunidades y, como las llama Amartya Sen, las capabilities –capacidades– de todos por medio de la acción colectiva. Pero esto significa –o debería significar– iniciativa pública no basada en la búsqueda de beneficio, siquiera fuera para redistribuir la acumulación privada. Decisiones públicas dirigidas a conseguir mejoras sociales colectivas con las que todos saldrían ganando. Esta es la base de una política progresista, no la maximización del crecimiento económico y el ingreso personal.

En ningún ámbito será esto más importante que en la lucha contra el mayor problema a que nos enfrentamos en el presente siglo: la crisis del medio ambiente. Sea cual sea el logotipo ideológico que adoptemos, significará un desplazamiento de gran alcance, del mercado libre a la acción pública, un cambio mayor que propuesto por el gobierno británico.

Y, teniendo en cuenta la gravedad de la crisis económica, debería ser un desplazamiento rápido. El tiempo no está de nuestro lado.

Eric Hobsbawm (1917), historiador y académico británico. Es presidente del Birbeck College de la Universidad de Londres, y autor de numerosas obras de historia contemporánea, la primera de las cuales fue Primitive Rebels: studies in archaic forms of social movement in the 19th and 20th centuries (1962). Y, entre otras,The age of revolution: Europe 1789-1848, The age of capital: 1848-1875, The age of extremes 1914-1991,etc. de las que hay traducción al catalán y al castellano. Su publicación más reciente es On Empire: America, War, and Global Supremacy (2008).

S. Seguí pertenece a los colectivos de Tlaxcala, Rebelión y Cubadebate. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar el nombre del autor y el del traductor, y la fuente.

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/apr/10/financial-crisis-capitalism-socialism-alternative

Declaración de Prensa

2009-04-27T15:47:00.000-05:00

Gobierno de Álvaro Uribe es cómplice en delitos de lesa humanidad.

Somos una delegación de parlamentarios británicos, y sindicalistas norteamericanos, canadienses y británicos. Hemos pasado siete días aquí en Colombia, juntando información sobre los abusos de derechos humanos y derechos laborales. Nos hemos reunido con un amplio abanico de la sociedad colombiana, cubriendo intereses cívicos, políticos, jurídicos y militares, incluyendo sindicatos, estudiantes, profesores, indígenas, campesinos, abogados sindicales, defensores de derechos humanos, y con los retenidos liberados de las FARC.

Hemos viajado al departamento de Arauca para escuchar los testimonios de comunidades e individuos afectados por el conflicto en esa región Visitamos la cárcel Buen Pastor y hablamos con las mujeres presas políticas encarceladas allí. También nos reunimos con Martín Sandoval, presidente del CPDH – Arauca, encarcelado injustamente en Arauca. Tuvimos oportunidad de hablar también con altos representantes del gobierno de Álvaro Uribe, y con el Presidente mismo. Estamos agradecidos a todos los individuos y grupos que tan generosamente nos entregaron su tiempo.

Estamos en estado shock por lo que hemos oído, y no tenemos dudas, dadas las evidencias recibidas, de que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe, y la fuerza pública son cómplices de abusos de derechos humanos. Además, estamos convencidos que las actividades asesinas de los paramilitares son aprobadas y activamente apoyadas por el gobierno y el Ejército. Estos crímenes son agravados por la impunidad de la cual gozan los que cometieron estos delitos, y la falla del sistema judicial para procesar a los criminales y a los que dieron las órdenes.

En vez de encarcelar los verdaderos criminales, el gobierno ha encarcelado a sindicalistas, miembros de la oposición política, y a defensores de derechos humanos como al defensor de derechos humanos, Martín Sandoval. Llamamos por su liberación inmediata, y por la liberación inmediata de otros prisioneros políticos y sindicalistas.

Al regresar al Reino Unido y a Norte América estaremos llamando por la inmediata terminación de todo apoyo militar y político al gobierno colombiano:

La no aprobación de cualquier Tratado de Libre Comercio hasta que los derechos humanos y laborales sean respetados de una manera internacionalmente verificable Exponer públicamente la complicidad de empresas multinacionales en las violaciones de derechos humanos y laborales Acabar de inmediato con la criminalización de la oposición democrática y legítima, incluyendo a la Senadora Piedad Córdoba, Senadora Gloria Inés Ramírez, Representante Wilson Borja y el Doctor Carlos Lozanos, entre otros Apoyar el diálogo, un proceso de paz, y un intercambio humanitario El cese de las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos perpetrados por el Ejército colombiano. Un informe completo de nuestras investigaciones y recomendaciones será publicado en el cercano futuro. Miércoles 8 de abril de 2009.

Firmas adjuntas. Katherine Craig: Abogada de Derechos Humanos. Viajó a Colombia con la Caravana de abogados en Agosto del 2008.

Ian Davidson: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

Jeremy Dear: Secretario General del sindicato ‘La Unión Nacional de Periodistas’ (NUJ) – el cual representa 32,000 periodistas, también es el Presidente de ‘Justice for Colombia’ y miembro del Ejecutivo de la TUC y del Consejo General de la TUC.

David Drever: Presidente del sindicato educativo, el ‘Instituto Educativo de Escocia’ (EIS) el cual representa 60,000 maestros en Escocia.

Simon Dubbins: Director del Departamento de Relaciones Internaciones del sindicato ‘Unite the Union’ el cual representa 2,100,000 afiliados in varios sectores, también es miembro del Ejecutivo del TUC Europeo y Presidente del sector grafico de la UNI (federación internacional).

Samuel Gurney: oficial del Departamento Internacional de la TUC, con responsabilidad para Colombia y otros países, también es miembro del consejo de administración de la OIT.

Sally Hunt: Secretaria General del sindicato de educación, ‘La Unión de Universidad y Colegios’ (UCU), el cual representa 118,000 profesores universitarios, también es miembro del Comité Ejecutivo de Justice for Colombia y del Ejecutivo y Consejo General de la TUC donde es la vocero sobre asuntos internacionales.

Peter Kilfoyle: Parlamentario Británico del Partido Laborista, anteriormente fue Ministro de Defensa.

Adam Lee: Oficial del sindicato, United Steelworkers (USW) el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores de Estados Unidos y Canadá.

Andy Love: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

James McGovern: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

Karie Murphy: Asistente Parlamentaria.

John O’Neill: Abogado de la empresa más grande de abogados laboralistas en Gran Bretaña ‘Thompsons Solicitors’.

Sandra Osborne: Parlamentaria Británica del Partido Laborista, Miembro de la Comisión Parlamentaria de Asuntos en el Exterior.

Stephanie Peacock: Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista.

Frederick Redmond: Vice Presidente Internacional del sindicato United Steelworkers (USW), el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores en los Estados Unidos y Canadá, también es miembro del Consejo Ejecutivo del AFL-CIO.

Mark Rowlinson: Fiscal del sindicato, United Steelworkers (USW) el cual representa 1.2 millones de afiliados de varios sectores en los Estados Unidos y Canadá.

Michael Shaw: Presidente del sindicato de Bomberos británicos(FBU) el cual representa 45,000 afiliados bomberos.

James Sheridan: Parlamentario Británico del Partido Laborista.

Carol Wilson: Asistente Parlamentaria

Anthony Woodhouse: Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato ‘Unite the Union’, el cual representa 2,100,000 afiliados de varios sectores.

El horror a la revolución

2009-04-16T16:36:00.003-05:00

«No queremos luchas fratricidas, no queremos sangre, no queremos guerra», dicen los timoratos. Y hablan en seguida de los horrores de la matanza: la sangre corriendo en abundancia, la atmósfera cargada de espesos humos, el ruido ensordecedor de las armas de fuego; sangre, agonía, muerte, incendio, ¡qué horror!

¡Qué horror! En verdad, compañeros, nada tiene de agradable el espectáculo que ofrece la guerra; pero la guerra es necesaria. Es necesaria la guerra cuando hay algo que se opone a la conquista del bienestar.

Es horrible la guerra, cuesta muchas vidas, muchas lágrimas y muchos dolores; pero ¿qué decir de la paz? ¿Qué decir, compañeros, de la paz bajo el presente sistema de explotación capitalista y de barbarie gubernamental? ¿Garantiza siquiera la vida esta paz?

Por horrible que sea la guerra, no sobrepasa en horror a la paz. La paz tiene sus víctimas, la paz es sombría; pero no porque la paz, por sí misma, sea mala, sino por el conjunto de circunstancias que la componen en la actualidad. Sin necesidad de que haya guerra, hay víctimas en tiempo de paz, y, según las estadísticas, las víctimas en tiempo de paz son más numerosas que las víctimas en tiempo de guerra.

Basta con leer todos los días los periódicos de información para convencerse de que es una verdad lo que digo. Ya es una mina que se desploma y aplasta a centenares o miles de trabajadores, o bien, un tren que descarrila y produce la muerte de los pasajeros; o un buque que se hunde y sepulta en el fondo del mar a muchas personas. La muerte espía al ser humano en todos los momentos de su existencia. El trabajador cae de los andamios y se despedaza el cuerpo. Otro, manejando una máquina, se corta un brazo, una pierna y queda mutilado o muere. El número de personas que mueren anualmente en virtud de catástrofes mineras, ferroviarias, marítimas y de otra naturaleza es verdaderamente alarmante. Los que mueren como consecuencia de incendios de teatros, hoteles y casas alcanzan una cifra desesperante cada año.

Pero no es esto todo: las condiciones de insalubridad en que se efectúa el trabajo en las fábricas y los talleres; lo fatigoso de las tareas; la incomodidad e insalubridad de las viviendas de los trabajadores ¾forzados a vivir en verdaderas zahúrdas¾; la suciedad de los barrios obreros; la mala alimentación que el trabajador pueda conseguir por los salarios miserables que gana; la adulteración de los artículos alimenticios; la inquietud en que vive el hombre de trabajo, que teme que de un momento a otro no podrá llevar pan a la familia; y el disgusto que produce el hecho de encontrarse bajo la influencia del polizonte, bajo la influencia de leyes bárbaras dictadas por el estúpido egoísmo de las clases encumbradas, bajo la influencia de monigotes descerebrados que la hacen de autoridad; todo ello: insalubridad, mala alimentación, trabajo fatigoso, inquietud por el porvenir, disgusto del presente, minan la salud de las clases pobres, engendran enfermedades espantosas como la tisis, el tifo y otras que diezman a los desheredados y cuyos estragos alcanzan a todos: a hombres, a mujeres, ancianos y niños. Lo que no ocurre con la guerra, en la que es raro el caso del atropello a los ancianos, a las mujeres y a los niños, a no ser que se trate de un tirano bestial ¾como Porfirio Díaz¾, para quien no hay en esta vida criatura respetable. El tigre hinca los colmillos indistintamente en las carnes de un viejo, de una mujer o de un niño.

Todas estas calamidades, que sufre la humanidad en tiempo de paz son el resultado de la impotencia del gobierno y de la ley para hacer la felicidad de los pueblos por la sencilla razón de que tanto el gobierno como la ley no son otra cosa que los guardianes del capital, y el capital es nuestra cadena común. El capital quiere ganancias y, por lo tanto, no se preocupa de la vida humana. El dueño de una mina no se preocupa porque el lugar de trabajo ofrezca riesgos para la vida de los obreros; no hace las obras necesarias para que el trabajo se efectúe en la mina en condiciones de seguridad que garanticen la vida de los mineros. Por eso se desploman las minas, ocurren explosiones, los obreros se desprenden de los elevadores y hay otros muchos siniestros. El capitalista tendría que ganar menos si protegiese la vida de sus operarios, y prefiere que éstos revienten en una catástrofe; que las viudas y los huérfanos perezcan de hambre o se prostituyan para poder vivir, a gastar algunas sumas en favor de los que con su trabajo lo enriquecen, de los que con su sacrificio lo hacen feliz.

Igual cosa puede decirse de los desastres ferrocarrileros y marítimos. El mal material de que están construidos los barcos, los coches y las locomotoras, para obtener todo eso al menor costo posible, y el deterioro que se opera en ellos con el uso; el hecho de que las compañías tienen que usarlo todo hasta su máximum de duración para gastar menos, añadiéndose a todo esto el mal estado de las vías, que hay que componer lo menos posible para sacar mayores utilidades, hacen que la inseguridad sea efectiva e inminentes las catástrofes.

La ganancia que quiere el capital es, también, la causa de que el trabajado en las fábricas y talleres se haga en condiciones de insalubridad manifiesta. EL capitalista tendría que gastar dinero para que las condiciones higiénicas de los lugares de trabajo fueran buenas, y es precisamente lo que no quiere. La salud y la vida de los trabajadores no entran en los cálculos de los capitalistas. Ganar dinero, no importa cómo, es la divisa de los señores burgueses.

La miseria, por sí sola, es más horrible que la guerra, y causa más estragos que ella. El número de niños que mueren cada año es fabuloso; el número de tuberculosos que mueren cada año, es, igualmente, admirable. Esos fallecimientos se deben a la miseria, y la miseria es el producto del sistema capitalista.

¿Por qué temer a la guerra? Si se tiene que morir aplastado por la tiranía capitalista y gubernamental en tiempo de paz, ¿por qué no morir mejor combatiendo lo que nos aplasta? Es menos espantoso que se derrame sangre que conquista la libertad y el bienestar, que continúe derramándose bajo el actual sistema político y social en provecho de nuestros explotadores y tiranos.

Además, la guerra no produce tantas víctimas como la paz bajo el actual sistema. El número de personas que resultan muertas en una batalla o en un encuentro es reducidísimo en comparación con el número de hombres que han entrado en juego por ambas partes combatientes; y si fuera posible que toda una nación estuviese en revolución, si ese estado de guerra durase un año, al final de ese tiempo se vería que, por las dificultades que había tenido el capitalismo para explotar a los trabajadores por hallarse la mayor parte de éstos con las armas en la mano, el número de defunciones había decrecido, o al menos había sido igual al de los años pasados en paz. Esto ha podido comprobarse en países que han estado en revolución. Los trabajos se suspenden por el estado de guerra; los trabajadores cambian el malsano género de vida de la fábrica, del taller o de la mina, por la vida sana al aire libre, comiendo carne en abundancia, haciendo saludable ejercicio, y, sobre todo, teniendo reanimado el espíritu con la esperanza de cambiar de condición, o simplemente satisfechos de levantar el rostro y de sentirse libres enfrente de sus amos espantados.

Es mejor morir atravesado por una bala defendiendo su derecho y el bienestar de sus hermanos, que perecer aplastado, como un gusano, bajo los escombros de la mina, o triturado por la maquinaria, o en una agonía penosa y lenta en un rincón de la negra covacha.

Gritemos con todas nuestras fuerzas: ¡Viva la revolución! ¡Muera la paz capitalista!

Ricardo Flores Magón

Mensaje a la oligarquía

2009-04-09T16:38:00.003-05:00

Camilo Torres

Dirigir un mensaje a los que no quieren ni pueden oír es un deber penoso. Sin embargo, es un deber, y un deber histórico, en el momento que la oligarquía colombiana quiere llegar a hacer culminar su iniquidad en contra de la patria y en contra de los colombianos.
Durante más de 150 años la casta económica, las pocas familias que tienen casi toda la riqueza colombiana, ha usurpado el poder político en su propio provecho. Ha usado todas las artimañas y trampas para conservar ese poder engañando al pueblo.
Inventaron la división entre liberales y conservadores. Esta división, que no comprendía el pueblo, sirvió para sembrar el odio entre los mismos elementos de la clase popular. Esos odios ancestrales transmitidos de padres a hijos han servido únicamente a la oligarquía. Mientras los pobres pelean, los ricos gobiernan en su propio provecho. El pueblo no entendía la política de los ricos, pero toda la rabia que sentía por no poder comer ni poder estudiar, por sentirse enfermo, sin casa, sin tierra y sin trabajo, todo ese rencor lo descargaban los liberales pobres contra los conservadores pobres y los conservadores pobres contra los liberales pobres. Los oligarcas, los culpables de la mala situación de los pobres, miraban felices los toros desde la barrera, ganando dinero y dirigiendo el país. Lo único que dividía a los oligarcas liberales de los oligarcas conservadores era el problema de la repartición del presupuesto y de los puestos públicos. El presupuesto nacional, las rentas públicas, no alcanzaban para dejar satisfechos a los oligarcas conservadores y liberales reunidos. Por eso peleaban para llegar al poder; para saldar las cuentas electorales dándole puestos públicos a los gamonales adictos y repartirse el presupuesto excluyendo totalmente a los del otro bando político.
Cuarenta años los liberales no tuvieron puestos y después les sucedió otro tanto a los conservadores durante 16 años. Las diferencias políticas y religiosas ya habían cesado. Ya no se peleaba entre los oligarcas sino por la plata del gobierno y por los puestos públicos. Mientras tanto, el pueblo se daba cuenta de que su lucha por el partido liberal o por el partido conservador lo hundía cada vez más en la miseria. Los ricos no se daban cuenta de que el pueblo estaba harto de ellos. Cuando apareció Jorge Eliécer Gaitán enarbolando la bandera de la restauración moral de la República, lo hizo tanto en contra de la oligarquía liberal como de la conservadora. Por eso las dos oligarquías fueron antigaitanistas. La oligarquía liberal se volvió gaitanista después que la oligarquía conservadora mató a Gaitán en las calles de Bogotá.
Ya iniciada en el camino de la violencia para conservar el poder, la oligarquía no parará en el uso de esa violencia. Puso a los campesinos liberales a que se mataran con los conservadores. Cuando la agresividad, el odio y el rencor de los pobres se desbordaron en una lucha entre los necesitados de Colombia, la oligarquía se asustó y propició el golpe militar. El gobierno militar tampoco sirvió en forma suficientemente eficaz a los intereses de la oligarquía. Entonces el jefe de la oligarquía liberal, doctor Alberto Lleras Camargo, y el jefe de la oligarquía conservadora, doctor Laureano Gómez, se reunieron para hacer un examen de conciencia y se dijeron: "Por estar peleando por el reparto del presupuesto y del botín burocrático, casi perdemos el poder para la oligarquía. Dejémosnos de pelear por eso haciendo un contrato, dividiéndonos el país como quien se divide una hacienda, por mitad, entre las dos oligarquías. La paridad y la alternación nos permiten un reparto equitativo y así podemos formar un partido nuevo, el partido de la oligarquía." Así nació el Frente Nacional como el primer partido de clase, como el partido de la oligarquía colombiana.
El pueblo vuelve a ser engañado y concurre a las elecciones a votar el plebiscito, a votar por Alberto Lleras, por el Frente Nacional. El resultado, naturalmente, fue peor: ahora era la oligarquía unida la que gobernaba en contra del pueblo. Por eso todo lo que esperaban los colombianos salió al contrario. El Frente Nacional ofreció paz y los campesinos siguen siendo asesinados; se realizaron matanzas obreras de los azucareros y de Santa Bárbara, se invadieron las universidades y se aumentó el presupuesto de guerra.
El Frente Nacional dijo que remediaría la situación financiera, y duplicó la deuda externa produciendo tres devaluaciones (hasta ahora) y con ellas la miseria del pueblo colombiano por varias generaciones. El Frente Nacional dijo que haría la reforma agraria, y no hizo sino dictar una ley que garantiza los intereses de los ricos en contra de los derechos de los pobres.
Le impuso al país un candidato inepto para la presidencia de la República. El Frente Nacional logró la mayor abstención electoral de nuestra historia y ahora, ante su fracaso total, ¿qué está haciendo la oligarquía?
Vuelve a recurrir a la violencia. Declara el estado de sitio. Legisla por decreto. Vende el país a los Estados Unidos. Se reúne en un lujoso hotel y decide sobre el próximo presidente. Desde los salones resuelven sobre el país entero. Están completamente ciegos.
Como último grito de alarma quiero decirles:
Señores oligarcas, el Pueblo ya no les cree nada a ustedes. El Pueblo no quiere votar por ustedes. El Pueblo está harto y desesperado. El Pueblo no quiere ir a las elecciones que ustedes organicen. El Pueblo no quiere a Carlos ni Alberto Lleras ni a ninguno de ustedes. El Pueblo está sufriendo y resuelto a todo. El Pueblo sabe que ustedes también están resueltos a todo. Por eso les pido que sean realistas y que si quieren engañar al Pueblo con nuevas componendas políticas, no vayan a creer que el Pueblo les va a tener fe. Ustedes saben que la lucha irá hasta las últimas consecuencias. La experiencia ha sido tan amarga que el Pueblo ya está decidido a echar el todo por el todo. Desgraciadamente los oligarcas aislados, ciegos y orgullosos parecen no querer darse cuenta de que la revolución de las masas populares colombianas no parará ahora sino hasta lograr la conquista del poder para el Pueblo.

Periódico Frente Unido, año 1, número extraordinario, 9 de diciembre de 1965, Colombia .

La moral anarquista (fragmanto)

2009-04-07T18:15:00.002-05:00

Pedro Kropotkin

La historia del pensamiento humano recuerda las oscilaciones del péndulo, las cuales hace ya siglos que perduran. Después de un largo período de sueño, viene el despertar; y entonces se liberta de las cadenas con las que todos los interesados -gobernantes, magistrados, clérigos- le habían cuidadosamente amarrado. Las rompe. Somete a severa crítica todo cuanto se le había enseñado; y pone al desnudo la vanidad de los prejuicios religiosos, políticos, legales y sociales en cuyo seno había vegetado. En aras de su espíritu de investigación se lanza por caminos desconocidos, enriquece nuestro saber con descubrimientos imprevistos: crea nuevas ciencias.
Pero el enemigo inveterado del pensamiento -el gobernante, el curial, el religioso- se rehace enseguida de la derrota. Reúne poco a poco sus diseminadas fuerzas, modifica su fe y sus códigos, adaptándolos a nuevas necesidades; y, valiéndose de ese servilismo de carácter y de pensamiento que él ha tenido buen cuidado en cultivar, aprovecha la desorganización momentánea de la sociedad, explotando la necesidad de reposo de éstos, la sed de riquezas de aquellos, los desengaños de los otros -sobre todo los desengaños-, comienzan de nuevo y con calma su obra, apoderándose desde luego de la infancia, por la educación.

Durante estos períodos de adormecimiento, raramente se discurre sobre cuestiones de moral. Las prácticas religiosas, la hipocresía judicial, les entretiene. No discuten; se dejan llevar por la costumbre, por la indiferencia. No se apasionan en pro ni en contra de la moral establecida; hacen lo que pueden para acomodar exteriormente sus actos a lo que dicen profesar; y el nivel moral de la sociedad desciende cada vez más. Se llega a la moral de los romanos de la decadencia, del antiguo régimen, del fin del régimen burgués.

La juventud se emancipa poco a poco, arroja los prejuicios por la borda, la crítica vuelve. El pensamiento despierta desde luego en algunos; pero insensiblemente el despertar gana la mayoría; dado el impulso, la revolución surge.
Y a cada momento la cuestión de la moral se pone sobre el tapete. ¿Por qué seguiré yo los principios de esta moral hipócrita? -se pregunta el cerebro emancipado del terror religioso-. ¿Por qué determinada moral ha de ser obligatoria?
Uno intenta entonces darse cuenta de ese sentimiento que le asalta a cada paso sin habérselo todavía explicado; y no lo entenderá en tanto lo crea un privilegio de la naturaleza humana, en tanto no descienda hasta los animales, las plantas, las razas, para comprenderle, Sin embargo, procura explicárselo según la ciencia del día.
Y -¿es preciso decirlo?- cuanto más se minan las bases de la moral establecida, o mejor, de la hipocresía que la sostiene, más el nivel moral se eleva en la sociedad. Sobre todo en esta época, precisamente cuando se la critica y se la niega, el sentimiento moral hace más rápidos progresos; crece, se eleva, se purifica.

Viaje al corazón del alto Sinú

2008-12-22T14:58:00.000-06:00

Los reparos a un megaproyecto hidroeléctrico

Por: Alfredo Molano

Tomado de El Espectador.

La carretera entre Medellín y Montería es un mirador privilegiado de metáforas vivas. En la salida misma de la que se llamó la “tacita de plata”, agobian las comunas, debatiéndose entre la pobreza y el delito; más adelante, en zona fría, La Montaña —Don Matías y Santa Rosa— que huele a seminario y a leche. En el lomo de la cordillera, Valdivia, con sus casas encaramadas sobre el precipicio, y bajando hacia el río Cauca, sobre las cunetas de una carretera siempre en construcción, 232 ranchos, unos hechos con orillos de madera, llamados chilapos; otros, con cartón encerado, y los más, con plástico negro. Son las viviendas de campesinos expulsados de sus tierras hace 20 años que no acaban de llegar.

Más abajo, el río Cauca, impetuoso, envenenado con detergentes y matamalezas y, a sus orillas, las haciendas de los terratenientes paisas, mitad honrados, mitad mafiosos: ganado fino que reina en las vegas y en algunas donde hay humedales, hatos de búfalos. El búfalo, más depredador que la vaca, vive de la hierba de pantanos y con sus pezuñas y su peso aprieta la tierra y facilita la desecación. Es una máquina de hacer desierto, por lo que lo usan sus dueños para ganarles tierra a las ciénagas.

Por naturaleza, los terratenientes son expansionistas: les compran —o les compran— a los vecinos, desecan espejos de agua —que no les pertenecen— y corren las cercas hasta las bermas mismas de las carreteras, con el argumento de impedir invasiones. Es el paisaje económico entre Tarazá —tierra de Cuco Vanoy—, Caucasia —haciendas de Macaco— y Montería —tierras ubérrimas—. En el fondo es la historia expansiva y depredadora de la gran ganadería que ha imperado en Córdoba desde mediados del siglo XIX y que explica buena parte de la violencia que vive la región desde el asesinato de Gaitán. Pero es, además, el principio en que se funda la decisión del gobierno de Uribe de construir el embalse Urrá II, alias, “Proyecto río Sinú”. Las hidroeléctricas de Córdoba no son un asunto de energía y ni siquiera de aguas. Son un problema de tierras.

El río Sinú nace en el Paramillo, páramo excepcional que recoge las aguas de los ríos Tigre, Manso y Esmeralda; lo estrecha la loma de Quimar —donde se construyó Urrá I— y luego se riega por las sabanas, alimenta las ciénagas y desemboca en Tinajones. Su hermano gemelo, el San Jorge, hace el mismo oficio, pero bota sus aguas al Cauca, en la depresión momposina. Todas son tierras riquísimas para los ganaderos por la fertilidad del suelo, y riquísimas también para los campesinos que cultivan maíz, yuca, malanga y que son, a su vez, pescadores.

En el fondo, estas modalidades de aprovechamiento de la riqueza criada por los ríos son la causa de un conflicto social que desde la importación del pasto pará, a fines del siglo XIX, no cesa. Los ganaderos buscan, por cualquier medio, desecar las ciénagas para ampliar sus haciendas, y los campesinos —trabajadores anfibios, herederos de los zenúes— resisten porque de ellas proviene su comida. Desde los años 50 del siglo pasado, políticos, empresarios y hacendados sueñan con planes que regulen las aguas. Los distritos de riego construidos por el Incora en los años 60 y los proyectos Urrá I y Urrá II obedecen a ese propósito y han desencadenado enfrentamientos sociales que desembocan en la guerra entre paramilitares y guerrillas.

La última guerra civil (1899-1902) movilizó los ejércitos conservadores antioqueños hacia el Sinú para cerrar el paso de los liberales atrincherados en Panamá. Los antioqueños descubrieron así unas tierras ocupadas por bosques ricos en maderas finas —que terminaron siendo explotadas por compañías extranjeras— y por una población indígena desplazada por negros cimarrones o libertos, desplazados a su turno por mestizos —o chilapos—, todos pescadores y todos agricultores y todos ocupando territorios definidos. Los hacendados, todos blancos y ricos, llegaron de Bolívar, de Antioquia y de Magdalena.

En los años 30, cuando López sacó adelante la función social de la propiedad, los terratenientes ocupaban tierras baldías con sus ganados para hacer actos de posesión sobre ellas, y los campesinos invadían tierras baldías o no con el mismo propósito. Los hacendados eran también militares y políticos, como el coronel Francisco Burgos y el general Pedro Nel Ospina, símbolos de un terratenientismo desaforado; y de otro lado, los campesinos eran sindicalistas organizados por Vicente Adamo, un anarquista italiano, o por Juana Julia Guzmán, una “mulata briosita”.

La ocupación de tierras y ciénagas se acentuó durante la Violencia de los 50. Julio Guerra se levantó en el alto San Jorge contra la persecución de los chulavitas y controló hasta los años 60 la región del Paramillo, donde a fines de la década nació el Epl. En las sabanas, los campesinos afianzaban sus posesiones con Baluartes y Colonias Campesinas, mientras el gobierno valorizaba las tierras con la construcción de carreteras —de Turbo a Valencia, de Arboletes a Montería, de Turbo a Pueblo Bello—. Justo por la alta rentabilidad de la tierra, el Frente Nacional impulsó tres grandes proyectos de reforma agraria y de riego en Córdoba, auspiciados por la Alianza para el Progreso.

No obstante, la redistribución de la propiedad fue mínima. Entre 1968 y 1975 se adjudicaron 4.203 hectáreas a 300 familias, pero se desecaron más de 10.000 hectáreas de ciénagas y humedales, que caerían tarde o temprano en manos del latifundio. No le faltó fundamento a Apolinar Díaz Callejas, ministro de Agricultura de Lleras Restrepo, cuando concluyó que el Incora “protegió el latifundio ganadero al institucionalizar la ganadería extensiva como ‘adecuada’ forma de explotación de la tierra”. El mismo Lleras fue consciente de la tendencia y trató de impedirla al organizar la ANUC, que en Córdoba llegó a tener más de 30.000 campesinos y pescadores asociados.

A comienzos de los 70, en los estertores de la tentativa reformista, hubo más de 700 invasiones a predios privados en la región. El movimiento campesino fue controlado, dividiendo a la ANUC y reprimiendo militarmente las ocupaciones de tierra. Los campesinos fueron empujados hacia la frontera agrícola, que en esos años se amplió en 660.000 hectáreas. Poco a poco, y no sin violencia, esta ampliación fue apropiada por los terratenientes. Más aún, la gran mayoría de las tierras entregadas por el Incora a campesinos en los distritos de riego de Ciénaga de Oro y La Doctrina pertenece hoy a ubérrimas haciendas.

El presidente Uribe, entre otros grandes propietarios, tiene una de sus haciendas en Ciénaga de Oro. No obstante, los ríos seguían reclamando sus cauces y las ciénagas sus orillas, sobre todo en las zonas bajas del Sinú y del San Jorge. Fue uno de los argumentos para construir Urrá I y Urrá II. El otro, claro está —más costeño que cordobés—, fue la producción de energía eléctrica en momentos en que el país entero vivía el apagón en 1990. Miles de millones de dólares se pagaron en estudios y diseños y, por fin, en 2000, entró en servicio Urrá I con 340 MW de potencia —el 2% de la energía eléctrica del país— y un embalse que inundó 7.400 hectáreas y costó 800 millones de dólares financiados por la banca mundial.

Para ese momento el excedente en el sistema eléctrico interconectado nacional era del 35%. Según Corelca, el aporte de Urrá I habría podido ser asumido sin los costos sociales por las hidroeléctricas de La Miel, el Guavio, Chivor. La obra generó varios conflictos y acentuó otros. El más conocido fue la movilización del pueblo embera-katío contra el proyecto. Los cabildos consideraron que la obra en su conjunto invadía su territorio —los resguardos de Río Verde, Esmeralda y Beguidó—, afectaba su economía, aceleraba la colonización campesina y amenazaba su cultura. En varias oportunidades paralizaron los trabajos de construcción, se tomaron oficinas de la empresa y organizaron una marcha a Bogotá. El asesinato de Kimi Pernía simboliza esa lucha.

La obra había sido construida sin consulta previa con las comunidades indígenas, como la ley obliga. Interpuesta una tutela, la Corte Constitucional (sentencia T 652/98) falló a favor de los nativos y ordenó la suspensión inmediata de los trabajos —tres días antes de ser inaugurada por el presidente Samper— y el pago de una indemnización “al menos en cuantía que garantice la supervivencia física del pueblo embera-katío, mientras elabora los cambios culturales, sociales y económicos a los que ya no puede escapar y por los que los dueños del proyecto y el Estado, en abierta violación de la Constitución y la ley vigentes, le negaron la oportunidad de optar”. Como evidencia del daño, se registró el desplazamiento de 6.000 pobladores de cuatro asentamientos indígenas nucleados y 17 dispersos, para llenar el embalse.

Los indígenas no fueron los únicos afectados. En el vaso del embalse había 500 familias campesinas censadas, que fueron desplazadas. La construcción de vías de la obra, la demanda de obreros y la pobreza campesina aceleraron la colonización de la región y, con ella, el cultivo de coca y amapola, el enfrentamiento entre colonos e indígenas y el enardecimiento de la guerra entre las guerrillas y los recién creados grupos paramilitares en el alto Sinú.

Aguas abajo de la hidroeléctrica, las consecuencias no han sido menos dañinas. Al interrumpir la subienda, necesaria para el desove, la mayoría de las especies ha mermado su tamaño y algunas han desaparecido o están siendo amenazadas de extinción. Los pescadores organizados en Aprosic han protestado con frecuencia y con vehemencia no sólo porque su nivel de ingresos ha disminuido, sino porque la alimentación de la región se ha visto comprometida. El cambio de niveles del río acelera la erosión de sus orillas y aumenta la sedimentación del cauce. La ciénaga de Lorica se conmata a pasos gigantescos; los desbordamientos son cada vez más peligrosos y frecuentes.

Los grandes propietarios han dado en construir temerarias soluciones para evitar que el agua anegue sus tierras. El caso de Betancí es célebre: Mancuso mandó tapar el caño que comunica la ciénaga con el río sin autorización. La iniciativa ha sido seguida por numerosos propietarios. La desecación de espejos de agua se ha generalizado al punto de que la Corte Constitucional aceptó una tutela que ordena “adelantar las acciones administrativas para recuperar el dominio público sobre las áreas de terreno de los cuerpos de agua que fueron desecados y apropiados por particulares” (T-194/99). La invasión y la defensa de humedales y ciénagas, rondas de quebradas y ríos son, en realidad, una forma del histórico problema agrario del país.

Poniendo entre paréntesis los efectos anotados, cabría preguntar si Urrá I ha cumplido los propósitos que le fueron asignados por el Gobierno y por los gremios regionales. El balance es negativo. Urrá I se ha dedicado a la generación de energía en desmedro de la regulación de las aguas del río Sinú. Desde el punto de vista ambiental, el embalse no ha logrado impedir las inundaciones aguas abajo de la presa. La más grande fue a mediados del año pasado, cuando subió dos metros arriba de la altura máxima de desbordamiento e inundó las llanuras de Cereté y Pelaya y aun el centro de Montería. “El río se emborracha —dicen los indígenas— y sale a buscar cambambas por pueblos, barrancas y potreros”. No obstante, según el Gobierno “en 110 ocasiones (la obra) ha logrado soportar grandes crecientes que hubiesen repetido históricas inundaciones”.

Urrá I tampoco ha servido como fuente de ingresos para la Nación. En palabras del ingeniero Rafael Melo, que dirigió el Plan Energético de Corelca en Barranquilla: “Urrá I nunca ha dado utilidades y nunca se debió construir porque nunca se necesitó”. Así lo confirma el informe Conpes del 19 de mayo de 2008: Urrá I ha generado sólo pérdidas en los estados financieros reportados, tanto que el Gobierno se vio en la necesidad de tercerizar el complejo, es decir, entregarle la empresa a un tercero para que la administrara. Según una destacada abogada de Córdoba, Urrá I “no es rentable. Es una carga para el Estado; en ocho años de operación no sólo no ha dado utilidades, sino que el déficit acumulado a 2007 es de $824.000 millones”.

A raíz del incumplimiento sistemático de los arreglos que indígenas y Gobierno habían firmado desde 1994, que contemplaban, como se anotó, el pago de indemnizaciones millonarias y la construcción de obras de infraestructura complementarias, los cabildos se movilizaron a Montería y a Bogotá en 2005. El resultado fue un nuevo acuerdo en el que el Gobierno, al no encontrar “necesario, conveniente ni factible el proyecto de Urrá II, se abstendrá de promover, autorizar y construir dicho proyecto”. El convenio fue suscrito por Sabas Pretelt.

Dos años después, en julio del 2007, el río Sinú se desbordó y el Gobierno estuvo a punto de declarar la emergencia económica. La empresa aprobó como paliativo parcial elevar en dos metros la cresta de Urrá I. La obra, ya contratada, cuesta 4,2 millones de dólares y aumentará la capacidad de almacenamiento de agua de 1.740 millones a 1.884 millones de metros cúbicos. Pero hasta el momento no se conocen estudios de impacto ambiental sobre la ampliación del embalse.

En septiembre del mismo año, el Presidente anunció en Maicao que el Gobierno construiría Urrá II. El Ministro de Minas pasó al bate. En Montería volvió a las andadas y anunció la constitución del Proyecto río Sinú, cuyo fin sería “el control definitivo de las inundaciones en las partes baja y media de la cuenca”. Al mismo tiempo solicitó al Minambiente renunciar a emprender estudios de alternativa. Hablando duro, sentenció: “Y no me vengan con pamplinas ambientales”. Urrá II sería un embalse cinco veces más grande que Urrá I: inundaría 53.000 hectáreas, costaría 2.000 millones de dólares y generaría 420 MW. La hidroeléctrica entraría a funcionar en 2017, cuando ya se hayan entregado otras represas como Fonce III, Pescadero, La Miel II, Besotes, Chimbo, que en conjunto significarán un excedente del 25% de energía, y elevaría esta cifra al 27%.

En círculos de expertos se opina que la nueva central tiene dos fundamentos reales. De un lado, beneficiar a los grandes propietarios de tierra de la cuenca entre Tierralta y Tasajeros. No son muchos por ser muy grandes. La CVS guarda en secreto un listado completo de grandes beneficiarios, muchos conocidos parlamentarios y no pocos testaferros de los paramilitares. La regularización del nivel de las aguas del río, quebradas, ciénagas y humedales, les daría la posibilidad de ampliar sus haciendas sobre las zonas recuperadas a las aguas y sembrar cultivos de alto rendimiento como la palma aceitera, la acacia magium y la caña de azúcar.

Son los planes y no son secretos. Una aspiración que responde a la tradición de ampliar sus predios sobre tierras desecadas y de expulsar los campesinos que aún hoy viven de la pesca y la pequeña agricultura. La expansión terrateniente beneficiada por la acción criminal de los “paras” se fortalecerá con la nueva hidroeléctrica. Se dice que Mancuso posee grandes propiedades en la zona. Conocedores de la región vinculan el desplazamiento al proyecto río Sinú. De ser así, los grandes propietarios, armados de sus influencias políticas, harían invertir al resto de colombianos en un proyecto cuyos principales beneficiarios serían ellos mismos.

Tierralta y todo el medio Sinú ha sido el territorio paramilitar por excelencia. El Diamante, sede del comando de las AUC, y Santa Fe de Ralito, sede de los acuerdos para refundar la patria y posteriormente zona de despeje para la desmovilización, no son más que los nombres de dos pequeñas poblaciones alrededor de las cuales jefes como Don Berna y Mancuso tienen extensas propiedades. Muchos de los financiadores de las masacres de los “paras” tienen también allí sus propiedades. Recuérdese El Tomate, Mejor Esquina, Valencia, Las Tangas, sitios donde se cometieron repugnantes masacres y que son a la vez enormes latifundios.

A mediados de los 80 fueron fundadas las Autodefensas de Córdoba y Urabá. Carlos Castaño en Mi confesión recuerda así el hecho: “Necesitábamos un eje para que nuestra autodefensa pudiera expandirse. Sacamos un mapa y definimos una nueva zona donde nacer, el alto Sinú. Pusimos la punta del lápiz en las tierras alrededor del río, allí existía guerrilla hasta llegar a Montería. Pero estar cerca de la capital de Córdoba conllevaba sus ventajas. Nos ofrecía extensiones de tierra abandonadas, a buenos precios y, sobre todo, fértiles”.

Ahora bien, desde el punto de vista del negocio eléctrico, no se descarta que Urrá I sea vendida a empresas privadas para invertir en la financiación de la transversal de la Costa que romperá el Tapón del Darién y comunicará Montería y Medellín con Panamá. Sería una opción complementaria a la venta de electricidad producida por Urrá II al sistema eléctrico de Puebla-Panamá, que se adelanta en América Central y que Uribe quiere extender hasta Putumayo.

La inundación de 53.000 hectáreas en el alto Sinú tiene tres grandes consecuencias: primero, afectar la mayor parte de los resguardos indígenas del alto Sinú, ya golpeados por Urrá I. Los indígenas han dicho que no quieren y no permitirán más hidroeléctricas allí. Es previsible que las movilizaciones de los embera-katío vuelvan a ponerse en marcha. En segundo lugar, el nuevo embalse inundaría gran parte del actual Parque Nacional de Paramillo, considerado una de las pocas protecciones que hay de un sistema ecológico excepcional por su situación entre los Andes y los dos océanos: desaparecería casi en su totalidad el bioma de selva húmeda del bosque ribereño y de las llanuras aluviales de los ríos Sinú, Manso y Tigre, y la Ciénaga del Barrial, reconocida por su gran valor faunístico y florístico y declarada una de las áreas intangibles del Parque Nacional.

En un consejo comunal en Montería, el Presidente dijo que Urrá II no afectaría el Parque porque no había nada que conservar, y que todo había sido destruido por las guerrillas y por los narcotraficantes. Y añadió Carlos Buelvas, presidente de la Sociedad de Ingenieros de Córdoba, una de las entidades a beneficiar: Urrá II “desalojaría grupos delincuenciales que desde hace dos décadas vienen deforestando el Parque Natural Nacional Paramillo”. En el plano jurídico, se contradicen dos normas, aquella que postula que los parques naturales son inembargables, inalienables e imprescriptibles, y uno de los artículos de la ley que creó en 1977 el parque y que, aceptado lo anterior, exceptúa del cambio de vocación del suelo la inundación para construir represas.

En tercer lugar —y es un efecto muy grave—: dado que al inundar gran parte de los ríos de la cuenca alta del Sinú, el embalse requerirá aguas adicionales, sería necesario el trasvase del río San Jorge hacia el embalse, como había previsto el proyecto anterior. Los efectos ambientales son notables y han sido denunciados: la mezcla de aguas de diferentes cuencas que suponen composiciones y calidades diferentes afectaría la vida en la hoya del Sinú. Y los efectos sobre el San Jorge no serían menores: al mermar sus aguas, afectaría la pesca y la alimentación de la población ribereña. Peor, aceleraría la desecación de todos los espejos de agua —vasos comunicantes— de la depresión momposina, función que aplauden los terratenientes. Las ciénagas de Ayapel, La Florida, La Cruz, Machado y Punta Blanca se sumarían a la desaparición paulatina de las ciénagas del Sinú: Betancí, Martinica, Grande de Momil.

No es fácil entender para los colombianos que no tenemos intereses electorales en la Costa, ni haciendas en las cuencas del Sinú y San Jorge, ni empresas constructoras de represas, las razones que han llevado al Gobierno a desconocer los acuerdos firmados con las comunidades indígenas. Un Estado responsable no puede echar por la borda su palabra. Tampoco es justificable que se desconozca la legislación vigente sobre parques nacionales y resguardos indígenas y se proponga, a cambio de las tierras, inundar ilegalmente un globo de 50.000 hectáreas en otra región, como forma de compensación.

Los grandes beneficiados por las obras de Urrá II son una minoría en comparación con el daño sufrido por la mayoría de ribereños que verán disminuidos sus recursos alimenticios, y expropiadas sus tierras a cambio de unas vagas promesas de empleo en el proyecto o en las empresas beneficiadas. Se sacrificaría uno de los pocos refugios de fauna y flora de la región a favor de intereses particulares. El conjunto de efectos llevaría a exacerbar los enfrentamientos étnicos, sociales y políticos que generó Urrá I y que su funcionamiento no pudo resolver. Quizás haya interés en sectores guerreristas de mantener atizado el fuego. O quizá sea un mero regalo de Uribe a los propietarios que han sido fieles a su causa política, que no son muy distintos a quienes son hoy acusados de parapolítica o de colaboración con el paramilitarismo.

Rey contra peones

2008-12-04T19:01:00.001-06:00

Harto tiene de inteligente el comentado silencio del presidente Uribe respecto a la reforma electoral para la elección directa. No podía ser de otra forma, en un país polarizado donde tanto se critica la permanencia en el poder, como el caso de Chávez, el mentado demonio de izquierda, resultaría en verdad contradictorio que Uribe manifestara directamente su intensión de permanecer en el palacio de Nariño, pues sería como ponerse en el lugar de sus enemigos políticos y arriesgarse a la crítica inteligente de la oposición.

Resulta apenas predecible que en las circunstancias actuales, donde el gobierno ha ocupado más tiempo en batear los tantos reveses que le ha mandado la oposición, el presidente, hábil ajedrecista como es, prefiriera esperar a que sus subordinados, mediante tácticas democráticas como el referéndum, levantaran la voz del pueblo que lo aclama, para poder salir diciendo al mundo que su tercer mandato es resultado del pedido del pueblo colombiano más que su propia aspiración política.

Sin embargo, este silencio condenó la reforma electoral al fracaso, porque los colombianos son fervientes seguidores de Uribe, pero no son tan ciegos con el uribismo, es decir, con quienes hacen el trabajo sucio desde el partido que el señor comanda. Aún así, es de admirar la capacidad estratégica del gobernante; porque un buen ajedrecista se adelanta dos o tres jugadas, que sería lo mismo que decir dos o tres periodos. Es de esperarse que después de ocho años en el poder los favores políticos y las alianzas trazadas desde la silla presidencial le den a Uribe la posibilidad, o mejor, la posición para continuar ejerciendo el poder desde la silla de su casa. De logar, como parece apuntar, posicionar un candidato para el 2010, sin duda el manejo de las fichas seguirá corriendo a su cargo, más cuando es evidente que después de dos periodos más de la mitad de los poderes del estado son hombres asignados directamente por el dedo rector, mientras deja descansar al pueblo o lo prepara para su triunfal regreso. Dejar un periodo de por medio le permitirá, desde luego, retornar victorioso y mantener a raya la posibilidad de que se le acuse de dictador, pero no lo mantendrá de ninguna manera fuera del juego.

Aún así, parece no tomar en cuenta que no es el único con fichas sobre el tablero. Habrá que ver, con la calma que sólo la historia permite, cuales son los factores que entrarán a jugar durante ese periodo intermedio; y si la oposición logra integrar las fuerzas que aparecen desde las bases de la pirámide social. No es para nada gratuito que mientras el Estado se empeña en hacer alarde de los constantes descalabros a las Farc-ep, los ocho años de gobierno han obligado, aún con lo peligroso que resulta, una ola de manifestaciones y levantamientos sociales, como el caso de los cañeros, la minga, los estudiantes, e incluso el mismo sistema judicial, que han demostrado inteligencia y preparación política. En este punto habría que detenerse y poner atención a las constantes acusaciones de parte del Ejecutivo que se empeña en desvirtuar cualquier clase de oposición acusándola de aliado del enemigo público número uno de Colombia, las Farc. No queremos entrar en detalles sobre lo improcedente y angustiante que resulta ese ejercicio de gobierno de acusar a cualquier tipo de librepensamiento u oposición pública de terrorista. En cambio resulta procedente preguntarse qué tan real es la cantada victoria sobre los grupos armados. Recordemos que el continente entero tiene una notable tendencia de izquierda, y que además las decenas de años de trabajo de los grupos armados no son vanos en este juego de poderes. Valdría la pena preguntarse qué tanto tiene de verdad esa acusación, que ya parece un chiste, y reconocer que las fuerzas de oposición, ya sean armadas o políticas, en su movimiento de fichas, tendrían que tener alguna participación en la preparación y organización de estos fuertes que se han ido levantando pausadamente y con buena voz para ejercer su derecho a la crítica, e incluso se juegan la vida en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, a sabiendas de que el estado al que se oponen suele resolver los conflictos sociales con balazos, y atrapar a la opinión pública con mártires de las fuerzas armadas, que aún cuando sean pocos en número en comparación con los civiles caídos en las batallas, con la ayuda de los medios de comunicación le roban una que otra lagrimita al electorado, que el día de las velitas no dudará en prender alguna por los pobres prestadores de servicios de seguridad. Estos movimientos, que sufren diariamente de torturas y amenazas, el último año se han llenado de valor para salir a las calles. Aquí es donde tiembla el tablero, siguiendo con la figura del ajedrez, y empiezan a aparecer fichas que la U parece no atender del todo, porque bien les ha resultado la táctica de desaparecer metódicamente sindicalistas y líderes campesinos. La participación del campesinado y las comunidades indígenas, así como de los estudiantes y de los sectores socio políticos que no han quitado el dedo del renglón en la denuncia de la participación paramilitar del estado, necesariamente ejerce un poder sobre las clases afectadas por la guerra que alimenta las arcas gubernamentales. Recordemos que ese tan renombrado apoyo al presidente Uribe, que llegó en su punto más álgido a cifras porcentuales de 80 puntos, nunca tuvo en cuenta la falta de participación en las urnas de las clases menos favorecidas; es decir, ese altísimo porcentaje de colombianos no era más que los votantes desentendidos, clase media para arriba de habitantes de las grandes ciudades del país; ¿y el resto qué? Pues los demás, que resultan superar en número a quienes deciden en este país, estaban escondidos en la montaña, o son “migrantes”, o “terratenientes” que bajo el miedo del cañón nunca participan de las encuestas públicas porque no hacen parte del censo poblacional. Y cómo harían parte si ni casa tienen donde puedan ir a tocarle los censores. Pero las cosas han cambiado y los votantes que nunca existieron en estos conteos ahora aparecen en serio, con propuestas políticas claras, con organización, con discurso, y con la fiereza de quienes arriesgan su cabeza, ahora ya agotados por la situación social, para hacer uso de la tan malograda democracia para manifestar su descontento. No debemos extrañarnos de que los próximos comicios electorales, aún bajo la sombra del estado del terror, y a pesar de las consabidas y demandadas facturas de fraude que no pasaron a mayores en el periodo anterior, en esta ocasión, y sin Uribe en las listas, saldrá a ocupar su lugar social para manifestar lo que parece apenas evidente, que el pueblo ya no es capaz de soportar un tercer mandato.

No lo sé a ciencia cierta, pero sin duda el 2010 dará un giro a lo que ha venido sucediendo, basta dar una mirada relativamente crítica a lo que sucede en el país para darnos cuenta que, salvo la clase atorada en el espejismo de la derecha, el mundo está dando un giro importante para ajustar, al menos un poco, el desorden de los sistemas políticos que la derecha ha impuesto, y se va desmembrando la máscara de la gran mentira, se cae la economía falaz en la que está montada está trampa y con ella la evidente retórica de la guerra y el desamparo.

JuanP

Palma aceitera

2008-12-04T18:37:00.000-06:00

A alias macaco se le incautaron empresas fachada, entre ellas varias de palma de cera.
Por ejemplo, para el 2001 se movilizaron 7.439.469.000 USD en el comercio munndial de los aceites de palma (fuente: FAO).
La palma también llamada aceitera se siembra en zonas de trópico húmedo, con temperaturas promedio de más de 27 grados, con entre 2.000 y 3.000 milímetros de precipitación, en zonas con buena luminosidad y terrenos planos, entre otras características.
En Colombia esas características las reúnen algunas zonas del Pacífico y del occidente, en el centro-este y en los Llanos Orientales, una extensión de sabanas de unos 17 millones de hectáreas, fronterizas con Venezuela y Brasil, utilizadas hoy para la ganadería, principalmente. Allí también se adelantan proyectos de biocombustibles a partir de la yuca.
ONG internacionales en Colombia han documentado 113 asesinatos en la cuenca fluvial de Curvaradó y Jiguamiandó, en la región del Chocó, a manos de paramilitares que trabajan con compañías palmicultoras para que éstas se adjudiquen tierras que legalmente pertenecen a comunidades afro colombianas. Las organizaciones siguientes han documentado y condenado estos abusos de los derechos humanos: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Fundación Manuel Cepeda, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (todas ellas de Colombia), Christian Aid (UK), CCFD (Francia), Ecologistas en Acción (España), WOLA (USA), US-Office on Colombia, Centro E. Balducci (Italia), Comunidad Mapuche Juan Paillalef (Chile), Presbyterian Peace Fellowship, Presbyterian Church, Franciscan Province of the Sacred Heart , Witness for Peace, Lutheran World Relief (todas de USA), SICSAL (Internacional), Movimiento Sem Terra (Brasil), Madres de la Plaza de Mayo-Línea Fundadora (Argentina), H.I.J.O.S.-Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Argentina), PSACS (Canadá), Movimiento Mundial por los Bosques (Uruguay), Comisión Ética contra la Tortura (Chile), Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (España), Red CAPICUA (España).
El 93 por ciento de las plantaciones de palma en el área están situadas en tierras de las que las comunidades poseen títulos colectivos.
Con más de 300.000 hectáreas, Colombia es el cuarto productor mundial de aceite de palma. El gobierno pretende expandir esas plantaciones a un millón de hectáreas en los próximos cuatro años. De acuerdo a las ONG colombianas Grupo Semillas, ILSA y ACVC, la cifra podría acercarse a los 2 millones; esta propuesta es impulsada directamente desde la presidencia de la República bajo el manto de la producción de energías alternativas; desde allí se alimentan y promueven proyectos de plantación en zonas de propiedad comunitaria, y se liberan servicios concesionados a empresas como Urapalma SA, que pertenece a familiares y amigos de los Castaño Gil, y que adelanta acciones directas con el gobierno en turno para ampliar las zonas de cultivo.

Jefe paramilitar revela que Uribe ordenó la masacre

2008-11-12T19:12:00.001-06:00

Francisco Enrique Villalba, ex jefe paramilitar en Antioquia,aseguró ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara que fue el Presidente de la República quien ordenó la masacre de ‘El Aro' en el año 1997.
"La orden se dio por ocho secuestrados que había (...) él nos explicó sobre el secuestrado de Mario, el primo de Uribe (...) el Presidente mismo me dio en su momento la orden personalmente en el año 97 de cometer esa masacre", aseguró el ahora detenido jefe de las AUC.

Pero también Villalba Hernández afirmó que el Presidente lo condecoró, sin entregar detalles de cómo se había dado tal distinción.

Este miércoles el recluso se hizo presente en la Comisión de Acusaciones para declarar en el proceso que lleva esta célula legislativa por la concida masacre.

Francisco Enrique Villalba Hernández, es el único detenido por ese episodio de violencia, donde él mismo confiesa haber sido el jefe de un grupo de asalto de 22 hombres que perpetró la masacre de El Aro y después la de La Balsita.

Primero compareció el 15 de febrero y sostuvo que se entregó ante el CTI en febrero de 1998 porque se enteró de que venían los magnicidios de Eduardo Umaña, Jesús María Valle y Jaime Garzón.

Luego aseguró que Santiago Uribe era conocido de la organización porque respaldaba un bloque de las autodefensas en Santa Rosa de Osos en momentos en que su hermano era gobernador de Antioquia. Acusó al general Manosalva, al general Carlos Alberto Ospina y al comandante de la Policía Rosso José Serrano. En su declaración aportó detalles sobre el supuesto plan para asesinar a Jesús María Valle.

Después volvió el 15 de mayo para ampliar su declaración y dio detalles sobre la masacre de El Aro, hablando de supuestas reuniones entre Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y los hermanos Uribe.

La última vez lo hizo el pasado 12 de junio y sostuvo que, de las reuniones ante las autodefensas, los funcionarios del gobierno, los militares y los policías, existen grabaciones y fotografías. Particularmente frente a la reunión para planear varios magnicidios, Villalba sostiene que se hizo en la vereda Las Cruces, dos kilómetros antes de llegar a San José de la Montaña, en una finca llamada La Marranera.

Francisco Enrique Villalba Hernández está condenado a 33 años y cuatro meses de prisión por la masacre de El Aro y a 37 por la masacre de La Balsita.

Lleva diez años preso y sus testimonios han pasado de los señalamientos a las retractaciones y viceversa. Su triple declaración de los últimos meses circula de mano en mano, ha pasado por todos los medios de comunicación y la manejan los abogados que defienden a los procesados de la parapolítica.

Mi hermano fue un falso positivo

2008-10-30T16:47:00.000-06:00

TESTIMONIO.
El escalofriante testimonio de Luis Esteban Montes, un soldado que se enteró de que sus compañeros de pelotón mataron a un campesino cualquiera para hacerlo pasar por guerrillero. Pero la víctima resultó ser su propio hermano.
Sábado 25 Octubre 2008
"Todo pasó el 30 de abril del año pasado. Yo estaba como soldado contraguerrilla en el Batallón de Infantería N.31 que opera en Córdoba. Mi compañía llevaba más de 15 días sin hacer mucho en un pueblito caluroso que se llama San Juan. No había operaciones ni patrullajes. Los soldados estábamos simplemente ahí, sin hacer nada. Pero el Día de la madre estaba cerca y los altos mandos empezaron a preocuparse porque no teníamos resultado para mostrar, ni méritos para que nos dieran los días y poder salir a visitar a las familias. Entonces se empezó a hablar de "legalizar" a alguien. Es decir, de matar a una persona para hacerla pasar por guerrillero y así ganarse el permiso para salir. No me sorprendió del todo, pues las 'legalizaciones' son un asunto cotidiano.
"Una noche, mientras yo hablaba con mi familia por teléfono, llegó mi cabo Jonathan Pineda y me dijo: "Guajiro, váyase para el cambuche que ya tenemos el 'man' al que le vamos a hacer la vuelta". Yo le pregunté que quién era, pero me mandó a callar y me advirtió que mi capitán Jairo Mauricio García había dado la orden de que no le habláramos para que no se diera cuenta de que lo iban a matar. Le pregunté: "¿De dónde es el 'man'?" y me dijo que de La Guajira. Siempre buscaban personas que fueran extrañas a la región para que ningún familiar los reclamara. De todas maneras yo tenía mucha curiosidad porque también soy de La Guajira. Entonces me salí del cambuche, prendí un cigarro y escuché que el hombre me pidió otro. No le alcancé a ver el rostro porque no había luz ni luna. Estaba lloviznando. Le regalé el cigarro y nos pusimos a charlar. Al poco tiempo me di cuenta de que era mi hermano, Leonardo Montes. "Mi hermano se había ido de Maicao hacía mucho tiempo, cuando yo apenas era un pelao de 9 años. Por eso no lo reconocí. Pero cuando me dijo el nombre de mi papá, lo comprobé. Era mi hermano y era también al que habían elegido al azar para matarlo. No lo podía creer. Entonces me destapé. Le dije que yo era el 'niño', Luis Esteban, su hermano. Nos abrazamos y en medio de la emoción le advertí que lo iban a matar para hacerlo pasar por guerrillero. Le dije que se fuera, pero él no me creyó. Él se había hecho muy amigo de dos soldados de mi compañía que lo invitaron hasta el cambuche. Leonardo estaba seguro de que no le iban a hacer nada. Estaba engañado. "Después de 20 minutos conversando con él afuera, me mandaron a llamar. Entonces me fui directo donde mi cabo Pineda y le dije: "Ustedes no pueden matar a ese hombre porque él es mi hermano". El cabo no me creyó y me dijo que mejor hablara con el capitán García, quien tampoco me creyó. Lo único que hizo fue insultarme. Le insistí. Le dije que le preguntara por el nombre de mi papá, de mis hermanos, de la familia, de la calle en Maicao donde habíamos nacido. "A partir de ese momento todo fue un enredo. El capitán y yo discutimos varias horas y mi hermano lo escuchó todo. Al final, les dije que ya no me importaba si me creían o no, que ese hombre que iban a matar era mi hermano y primero tenían que matarme a mí. "Por qué no trae a un hermano suyo, capitán, o a su papá y así puede irse contento el Día de la madre. Pero con mi hermano no se pueden meter", le dije. Todos estaban muy alterados. No podían creer que la única persona que lograron conseguir para asesinar resultara ser el hermano de un soldado de su propio pelotón. El plan que tenían de buscar a alguien que no fuera de la zona, a alguien que no tuviera dolientes en el pueblo y que su muerte pasara inadvertida, se les había ido a la basura."Después de un rato, el Capitán me dijo: "A mí no me duele la mano pa matar a ese hijueputa". Tampoco era difícil encontrar quién lo hiciera porque cada compañía tiene sus dos o tres sicarios, que son siempre los que hacen esas vueltas y se ganan su millón de pesos. "En un momento de descuido aproveché para decirle a mi hermano que se fuera corriendo, que saltara por unos alambres, que pasara la quebrada y se fuera para la casa porque lo iban a matar. Él decía que no se iba porque ahí sí era más fácil que lo asesinaran. Logramos salir un poco del cambuche, conseguimos una mototaxi y él se fue para el pueblo. Yo me quedé pero, obviamente, esa noche no pude dormir."Al otro día me di cuenta de que todo había cambiado para mí. Mis compañeros me odiaban. Entonces le pedí a un coronel que me trasladara porque yo no era capaz de patrullar con la misma gente. Además estaba muy débil, pues me había atacado con fuerza el paludismo. Ese mismo día me mandaron para una compañía diferente en Puerto Libertador, un pueblo cercano a San Juan. Allá me sentí más tranquilo. Al menos no tenía miedo de que me mataran. La idea de denunciar a mis compañeros se me pasó por la cabeza, pero finalmente no lo hice en ese momento. Ya había liberado a mi hermano, que era lo más importante, y quería evitarme problemas con mis superiores."Como al tercer día de estar en Puerto Libertador escuché que la compañía donde yo estaba antes había "dado una baja". Me entró la duda por mi hermano y le pregunté a un soldado si sabía quién era el muerto. Él me contestó que no, pero que un carro lo estaba recogiendo para llevarlo al cementerio."De inmediato me fui para donde una tía que vive en Puerto Libertador y le conté todo. Le pedí que me acompañara al cementerio. Cuando íbamos caminando hacia allá, pasó el carro con el muerto pero tenía la carpa abajo y no pudimos verle la cara. Cuando llegamos al lugar, el muerto ya estaba en el piso envuelto en un plástico blanco. Yo me tiré sobre él, rompí la bolsa y me di cuenta de que era mi hermano, Leonardo. El hueco ya estaba listo y dos soldados lo agarraron de los pies y de las manos y lo tiraron así, sin ataúd ni nada. Supuestamente, le encontraron una granada y un arma en las manos. Pero ya hay un testigo en el pueblo que dice que él le vendió esa pistola al Ejército y yo me acuerdo cómo, días antes al 30 de abril, dos soldados de mi pelotón la estaban limpiando con orina para borrarle las huellas."Después de ver todo esto llamé a mi familia en Maicao. Les conté todo y ellos vinieron por él hasta Córdoba para darle cristiana sepultura. Fue entonces cuando decidí demandar al Estado. Pero el mundo se me vino encima. Estoy en permanente estado de alerta porque pienso que me puede pasar algo. Me da miedo comer lo que me dan en el Ejército y aunque ya completé tres años en la institución y hoy estoy en el Batallón Juan del Corral, en Rionegro, Antioquia, la única función que puedo cumplir es recoger la basura de todos. No puedo ir a zonas de combate porque tengo medidas especiales de protección. Además, muchos me tienen la mala porque saben de la demanda y de mi historia. Yo espero que todo esto pase muy rápido. El caso lo tiene una fiscal de derechos humanos, quien está investigando a los siete militares implicados en mi caso. El día que se haga justicia veré qué otro rumbo le doy a mi futuro. Lo que pasó con mi hermano me cambió completamente la vida y creo que ya merezco un poco de tranquilidad".

Habló la dignidad

2008-10-28T19:33:00.001-06:00

Ya están mintiendo los medios. Ya están preparándose los montajes. Ya están limpias y listas las armas y las municiones. Ya se preparan decretos y se organizan elegantes reuniones para mentir de cuello blanco. Ya nos volvió a ignorar el opresor y el asesino.
Por: ACINTejido de Comunicación y Relaciones Para la Verdad y la Vida
Oct 20, 2008
Aunque los medios de propaganda al servicio del régimen distorsionen, sigan encubriendo, malinterpreten y engañen. Aunque el Presidente más popular y firme -después de encomendarse al espíritu santo- salga a actuar su espectáculo de falsedades; que le aplaudan en auditorios preseleccionados por decir lo que no es -pero sí lo es porque él lo dice. Aunque los generales y sus hombres (incluidos los paramilitares que ya no existen pero siguen matando) silencien -encapuchados- a más indígenas y campesinos y niños y mujeres y sindicalistas y afros y cualquiera, para que el terror gane elecciones y desplace millones. "Para" que el terror garantice la aprobación de leyes y el ingreso a la Casa de "Nari" por el sótano -a los de bajo rango- y por la puerta principal a los patrones (igualitos al Presidente y a los Ministros, pero asegura la Ley que no son los mismos).
Aunque la verdad siga siendo mentira y la mentira consolide en el poder y en las primeras páginas a los codiciosos mercaderes sin escrúpulos. Aunque algunos sigan insistiendo que el propósito fundamental de la movilización de los indígenas es el de reunirse con un Presidente ilegítimo después de que él ordena que los masacren y los acusa de ser bandidos y se inventa acuerdos que no existieron. Aunque como indígenas insistamos en el diálogo y le hagamos un llamado a la cordura aún a los dementes que se inventan enemigos para podernos matar y acuerdos para condenarnos por incumplirlos. Aunque la vida siga igual en Colombia avanzando hacia la debacle del hambre, la guerra, la crisis económica y la estupidez colectiva paseándose con banderitas blancas de la paz a nombre de seguir matando.
Hoy, en un rincón de Colombia, en un resguardo indígena creado para la Convivencia , el Diálogo y la Paz , en el corazón indígena del Cauca, se escucharon unas palabras solemnes, perdurables, serenas y hermosas. Es que no eran palabras, sino pasos que venían de siempre y que seguirán resonando en las almas de los silenciados y excluidos, hasta cuando se hagan verdad y vida. Durante 22 minutos, se recogieron siglos de dignidad y resistencia. A nombre de todas las víctimas de 516 años de imposición y opresión. De gentes sin nombres, sin lenguas y acostumbradas a todo el dolor y las derrotas. Feliciano Valencia dijo lo que había que decir y frente a su gesto y firmeza humilde, quedó reducida la ignominia del poder, del Gobierno, de los mercaderes transnacionales, a su justa y verdadera estatura, la que les dan siglos de mediocridad para estafar y enriquecerse. Hoy habló el honor. La dignidad tuvo palabras.
Primero nombró lo que no es cierto. La lista es larga, pero al final, demuestra que "no tenemos Gobierno", porque la mentira, la ilegitimidad, la fuerza y el engaño no tienen autoridad. Luego convocó al Constituyente Primario, porque la Soberanía está en el Pueblo. Repasó la agenda de la movilización. Los cinco puntos que son mucho más que tierras. No se puede comprar a los indios (o por lo menos no a los dignos) con unas tierras en Caldono o en el Cauca, porque ese no es el problema. No se puede exigir que los indios cumplan un acuerdo que nunca han suscrito y que fabricaron desde el Gobierno los Ministros. No se puede negar que el modelo de desarrollo que tiene recursos para construir túneles, pero no puede pagarle a los corteros para que no se mueran de hambre envejecidos trabajando y que se impone con tratados de libre comercio, es inaceptable y perverso. No se puede negar que las leyes que hacen son para imponer el hambre y el despojo sin consultar a los afectados que las exigen derogadas. Que acá todo se hace a fuerza de terror y guerra desde las transnacionales, "para" ellas con ejércitos legales e ilegales y que esta guerra contra la vida debe terminar, sus víctimas ser reparadas integralmente y la justicia hacerse realidad. No puede seguirse cerrando, a nombre de la democracia, el derecho de los pueblos a ser abuelas y tejer su agenda desde el dolor colectivo que ha generado la opresión permanente.
Por eso no es para los indígenas sino desde los hermanitos mayores que se nos convoca a los pueblos a salir a las calles a nombrar el camino. Por eso la Minga continúa y a partir del martes 21 de Octubre, se marchará hasta Cali y más allá si fuera necesario.
Las palabras de Feliciano Valencia pueden escucharse. Quedaron registradas. No puede registrarse la emoción inmensa del momento en que iban brotando. Las esperamos llegar con angustia en la garganta y cuando nombraron una a una lo justo, lo preciso, lo digno y exacto, lloramos de dignidad, entretejidos y abrazados como un pueblo. Hemos sabido sentir lo que somos y estamos nombrados allí para caminar hasta las últimas consecuencias.
Ya están mintiendo los medios. Ya están preparándose los montajes. Ya están limpias y listas las armas y las municiones. Ya se preparan decretos y se organizan elegantes reuniones para mentir de cuello en blanco. Ya nos volvió a ignorar el opresor y el asesino. Pero Cinesio Mina se levanta. El negro esclavo criado entre indios sale de la sombra de la memoria y de la lucha y anuncia que negros e indios, campesinos y pobres de todas las pelambres, tenemos la belleza lista y la dignidad afilada para marchar paso a paso. Porque sabemos que ellos nos derrotan muchas veces, pero nosotras y nosotros solamente tendremos que ganarles una vez y será para siempre. Ese día, Cinesio, Manuel Quintín Lame, Gaitana, Benkos, ese día CARAJO!, el tiempo eterno del silencio se hará grito y les quedará claro a los hijos de los opresores y asesinos que luchábamos, que estamos y seguimos luchando, por el futuro que sus padres nos vienen negando desde cuando creen solamente en el Dios de la codicia. Caminaremos en paz, con dignidad, sin armas como lo venimos haciendo. Vamos con una palabra que impide que nos sometan. Hoy, somos libres. Lo que ustedes nunca alcanzarán por más dinero que tengan. Gracias, Feliciano. Cumpliste, aunque haya quienes solamente lo quieran ocultar.

Manos unidas

2008-10-28T19:30:00.002-06:00

Una mano más una mano

no son dos manos;

Son manos unidas.

Une tu mano a nuestras manos

para que el mundo no esté en pocas manos

sino en todas las manos.

Gonzalo Arango

El sur ideológico

2008-10-24T17:45:00.001-05:00

La semana pasada más de doscientas mil personas marchaban en Bogotáconocados por un frente a cuya cabeza se encuentran el Polo DemocràticoAlternativo (PDA), coalición de izquierdas que en las últimaselecciones presidenciales se erigió como la segunda fuerza polìtica delpaís, y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que agrupa a lossindicatos. La marcha convocada incialmente contra las politicasrepresivas del gobierno (decreto del estado de conmoción interior entreotros) y en defensa de los derechos democráticos, fue un éxito. Aunquealgunos sectores más moderados del Polo y de la dirigencia sindical intentaban desdibujar el trasfondo de clase del movimiento ,limitandolas reivindicaciones a consignas abstractas sobre la democracia, lamarcha se convirtió también en una muestra de apoyo a las luchas quedesde hace varias semanas vienen protagonizando los corteros de caña ylos trabajadores del poder judicial.
En los últimos días los acontecimientos se han sucedido con rapidez. Lalucha que ha estallado entre los indígenas ha sido duramente reprimiday la acción del gobierno ya ha costado varias vidas. Los sindicatos hananunciado una huelga general para el 23 de Octubre. Este artículo denuestro corresponsal en Colombia, a pesar de haber sido redactado antesde estos últimos acontecimientos, analiza las causas de fondo queexplican los mismos y constituye un material imprescindible paracomprender la dinámica que siguen los acontecimientos y cuáles debenser las tareas de los revolucionarios.
Los Trabajadores Colombianos levantan la cabeza
Por Corresponsal en Colombia
Parala revolución venezolana es particularmente importante el destino de supaís hermano, Colombia, y el de sus trabajadores, y además, lastrasformaciones de todo tipo que sus hermanos y hermanas sean capacesde lograr en contra de su propia burguesía. Aunque en los últimos años,los ataques más despreciables del imperialismo estadunidense han tenidoun vehículo llamado la “Oligarquía Colombiana”, no se debe pensar quelas clases trabajadoras de Colombia son ajenas a las amenazas que sufrela revolución venezolana. ¡No, nada más equivocado! El destino de lostrabajadores de Colombia está tan ligado a Venezuela como el destino delos trabajadores de Venezuela al de Colombia. Y es por eso que lostrabajadores de ambos países les importan tanto el triunfo de larevolución venezolana y la colaboración y solidaridad para acabar consus dos respectivas oligarquías nacionales.
Por otro lado, si el régimen de Uribe ha sido capaz de enviar en elpasado a 200 paramilitares a Venezuela, y decir que Chávez “teníaintereses expansionistas en Latinoamérica”, y otras múltiples ofensasdiplomáticas directas e indirectas, “además” de conspirar con EE.UUpara matar a Chávez y desestabilizar el país, debemos preguntarnos ¿Acaso los trabajadores debemos detenernos ante las fronteras paraextender la llama revolucionaria? ¿No podemos los trabajadores deColombia y Venezuela conspirar juntos para derrocar a nuestrasoligarquías nacionales? Las respuestas son obvias, si son“internacionalistas” los oligarcas, ¿por qué nosotros no podemos serlo?
El régimen de Uribe
En el 2002 subió Uribe al poder, y en las manos llevaba elfascismo. Los trabajadores desde ese año han sufrido una arremetidaferoz, todavía más feroz que las que habían soportado con gobiernosanteriores. Para el pueblo colombiano este hecho constituyó unatragedia y para la historia una farsa. Por eso Uribe es una caricaturade Hitler, Mussolini y Fujimori. Por otro lado, en el caso del pueblovenezolano el régimen fascista de Colombia ha sido una eterna mosca queentra por la ventana, y ¡ay! sí que no deja de fastidiar, claro, hastaque se la mata.
Durante el gobierno Uribe han sido asesinados más de 515 sindicalistas,ha habido aproximadamente 1.600.000 desplazados, a causa de losmega-proyectos apoyados por el régimen, que se fundamentan en expropiara sangre y fuego a los campesinos e indígenas para apropiarse de sustierras y recursos, buscado estructurar un modelo agro exportadorbasado en la soja, la palma de cera, etc. En este período elsindicalismo casi ha desaparecido: “La política del gobierno es lacausa principal de debilitamiento de los sindicatos (unido alasdirecciones sindicales y de los diferentes partidos de izquierda, quehan cometido graves errores). En los años 80 los sindicatos llegaron aafiliar al 14% de los trabajadores y hoy, con una poblacióneconómicamente activa que supera los 20 millones de personas, apenasorganiza a 850 mil trabajadores, es decir a un 4%. La negociacióncolectiva ha caído también dramáticamente y en el año 2006 representóel 18,4% de la registrada en 1996, con tan sólo 47.280 trabajadoresbeneficiados. Entre el 1 de Enero y el 20 de Julio de este año, lacifra se redujo a niveles ridículos, que apenas beneficiaron a 17.051trabajadores” (Voz Proletaria, Septiembre 5 del 2007, Pág. 4.)
Tan sólo en cuatro años de gobierno fascista “se registraron 11.292personas asesinadas o desaparecidas fuera de combate (o sea, en sucasa, en la calle o en su trabajo), por violencia sociopolítica entrejulio de 2002 y junio de 2006. Esto significa que, en promedio, más desiete personas (7,8) fueron asesinadas o desaparecidas forzadamentepor fuera de combate por motivos sociopolíticos cada día en Colombia.”(Comisión Colombiana de Juristas, Colombia 2002-2006: Situación dederechos humanos y derecho humanitario, pág.2) “En cuanto a la presuntaautoría de las violaciones ocurridas entre julio de 2002 y junio de2006, el 75,15% de las muertes por fuera de combate en las que seconoce el presunto autor genérico se atribuyó a responsabilidad delEstado: por perpetración directa de agentes estatales, el 14,17% (908víctimas); por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas porgrupos paramilitares, el 60,98% (3.907 víctimas (Ibíd. Pág.3)
Con estos tres datos basta para saber un poquito del gobierno Uribe.No disponemos de espacio para profundizar en detalle (en otro trabajoque serà publicado próximamente en esta misma web lo hacemos). Noobstante, cabe aclarar algo de paso, el fascismo uribista realmenteha tenido el apoyo ciego de una gran parte de la población o por lomenos su aprobación. Desde la operación “Jaque” (2 de Julio 2008, enla que se liberan a varios secuestrados) y mucho antes de ésta se hahablado de los altos índices de aprobación del gobierno. Por ello, laadministración ha contado con la facilidad de poder destrozar a losmovimientos populares y obreros con mayor habilidad que otros regímenes anteriores.
Aun así, Newton indicaba que “todo lo que sube tiene que bajar”. Yahí es en donde llegamos a los puntos de inflexión que nos hacenpreguntarnos qué sucederá en Colombia en los próximos años: ¿Qué tieneque subir y que ha de bajar? Y decimos entonces: “la historia conocetodo tipo de trasformaciones, a veces impredecibles como si surgierande la nada, verdaderos vuelcos y crisis que nuca los hombres seesperaban a la vuelta de la esquina”. Estamos en esos momentos en quese desarrollan esos puntos de inflexión que son decisivos en el futurode Colombia y Venezuela. En el caso de Venezuela se acerca un momentodecisivo el 23 de Noviembre, y por otro lado, en las circunstancias deColombia el movimiento popular y las clases trabajadoras estánempezando a levantar la cabeza, y de muchas circunstancias depende queeste punto de inflexión sea un requiebre para el triunfo de lostrabajadores sobre el “uribismo”, el capitalismo y el fascismo.
Crisis económica y divisiones en el seno de la clase dominante
¿Cómo se ha dado este proceso en Colombia? En este país desde el2007, con el inicio en agosto de la crisis hipotecaria, la clasedominante a recibido un impulso “exterior” para empezar a agarrarse ygolpearse más duramente de la habitual: En el 2008 la producción delcuarto mes bajó en 9% respecto a el mismo año pasado, igualmente lasaspiraciones del fascismo por la supuesta idea de que la inversiónextranjera salvará el país es desmentida ahora. Los capitalistasextranjeros exportan el capital y lo repatrían, no siendo peor, “el 75%de los ingresos de capital por tal concepto se destinan al sectorpetrolero y vienen a sustituir el ahorro doméstico, y el resto seorienta a la adquisición de empresas”. “El auge especulativo endiferentes ramas como la de la construcción, que era la cabezaeconómica con índices de crecimiento de un 11%, se ha visto abandonadapor la especulación cuando los precios de los insumos cayeron en un12%, Al igual ha sucedido con las actividades metalmecánicas quecrecían con elevadas tasas, y ahora rozan la modestia”.
Normalmente los oligarcas mantienen sus disputas entre bastidores,cartas y susurros. Los diferentes sectores de la clase dominante se hanenfrentado en pos de evitar un poder absoluto del uribismo en losúltimos dos años. El problema entre oligarcas se reduce, a saber, aquien dirige, cómo se debe solucionar la crisis política, económica,social y nada más. Mientras duran las vacas gordas todo es felicidad enel capitalismo, todos especulan, hablan de los grandes logros, y de laimposibilidad de próximas crisis. De repente, apenas aparece el “crack”, empiezan los conflictos y todos los viejos dichos se van a la basuray comienza la disputa. En resumen esto es lo que representan lasdiferentes disputas de Uribe con las diferentes ramas del estadoburgués, que a su vez representan el interés contradictorio de laoligarquía. Es por eso que los sectores de los liberales de la CorteConstitucional han puesto en jaque hasta ahora a Uribe, pero no hay quepensar en unos ideales magistrados que defienden “heroicamente a lostrabajadores contra la dictadura”. De hecho la corte constitucionalaprobó como reglamentario el TLC y en dos ocasiones los dirigentesCarlos Gaviria y Enrique Robledo hablaron difusamente de la“uribización” de la corte. Luego reconciliaron y volvieron en sudefensa. En todo caso es de resaltar los graves enfrentamientos entrelos sectores más afines a Uribe y de otro modo más cercanos a CesarGaviria, (ex presidente neoliberal) que se representan en elenfrentamiento entre el ejecutivo y la Corte Constitucional, órganocooptado por los liberales. La prueba de esta verdad es simple ¿por quése aprobó el TLC en la Corte? ¿Por qué desde 1991 la CorteConstitucional no ha hecho nada por el pueblo Colombiano? Elemental.
Los enfrentamientos oligárquicos han empezado desde hace meses adesenmascarar a la clase dominante y por otro lado, estas arengas hanestado acompañadas por la movilización de los estudiantesuniversitarios y de secundaria y por las huelgas de los profesores (elaño pasado), en las jornada contra la privatización de la educación yla reforma a las transferencias (ataca el presupuesto de salud,educación, saneamiento ambiental y agua potable). Y como explica Lenin:los estudiantes y los sectores de los trabajadores educativos son eltermómetro de la sociedad. Hay que ver con detenimiento aquellassituaciones donde los conflictos empiezan por las copas de los árbolesy en los cuales hay un papel activo de los estudiantes y lostrabajadores intelectuales.
Por otro lado, la crisis mundial, que ha afectado a Colombia desdeagosto, ahora se ha desarrollado violentamente . Nuestro país es tansólo un “marine” en el “gran barco” de la economía de estadunidense. Enmedio de todo, las circunstancias están llevando a agotar al gobiernoUribe y volviendo un caldo de contradicciones sociales, políticas yeconómicas que la oligarquía intentará resolver y los trabajadoresobviamente han empezado a pensar en solucionar o ya están actuandodirectamente por cambiar la situación. Finalmente, cada dos días, elrégimen sufre un gran escándalo. Hasta el New York Times ha dado sumodesta opinión de no perpetuar a Uribe en el poder.
La respuesta de la clase obrera
Ahora bien, ¿Qué están haciendo los trabajadores al respecto? Veamos que escribe el órgano del Partido Comunista Colombiano:
“Laspasadas elecciones para el comité ejecutivo nacional y lassubdirectivas de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, permitieronun notable avance de las corrientes clasistas al interior de lasorganizaciones de trabajadores. La nueva dirección de la Central sepropone enfrentar al uribismo y los desmanes de las transnacionales con movilización.
Los casi 250 mil votantes favorecieron las propuestas de oposiciónal gobierno de Álvaro Uribe y su política antinacional y autoritaria.Los trabajadores colombianos han sido el blanco principal de laspolíticas neoliberales y junto a los otros sectores populares hansentido todo el rigor de la negación de derechos y el empobrecimientogeneralizado. Este es un Gobierno que ha beneficiado exclusivamente ala oligarquía y a las multinacionales. Por eso el voto en laselecciones sindicales fue de los trabajadores más conscientes, conmayor comprensión de la lucha por la soberanía y la democracia y deahí que favoreciera a los candidatos del Polo. Las principalesdignidades en el comité ejecutivo fueron ganadas por una coalición quepropone un mayor énfasis en la denuncia de la dominación imperialista,en la movilización contra tal intransigencia y contra las políticas delGobierno y los patronos, y que ha estado alertando sobre lo inútil quees el diálogo si no se cuenta con el respaldo de la lucha de lostrabajadores. El acuerdo tripartito con el gobierno y empresarios,firmado por el comité ejecutivo anterior, favoreció el ocultamiento dela violación de libertades sindicales y rebajó la presión internacionalsobre el Gobierno de Uribe, creando confusión en las filas obreras.
En las circunstancias que vive el país, está probado que elmovimiento sindical no puede guardar expectativa alguna en lasconvocatorias del inquilino de la Casa de Nariño. El ejemplar paro decamioneros ante el incumplimiento de acuerdos firmados, lasmovilizaciones de campesinos, procesadores y comerciantes de lechecruda, la huelga de los mineros de Drummond y las decenas de paros delos trabajadores tercerizados, entre otras luchas, son muy dicientes delo que debe hacerse para ser escuchado por este Gobierno. Por elcontrario, con el diálogo y la conciliación el Grupo Ardila Lulle y elMinisterio de la «desprotección» Social despojaron a los obreros deCOLTEJER de sus más elementales derechos.”
(La Voz, órgano del PartidoComunista, Agosto 27 del 2008 pág.3)
Los trabajadores se han empezado a movilizar y como habíamos dicholos marxistas antes se orientarían primero hacia el PDA que a lasnumerosas sectas o hacia los grupos guerrilleros. Además de estasmovilizaciones y del nuevo comité ejecutivo de la CUT, hay dos procesosbastante importantes que llevan casi un mes: el paro de los corteros yel paro del sector judicial. Los dos son ejemplo para toda la claseobrera del país y los sectores populares.
La lucha de los corteros de caña
El paro de los corteros de caña empezó el 15 de Septiembre. Susexigencias son “de toda la vida”, y su último intento de llegar a unacuerdo se dio en el 2003: en el pliego se exigía entre muchas cosas“mejores condiciones en el sistema de transporte porque se nostransporta peor que a animales”. La patronal agrupada en ASOCAÑAlógicamente se negó y los trabajadores se dispersaron. El trabajo delcortador de caña de hace 200 años no es muy diferente al actual,mientras que las ganancias obtenidas y el rendimiento por trabajadoractual es miles de veces mayor al de hace 200 años. Del 2005 al 2007nada más en los ingenios azucareros de “Don Ardila Lule” se leexprimieron a los trabajadores ganancias por dos billones ochocientosmil millones de pesos. Estas ganancias que se chupan la sangre de lostrabajadores contrastan con la realidad del los obreros y sus familias.Nada más vale la pena saber que por cada tonelada producida se pagan 3dólares, y con esfuerzo inaudito diariamente se pude producir 3toneladas, o sea, 9 dólares a cambio de una explotación espiritual, material repugnante y esclavista.
En este paro los trabajadores corteros han exigido un pliegobastante modesto en comparación a lo que se exigía en los 70s o 80s, asaber: Contratación directa de los trabajadores para contrarrestar laexplotación de las cooperativas de trabajo asociado. Garantía delderecho al trabajo frente a las pretensiones de aumentar lamecanización del corte de caña, aumentando el desempleo. Garantía decorrecto pesaje de la caña cortada, eliminando tablas altamenteperjudiciales para los corteros. Aumento de salarios. Atención, porparte de los ingenios, de más de 300 trabajadores discapacitados, comoconsecuencia de los daños derivados de la labor del corte de caña.
En este mes lo corteros ha recibido varias respuestas del gobierno:
“1. Al gobierno le ha costado mucho trabajo y tiempo reglamentarlas cooperativas para pensar ahora en acabarlas.2. La mecanización delos cultivos es una necesidad, por lo que se debe ir pensando que va apasar con la mano de obra sobrante.3. Los ingenios deben negociar conlos trabajadores a través de sus cooperativas.4. El gobierno no puededesmilitarizar los cultivos, ya que la fuerza pública está paragarantizar los derechos de los trabajadores, tanto a los que realizanla protesta como a los que quieren trabajar. Igualmente, a los dueñosde los ingenios para que puedan poner a producir sus maquinarias.5. Lostrabajadores pueden continuar con el paro pero deben desbloquear lasentradas a los ingenios y permitir el ingreso de las personas quedeseen trabajar.6. El gobierno ha recibido de la fiscalía informaciónrelacionada con una reunión entre los corteros y guerrilleros de lasFARC. Hay un testigo protegido por la Fiscalía, que acudió al CTI yentre las cosas que ha dicho, dice lo siguiente: que la guerrilla citóa unos corteros a reuniones y que los obligo a hacer el paro”
(Asonalrechaza encerrona uribista, http://www.pacocol.org/, Octubre 4 de 2008)
La respuesta del gobierno fue de militarización, deslegitimación yseñalamiento inmediato de los 18.000 trabajadores y sus familias. Aún asabiendas de las modestas peticiones de los trabadores. ¿Pero por quétan asustado el presidente? Como hemos dicho al principio el espíritude la revolución es internacional y desde hace unos seis años laoligarquía ha temido de la influencia de la revolución latinoamericanaen general y de la venezolana en particular en las masas trabajadorasColombianas. Y es ahora, en esta situación de inflexión, donde nosabemos con qué nos encontremos en la próxima esquina tanto nosotroscomo el nervioso Uribito. La revolución bolivariana produce un ambiente electrizante en las masasy las condiciones deplorables en materia política, económica y socialagitan las mentes de toda la sociedad. Es por eso que 250.000trabajadores han votado contra la junta conciliadora de la CUT y por laconfrontación de clases. El gobierno está nervioso porque la lucha delos corteros puede ser una lección valiosa para muchos trabajadorescolombianos, así como es la revolución bolivariana para todos losproletarios de Colombia.
El paro de los trabajadores del sector judicial
El otro acontecimiento importante es el paro nacional de lostrabajadores del sector Judicial, dirigido por ASONAL. Con 47.000afiliados, el sindicato ha iniciado el paro y la huelga desde el 2 deseptiembre, exigiendo “la aplicación de la ley 4 de 1992 que establecela nivelación salarial en la rama judicial, lo que equivale a invertircerca de 800 mil millones de pesos”. Y cuál ha sido la respuesta delgobierno ¡emitir un decreto de estado de sitio (Conmoción interior)!Pero ¿por qué tantos nervios, si el estado de sitio es la última cartay únicamente se trata de dos huelgas que suman a 65.000 trabajadores?.El gobierno otra vez teme que se contagien las huelgas y todo acabe enun desastre. Pero es que acaso Uribe no tiene la más alta popularidad.“La historia conoce grandes transformaciones” (Lenin), ésa es larespuesta.
El pueblo colombiano está empezando a sacar conclusiones: lasituación colombiana es despertante y las lecciones de la revoluciónamericana están despertando a la vida política a las masas. Lo mejorque pueden hacer los trabajadores venezolanos para impulsar surevolución es impulsar la revolución en Colombia y la mejor forma deimpulsar la revolución en Colombia es acabando con las propiedades dela oligarquía venezolana. Que no quede ni un banco, ni unterrateniente, ni un burgués en pie. Con eso bastará para que enColombia se preparen acontecimientos decisivos, y ya en Venezuela no seexasperará por ataques de su hermana república, porque los trabajadoresColombianos estarán listos y armados para defenderla.
¡Por la solidaridad de las clases trabajadoras de Venezuela yColombia! ¡Por la expropiación de las propiedades de la oligarquía enambas naciones! ¡Por una federación socialista Bolivariana que agrupe aColombia y Venezuela! ¡No a la guerra entre las dos naciones, sí a larevolución en ambas naciones! ¡En defensa y solidaridad de lostrabajadores corteros de caña y del sector judicial! Estamos segurosque la situación pronto cambiara en Colombia.
Source: Corriente Marxista Revolucionaria - Venezuela

Todos somos corteros, todos somos indígenas

2008-10-23T16:32:00.007-05:00

Aunque insistan; son mentiras.

Octubre 2008

Autor: Tejido de Comunicación ACIN

TODOS SOMOS CORTEROS. TODOS SOMOS INDÍGENAS.

Todos somos culpables de luchar por la dignidad y la vida contra un régimen al que se le agotaron los argumentos y solamente tiene uno: fabricar el enemigo que le conviene para eliminar el contradictor que lo supera en dignidad y en derecho.¿Vieron las pruebas? El senador Alexander López en un gimnasio, rodeado de corteros de caña y nombrando la miseria, la injusticia de la que han sido víctimas y (¡delito!) su derecho a no dejarse aplastar, a actuar, a reclamar sus derechos. Reclamar un derecho de manera pacífica y democrática. A eso “incitó” el Senador Alexander López en el gimnasio del video -“prueba estrella”- a los corteros. Hay órdenes de captura contra sus asesores y contra líderes del movimiento de los corteros. Ya han capturado a uno de los líderes. Las pruebas, una vez más, solo demuestran la acción criminal del Gobierno y su persecución contra personas comprometidas y coherentes con la defensa de la dignidad y la vida. A propósito, el Senador Alexander López es miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y le corresponde seguir haciendo lo que ha hecho de manera ejemplar con su equipo por todo el país: denunciar las violaciones de derechos humanos y apoyar a quienes luchan en su defensa.Quienes hemos acompañado a los corteros y a sus familias, quienes hemos ido a escucharlos, a recibir su hospitalidad en los cambuches, a compartir sus historias, un café y un pan generoso. A quienes vimos sus piezas de inquilinato, los recibos que documentan la forma en que los roban. A quienes miramos sus rostros cansados y dignos, sus cuerpos a la vez fuertes y enfermos. A quienes sentimos su fuerza honesta, transparente y su ejemplar sinceridad y humanidad, nadie nos puede convencer que ese movimiento lo infiltraron las FARC, ni que Alexander López y sus asesores los manipularon o los instigaron.Durante siete meses, luego de trabajar jornadas infames de más de 12 horas diarias para no conseguir suficiente para el sustento, se reunieron poco a poco para pensar, para entender. Se reunieron solos los corteros entre sí, para nombrar ese cansancio tan presente, tan agobiante y sentido y para identificar las causas y condiciones de su explotación. Pacientemente acumularon los hechos, los argumentos, las pruebas. Convencidos y llenos de argumentos, durante esos siete meses, se fueron acercando a otros corteros de otros ingenios y reconocieron una realidad común, un cansancio compartido y una decisión colectiva: NO AGUANTABAN MAS MISERIA. Así, organizados en una comisión de corteros de la mayoría de los ingenios, prepararon y presentaron un pliego colectivo de peticiones a ASOCAÑA. En todos los ingenios recogimos los testimonios. La respuesta fue displicente, de desprecio. Para ASOCAÑA y para el Gobierno, representado por eL Ministerio de la Protección Social , no solo no tenían derecho los corteros a ese pliego de peticiones sino que no existían. Fueron ignorados.En ese contexto, Alexander López escucha a los corteros. Estudian él y sus asesores el contenido del pliego y lo respaldan. Así surge la Audiencia del 14 de Junio de 2008 en Pradera. De ella queda un documento en video que habla por si mismo. Ante la intención de la audiencia, el Presidente Uribe ordena, en un franco abuso de autoridad, que “judicialicen y metan a la cárcel” al Senador López. Pero además lo hace con cargos que invierten y distorsionan la historia. Acusó el Presidente Uribe al Senador López de haber generado la quiebra de EMCALI. La evidencia demuestra, por el contrario, que Alexander López luchó por salvar a EMCALI de la quiebra a la que la estaban llevando la corrupción y las iniciativas de privatización.Que el movimiento de los corteros quiera y respete a Alexander López y a sus asesores. Que los dirigentes de los corteros hayan adquirido una ejemplar claridad política que supera sus reivindicaciones inmediatas.Que la decisión de hacer un paro que va en su segundo mes y que ha despertado la solidaridad y el reconocimiento de vastos sectores del país y del mundo, no es prueba de que las FARC lo hayan infiltrado ni de que los dirigentes sean terroristas. Prueba, por el contrario, que es una lucha sólida, digna, justa y admirable.Pero acá reaparece lo que es ya un patrón obsceno. El Régimen acusa a los movimientos sociales dignos y concientes de ser terroristas y presenta “pruebas” en ese sentido para judicializar y encarcelar a sus dirigentes. Corteros comprados dieron testimonios falsos contra los luchadores. El ESMAD atacó algunos campamentos. La dirigencia de ASOCAÑA y el Gobierno presentaron datos falsos, versiones distorsionadas e intentaron estigmatizar toda la lucha. Todo esto ha fortalecido la lucha.Ahora, hay órdenes de captura, se nos anuncia, contra 6 personas. Órdenes injustas, fabricadas, que demuestran una vez más, el abuso del poder del Estado contra los pueblos en la intención de criminalizar la reivindicación social.El patrón se ha hecho evidente1. Los medios de comunicación presentan de manera casi exclusiva y excluyente la posición y versiones de los patronos, del Gobierno, de la Fuerza Pública. Niegan la palabra y evidencias de quienes se movilizan. Son portavoces del poder establecido y cierran espacios al debate público abierto.2. El Gobierno fabrica “pruebas” contra los dirigentes y quienes los apoyan como pretexto para reprimir la lucha y judicializarlos.3. El Gobierno señala la movilización social de reivindicación de derechos o de oposición a políticas de Estado como un delito que se propone “desestabilizar” en la perspectiva de establecer como criminal la movilización y la acción política de oposición.Los medios que le han negado la palabra a indígenas y a corteros, ahora nos imponen repetitivamente las “pruebas” y declaraciones contra el Senador López, contra los asesores de los corteros, contra los líderes de los corteros, contra el movimiento indígena. Las “pruebas” no resisten el más mínimo análisis y cuestionamiento. Son interpretaciones fabricadas de hechos con un sesgo persecutorio. No presentan los hechos ni respetan el espacio abierto que deben garantizar para el análisis jurídico de las evidencias. Se le dice a la gente lo que debe ver, entender y creer y se impide cualquier cuestionamiento. El quehacer de los medios es sesgado, condenable y criminal, como lo es el del Estado. Pero además, los turistas están advertidos. Si vienen a Colombia solamente pueden ver playas y disfrutar la belleza física del país. Si se llegan a asomar a la miseria, si descubren la verdad de la mayoría, si visitan pueblos en lucha por la justicia social, son inmediatamente arrestados y expulsados del país. A Colombia no se puede venir a ver la verdad, esto es un delito.Desesperar a los excluidos y explotados: cierre de espacios, negación de derechos y libertades, persecución y señalamiento de líderes, manipulación de instancias y procesos jurídicos, estigmatización de movimientos como terroristas, tratamiento de guerra contra movimientos indígenas y populares. Escuchar hasta la saciedad, hasta la desesperación, el espectáculo mediático Álvaro Uribe Vélez, repitiendo lo mismo, forjando un país fantasioso e ilusorio, con discursos de honestidad, democracia, rectitud y transparencia que son totalmente contrarios a sus actos. Habilidoso el Gobernante en su arte de discursos. Serían excelentes, Presidente, si fueran verdad, como quiere el 80% de la gente que lo apoya. El problema es que no lo son y que la verdad es de sangre, propaganda, terror y miseria.Se busca con esto polarizar para transformar el conflicto social en una guerra y el país en un teatro de operaciones. La guerra cierra los espacios democráticos, niega los derechos y permite que la fuerza desplace a millones y entregue las riquezas a unos pocos. Los demás somos esclavos. Los demás somos corteros.Si, es así.

TODOS SOMOS CORTEROS. TODOS SOMOS INDÍGENAS.

ACIN

Octubre 18 de 2008.

Resistencia y autonomía de los pueblos indígenas frente a políticas estatales

2008-10-23T16:19:00.001-05:00

A finales de la década del setenta Manuel Trino Morales, fundador de la ONIC, acusó al Estado Colombiano ante el Tribunal Russell, por las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas, victimas de la violencia institucional, bajo un instrumento denominado en ese entonces, Estatuto de Seguridad. En esta oportunidad el Tribunal Russell condenó al Estado Colombiano por torturar, desaparecer, perseguir, detener de manera arbitraria y realizar ejecuciones extrajudiciales contra miembros de nuestros pueblos indígenas.

Debemos recordar que para esta época estaba germinado el proceso de lucha de los pueblos indígenas de Colombia con la conformación de organizaciones regionales que reivindicaban nuestros derechos colectivos fundamentales a la tierra, la cultura y la autonomía. Así mismo, no podemos ignorar que la respuesta del Estado a nuestro proceso organizativo fue la satanización y criminalización de nuestra resistencia pacifica y en derecho. En los años setenta en todos los escenarios institucionales del Estado, los indígenas que reclamábamos la protección y restitución de nuestros derechos colectivos y especiales, sin importar nuestros argumentos jurídicos, éramos subversivos o teníamos nexos con la guerrilla.

Mientras los indígenas apoyados en la normatividad vigente reclamábamos nuestros derechos y luchábamos por abolir instituciones esclavistas como el terraje, el Estado colombiano respondía a nuestras demandas con violencia y muerte. Estos abusos del Estado hacia nuestros pueblos y sus expresiones organizativas, nos enseñaron que solamente unidos podíamos superar la represión oficial y proteger nuestros derechos. En este contexto va tomando forma el movimiento indígena nacional y la comunidad internacional conoce que en Colombia los pueblos indígenas que defienden, recuperan y exigen sus derechos son tratados como delincuentes y subversivos. La ONIC, surge en el año de 1982, como nuestra respuesta organizada para enfrentar los atropellos, la decidía y falta de voluntad política del Estado para proteger y garantizar nuestros derechos.

Hoy treinta años después y en el marco de una política de Estado denominada Seguridad Democrática, nos reunimos para demostrar la responsabilidad que le cabe al Estado, las compañías multinacionales y los particulares en el exterminio, etnocidio y descomposición de nuestros pueblos, victimas de la implementación de megaproyectos, grandes obras de infraestructura y expropiación de sus territorios y recursos naturales, de biodiversidad y genéticos.

Parece una paradoja, pero ayer como hoy somos victimas de las políticas de seguridad del Estado y lo somos porque cuando se trata de expropiarnos, negar o ignorar nuestros derechos el Estado recurre al argumento de la seguridad para despojarnos de nuestros patrimonios colectivos y restarle legitimidad a nuestras reivindicaciones. Por lo mismo el actual Gobierno Nacional califica a nuestras autoridades como delincuentes y ofrece recompensas económicas por ellas cuando estas en su pleno derecho actúan para proteger o defender y restituir nuestros derechos territoriales. A diario los funcionarios del Gobierno Nacional señalan a nuestras autoridades y lideres indígenas como subversivos, por el hecho que nos oponemos a una represa hidroeléctrica, al establecimiento de cultivos extensivos destinados a la producción de agro combustibles, a las exploraciones y explotaciones petroleras o la explotación de minas en nuestros territorios de ancestrales y de resguardo.

Para el Estado colombiano la seguridad democrática significa presencia militar para el control territorial y garantías jurídica para la inversión extranjera. Para los pueblos indígenas Seguridad Democrática es militarización de nuestros territorios, guerra, confinamiento, desplazamiento, hambre, desconocimiento y desmonte de garantías constitucionales, deslegitimación de nuestras formas de resistencia, desconocimiento de nuestras autoridades, inasistencia humanitaria y muerte, todo esto para garantizar que empresas trasnacionales y empresarios nacionales puedan despojarnos de nuestros territorios y sus recursos; así como también para implementar sus planes inconsultos de desarrollo nacional.
Durante estos últimos treinta años las políticas públicas para pueblos indígenas no cambian y por el contrario se tornan más agresivas y devastadoras y en todo caso conducen a negarnos mediante estrategias de guerra nuestro derecho fundamental a la existencia. Pueblos indígenas que reclaman y luchas por sus derechos son enemigos del estado y tratados desde la óptica de la seguridad democrática como objetivo militar.

Para el Estado y su política de seguridad democrática, los pueblos indígenas que defendemos con autonomía y dignidad nuestros derechos, recursos y patrimonios colectivos y exigimos garantías legales para nuestra pervivencia, somos ante todo un obstáculo para el desarrollo del país. Desarrollo que según el Estado depende de la explotación por terceros de los recursos naturales de nuestros territorios. Por lo mismo cuando defendemos nuestros territorios o rechazamos y denunciamos sus políticas legislativas, agropecuarias, petroleras o mineras entre otras de efecto nefasto para nuestra integralidad étnica, nos considera apartidas, subversivos o cooptados por la guerrilla. Ignora el Estado en su prepotencia que tenemos derechos fundamentales a la participación, la consulta previa y el desarrollo de acuerdo a nuestros acervos e intereses culturales y colectivos.

Con el argumento que los pueblos indígenas que rechazamos y denunciamos sus políticas genocidas somos delincuentes, terroristas o guerrilleros, el Estado colombiano evade todo responsabilidad como garante de nuestros derechos; y por lo mismo omite aplicar en nuestra defensa y protección la constitución política y las leyes de la republica o darle curso a la implementación de los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos.

No existe dentro de las actuales políticas del estado colombiano, una sola que efectivamente garantice, promueva o permita el disfrute a plenitud de nuestros derechos y por el contrario la normatividad establecida para nuestra protección, es objeto de desmonte y omisión por parte del Estado, a la vez que impulsa nuevas leyes en beneficio de intereses foráneos para quienes pretenden abrir nuestros territorios y subastar nuestros recursos naturales, de biodiversidad y genéticos. Olvida el Estado que nuestros territorios son propiedad privada de carácter colectivo y que su función es garantizarnos el pleno disfrute de nuestros patrimonios y responder por las afectaciones que nos cause. Nuestros territorios no son baldíos, tienen dueño y la ley nos faculta para adminístralos con plena autonomía.

En Colombia es norma general excluir a los pueblos indígenas de los planes de desarrollo del Estado y los entes territoriales regionales y locales; es norma general no consultarnos sobre el desarrollo que queremos o sobre el uso y aprovechamiento de nuestros recursos. No encontramos planes de desarrollo a ningún nivel que se hayan propuesto, construido o ejecutado con la participación de los pueblos indígenas. Y cuando nos referimos a los procesos de consulta previa sobre acciones en nuestros territorios que nos puedan afectar o interesar encontramos que ninguno cumple con la normatividad establecida en el derecho interno e internacional para pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas de Colombia desde nuestros procesos de resistencia para proteger nuestras integridad cultural e integralidad étnica, así como el futuro, la pervivencia y la sostenibilidad de nuestras sociedades, no estamos interesados en acoger en nuestros territorios megaproyectos, obras de infraestructura o actividades extractivas de recursos naturales inconsultos o impuestos; así como aquellos que nos conduzcan al exterminio y la extinción.

Los pueblos indígenas pervivientes no queremos encontrar el horror del pueblo Yaregui, exterminado por las balas oficies en aras de proteger la explotación de hidrocarburos de la Concesión Barco. No deseamos las masacres y el exterminio de que han sido objeto los pueblos Sicuani, Barí, Wayúu, Nasa, Emberá, Cofán, Siona y Nukak Maku, entre otros, todo por expropiarles sus territorios y apropiarse de sus recursos naturales.

Los pueblos indígenas seguiremos fortaleciendo nuestra resistencia, nuestra lucha organizada y autonómica; así mismo protegiendo nuestros derechos y patrimonios. Nuestra voluntad política es proteger y evitar en lo inmediato que veintiocho pueblos indígenas que hoy se encuentran sumidos en procesos genocidas de extinción victimas de la negligencia del estado, los actores armados, los narcotraficantes, los empresarios inescrupulosos y los colonos, desaparezcan en el silencio cómplice y haciéndole el juego a quines nos consideran un estorbo o que planean para el futuro de la nación una Colombia sin pueblos indígenas, sin resguardos y sin recursos naturales protegidos.

A quienes con sus leyes, proyectos políticas y estrategias de guerra abogan por nuestra extinción, descomposición e integración les decimos que el movimiento indígena nacional en las fronteras de la nación, en las selvas, los ríos, los desiertos, las montañas y las ciudades, esta fortaleciendo su resistencia pacifica con otros sectores democráticos y sociales del país que abogan por una Colombia incluyente, tolerante y soberana donde reine la justicia social, la equidad y el estado de derecho.

Así mismo manifestamos que no queremos, ni adoptaremos, ni permitiéremos en nuestros territorios, propuestas de desarrollo sobre nuestros bienes, recursos y patrimonios que no cuenten con nuestra plena autonomía o que promuevan nuestro exterminio. Si la voluntad política del Estado es aniquilarnos, la nuestra es la pervivencia con autonomía.

Con la fuerza espiritual que nos otorgan nuestras leyes de origen, con los derechos que nos asisten como pueblos originarios, con las garantías establecidas en la legislación nacional y en los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos; así mismo con la solidaridad de las organizaciones sociales y sectores democráticos y populares de nuestro país y de la comunidad internacional, nos opondremos y denunciaremos las políticas genocidas del Estado para

Sí el Estado colombiano tiene como objetivo el exterminio de los pueblos indígenas, los pueblos indígenas tenemos el compromiso de transformar el Estado y sus instituciones. Para este fin y el de construir una nación pluralista, incluyente, soberana y con justicia social, nos uniéremos y sumaremos a quienes por la vía democrática, participativa e incluyente, tengan como meta una Nueva Colombia tolerante de la diversidad y con garantías de derechos para todos.

El Estado colombiano debe saber que los pueblos indígenas de Colombia hemos establecido históricamente nuestros propios procesos políticos, sociales, culturales y económicos de resistencia. Nuestra resistencia indígena es pacifica y tiene un carácter histórico que se remonta a los procesos de conquista y colonia frente a la corona española, pero que continúa y se renueva con las violaciones, obstáculos, proyectos genocidas de exterminio y retos que nos ha correspondido afrontar.
Consejero Mayor – ONIC: Luis Evelis Andrade Casama.

2008-10-23T16:13:00.001-05:00

Carta al presidente

2008-10-23T15:57:00.001-05:00

Carta al señor presidente

Carretera Panamericana Santander de Quilichao 23 de octubre de 2008
Doctor:ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la Republica
Sr. Presidente:
Usted ha rectificado públicamente su aseveración inicial de que la policía no disparó, reconociendo que sí lo hizo. Sin embargo en dicha rectificación continúa afirmando que nuestros muertos no han sido causados por dichos disparos, sino que lo han sido desde la misma movilización con uso de artefactos terroristas. Usted ni siquiera se atreve a poner en duda lo que le dicen sus generales, a pesar de que ellos ahora están reconociendo al país, que no dicen la verdad. ... Y no se trata de una acción aislada de un miembro de la Fuerza pública que ha disparado ¿que hacia allí este policía armado y encapuchado en medio de la policía y el SMAD? ¿Los demás policías que estaban con él y sus mandos no lo vieron sino hasta que salió por CNN? Seguro que tampoco vieron a quienes vestidos de civil estaban armados, con morrales, de camisetas blancas, caminando en medio de ellos como consta en videos que tenemos. O a usted le mienten sus generales, o es la seguridad democrática la que de manera calculada le miente al país.La Minga de resistencia indígena y social y, dentro de ella, la marcha en la que vamos hacia la ciudad de Cali, están hoy más vigentes que nunca. Protestamos y denunciamos ante el país y el mundo, el tratamiento de guerra que recibe la protesta y la movilización social. Denunciamos y rechazamos el irrespeto territorial a la María, Piendamó, y la expulsión de más de 11 familias que no pueden acceder a sus lugares de vivienda y pancoger. Exigimos al Gobierno nacional el resarcimiento de nuestro buen nombre, ya que se nos sigue señalando de realizar acciones terroristas a pesar de que la verdad va emergiendo en medio de la mentira estatal.Es vigente nuestra marcha porque vamos a plantearle al país 5 puntos de encuentro entre organizaciones sociales y sectores democráticos del país. Esa búsqueda común es por un país en que quepamos todos y es independiente de que concretemos con usted el debate público que hemos propuesto, porque es una búsqueda desde la sociedad civil.Finalmente, usted ha respondido sobre la asistencia al debate propuesto. Extrañamente ha dado muchas vueltas para poder comunicarse con nosotros, hasta solicitando el apoyo de un astrólogo, cuando desde la semana pasada viene funcionando una comisión de facilitación integrada por el señor Procurador General de la Nación, el Defensor Nacional del Pueblo, Diputados delegados por la Asamblea Departamental y Alcaldes Indígenas. A través de esta comisión le hemos enviado carta anterior que ahora le reenviamos; a través de esta comisión no hemos recibido ninguna respuesta. Solamente hemos conocido su alocución pública.Respecto a su alocución, Sr. Presidente, planteamos lo siguiente:• La reunión debe ser en la ciudad de Cali o en el camino hacia la misma. Usted Señor Presidente, ha comunicado que la reunión para el debate se hará en el ciudad de Popayán. Esto es algo que no entendemos. Si estamos marchando hacia Cali, si aquí vamos todas las autoridades indígenas y los sectores sociales integrantes de la Minga de Resistencia indígena y social, porque tenemos que devolvernos; si el debate es público porque se tiene que hacer desconociendo las más de treinta mil personas que avanzamos en la marcha; por motivos logísticos y de responsabilidad con nuestra movilización, las autoridades indígenas y demás voceros de la minga no podemos ir a un sitio diferente a donde está la Minga.• Para la realización de la reunión, la cual está propuesta como un debate público, deben establecerse las condiciones para lograr que realmente sea equilibrado y con garantías para los participantes. Proponemos que se establezca una moderación concertada del debate y unas reglas de juego previas. Nuestra propuesta para la moderación es que sea el Sr. Procurador de La Nación, Dr. Edgardo Maya Villazón.• Los puntos de la agenda del debate son:- Derecho a la vida y derechos humanos- Cese de la agresión y ocupación territorial- Adopción de la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas- Cese de la legislación del despojo que coloca en riesgo la pervivencia de los pueblos.- Cumplimiento de acuerdos incumplidos con organizaciones y movilizaciones sociales.Sr. Presidente: delegue usted las personas para organizar la agenda, metodología y condiciones del debate que de nuestra parte haremos lo mismo.Minga de resistencia social y comunitaria
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA - CRIC
Autoridad Tradicional

Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular

2008-10-23T15:55:00.001-05:00

Escrito por ONIC
martes, 14 de octubre de 2008
“Que el estado de conmoción no apague la voz de los Pueblos y el grito de la Madre Tierra”.

Los Pueblos Indígenas y sus autoridades convocamos a los sectores sociales, populares y democráticos de la sociedad colombiana a la MINGA NACIONAL DE RESISTENCIA INDIGENA, que es una jornada de unidad comunitaria, social y popular. NUESTROS OBJETIVOS1. Resembrar en la memoria colectiva, que los Pueblos Indígenas desde 1492 sistemáticamente estamos siendo exterminados, accionar que se ha profundizado con las políticas del actual gobierno.2. Defender la vida y los derechos territoriales, políticos, ambientales y alimentarios.3. Rechazar la ilegitimidad e ilegalidad del gobierno y del Congreso de la República por estar ligados con el para militarismo.4. Exigir el pleno goce de los derechos humanos y construir con todos un país para todos.5. Liberar la Madre Tierra, por que mientras ella sea sometida y destruida no hay futuro para nadie.¡PORQUE NOS MOVILIZAMOS!1. Por el derecho a la vida, contra el genocidio y los crímenes de lesa humanidad.2. Por la defensa y liberación de nuestros derechos territoriales, la derogatoria inmediata del Estatuto de Desarrollo Rural como la máxima expresión de exclusión, represión y discriminación de los Pueblos Indígenas de Colombia y el cumplimiento de los acuerdos en materia territorial.3. Para exigir nuestro derecho fundamental a la paz y denunciar el fracaso de la política de guerra de la seguridad democrática y por una salida negociada y digna al conflicto armado que vive nuestro país.4. Porque se ha profundizado el desmonte de los derechos y garantías constitucionales logradas en la Constituyente de 1991, y la sistemática violación de los derechos humanos. Además porque el Estado colombiano se abstuvo de votar la declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y ha obstaculizado la aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA.5. Por el derecho a disentir, rechazar y denunciar las políticas de seguridad democrática, desarrollo rural, globalización de la economía y de desmonte de garantías constitucionales para favorecer y otorgarles seguridad jurídica y militar a las trasnacionales.6. Contra la criminalización y judicialización al movimiento indígena y a la protesta social y la satanización de los movimientos y organizaciones sociales que reivindicamos la realización de nuestros derechos a la vida, a nuestros territorios, autonomía y el respeto y vigencia de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.7. Contra la impunidad y por el derecho a la justicia para los delitos de genocidio y de lesa humanidad. No podemos callar ante la mano aplastante de la impunidad y exigimos que la verdad sobre el genocidio y el despojo sea revelada al país y a la comunidad internacional; así mismo exigimos reparación integral para todas las victimas del conflicto y garantías de no repetición de la barbarie8. Para denunciar que Colombia no es el paraíso de la paz, por la vía de la política de seguridad democrática las cifras dan cuenta de 1.125 indígenas asesinados durante los últimos seis años, 18 pueblos indígenas en vía de extinción victimas de las omisiones del estado, 450.000 indígenas sin tierra, 3’000.000 millones de ciudadanos colombianos que viven refugiados por fuera del país, 400.000 mil familias que han perdido su vivienda, 4’000.000 millones de desplazados internos, 30.000 desaparecidos, 5.000 mil ejecuciones extrajudiciales; cientos de educadores, periodistas y sindicalistas asesinados durante los últimos seis años, el 45% de la población económicamente activa engañando al hambre por medio del subempleo, 2’000.000 millones de `personas en situación de mendicidad, miles de víctimas de los actores armados ilegales y de las fuerzas del Estado sin verdad, justicia, ni reparación. Además, cerca de 6’000.000 millones de hectáreas de las mejores tierras del país en manos de los narco-políticos-paramilitares como su botín de guerra.9. Para reafirmar nuestra voluntad política de conservar y reestablecer el Estado social de derecho, apoyar las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia, exigir castigo para los responsables de crímenes de lesa humanidad, justicia y reparación para las victimas.EXIGIMOS1. Implementar medidas especiales de carácter urgente y concertadas con las autoridades indígenas frente a la grave crisis humanitaria de nuestros pueblos, en especial, los que se encuentran en vía de extinción, así como medidas contra la impunidad ante las violaciones de nuestros derechos y ejecuciones extrajudiciales que se han incrementado con las políticas del actual gobierno2. Restablecimiento de nuestros derechos territoriales mediante el cumplimiento de los acuerdos celebrados y la concreción de una política integral en materia territorial, así como resarcimiento público del buen nombre de los pueblos indígenas e indemnización a las victimas de la Liberación de la Madre Tierra.2. La ratificación inmediata por parte del Estado colombiano, de la declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y apoyo a la aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA.3. La derogatoria de la ley 1152 o Estatuto de Rural y los decretos presidenciales 2838, 1500 y 779 de 2008, así mismo resolución ICA que prohíbe el comercio de aves de corral.4. Verdad, Justicia y Reparación a las víctimas de los grupos paramilitares, agentes del Estado y grupos subversivos.Instamos a los organismos de control y defensores de DDHH nacionales e internacionales su intervención como garantes en este proceso de MOVILIZACIÓN LEGÍTIMA Y PACÍFICA.¡LEVANTAMIENTO INDÍGENA POR LA VIDA, LA DIGNIDAD, LA SOBERANÍA Y DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y COLECTIVOS DE LOS COLOMBIANOS!AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA - ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIAOctubre 2008.

Los Embajadores

2008-09-30T16:05:00.001-05:00

Por Antonio Caballero
Cómo van a ser embajadores esos colombianos que tienen que rebuscar en el mundo la seguridad para sus vidas que no encuentran aquí
Sábado 27 Septiembre
Dijo Juanes, el cantautor, que “mucha gente va por el mundo haciendo patria, incluso los inmigrantes que han tenido que dejar el país para ayudar a sus familias. Ellos también son embajadores”. A los empresarios y gente de negocios que en la fiesta de la revista Portafolio aplaudieron las palabras de Juanes les debieron parecer muy bonitas, muy solidarias, muy chorreantes de buenos sentimientos. Y, al aplaudirlas, debieron sentirse ellos mismos también muy solidarios y muy bonitos, antes de pasar a manteles. Pero las cosas no son así.
Los inmigrantes de que habla Juanes lo son en otros países, cuando los dejan llegar allá, legales o ilegales: y está en el capricho de cada país decidir si los aceptan con generosidad o si los rechazan con egoísmo. Pero vistos desde Colombia son emigrantes. Se van de aquí. De aquí los echan. Aquí sobran. La tan cacareada “confianza inversionista” no da para generar el empleo que necesitan, y menos teniendo la competencia de tanto desplazado interno como genera la tan cacareada “seguridad democrática”: tanto “migrante”, para usar la también bonita y también errada palabra del asesor presidencial José Obdulio Gaviria. Los “inmigrantes” de Juanes, que son cuatro millones, y los “migrantes” de Gaviria, que son otros cuatro, (sumados, la quinta parte de la población colombiana) o sea, los desplazados externos e internos, económicos y políticos, no “van por el mundo haciendo patria”. Van por el mundo porque los expulsaron de su patria los que se están quedando con ella, “refundándola”, como dicen en sus pactos de sangre. Para venderla luego, y sacar fuera las ganancias. Los emigrantes colombianos salen huyendo de su patria, para que esa mala patria no los mate o no los deje morir de hambre. Y no son, por supuesto, embajadores. Son fugitivos del desastre, supervivientes del naufragio. Embajadores: qué bien suena, qué bonito, y sin duda, qué eficaz en términos prácticos: “Recíbanme ustedes aquí en España, o en los Estados Unidos o en el Ecuador, porque aunque parezca un refugiado en realidad soy un embajador”. Cómo van a ser embajadores esos colombianos que tienen que rebuscar en el mundo la seguridad para sus vidas que no encuentran aquí, el sustento para sus familias que no encuentran aquí, en este país de la tan cacareada “cohesión social”. Los embajadores de verdad son otros. Los embajadores, con título y con sueldo y con gastos de representación, son, por ejemplo, este señor Salvador Arana, embajador en Santiago de Chile y hoy preso por asesinato de campesinos y organización de bandas paramilitares cuando era gobernador de Sucre; y este señor Jorge Noguera, cónsul en Milán, hoy investigado por asesinato de sindicalistas y protector de esas mismas bandas narcoparamilitares cuando era director del DAS; y este señor Luis Camilo Osorio, embajador en México, hoy acusado de encubridor de narcoparamilitares cuando era Fiscal General de la Nación; y este señor Juan José Chaux, embajador en Santo Domingo, acusado de alianzas con los narcoparamilitares cuando era gobernador del Cauca; y este señor Sabas Pretelt, embajador en Roma, acusado de cohecho para permitir la reelección presidencial cuando era ministro del Interior y de Justicia (los narcoparamilitares lo despidieron llorando). Los embajadores verdaderos son esos. Y otros más, sus semejantes, que lejos de tener que “ayudar a sus familias”, como dice Juanes, son ayudados por ellas a obtener sus cargos y sus sueldos diplomáticos: parientes de políticos, sus hijos y sobrinos, o políticos profesionales ellos mismos: como el ex presidente Andrés Pastrana, que aceptó un fugaz puesto de embajador en Washington; o como el ex presidente Ernesto Samper, que también aceptó, pero por razones ajenas a su voluntad no llegó a sacarle jugo, un puesto de embajador en París. Esos son los embajadores. No es ningún honor, en los tiempos que corren, ser embajador de Colombia ante el mundo de esta tan cacareada “patria”. Los emigrantes que han tenido que irse expulsados, y que por cuenta de esa clase de gente que los echó son recibidos con desconfianza en el extranjero no merecen que, por añadidura, venga un cantante a insultarlos llamándolos también a ellos “embajadores” y diciendo que están “haciendo patria”.

Multas por dar limosnas o comprar en los semáforos

2008-08-17T15:28:00.002-05:00

Junio 24, 2008

Los conductores de vehículos que compren o den limosnas en los semáforos y sus alrededores, tendrían que pagar una multa si aprueban una norma expedida por Congreso durante su última semana y que espera sanción presidencial.

“Participar en actividades comerciales o benéficas en 200 metros a la redonda de semáforos, señales de tránsito, paso a nivel, pasos peatonales, separadores, bermas, ciclovías, ciclorrutas, estacionamientos, paraderos, todo tipo de puentes y en las zonas destinadas a la circulación de todo tipo de vehículos” es el parágrafo de reforma al Código de Tránsito que causa la polémica.

Además, según el parágrafo, el incumplimiento de la norma se sancionará con una multa equivalente a un salario mínimo legal mensual, es decir 461 mil 500 pesos.

El senador Jorge Hernando Pedraza, ponente del proyecto, manifestó que el objetivo de la norma es ganar en movilidad en las diferentes ciudades de Colombia.

Según Pedraza, es un problema de movilidad y de productividad, pues el tránsito se dificulta cuando hay compradores y vendedores en los semáforos, por lo que la movilidad se retrasa y el tiempo perdido es improductivo.

Escrito por Giovanni Alarcon Moreno

15 militares detenidos

2008-08-17T15:15:00.001-05:00

Dos hombres que murieron a manos del Ejército colombiano en mayo de 2005 y que fueron reportados como guerrilleros abatidos en un combate eran, en realidad, campesinos desarmados.

Por ese caso, que fue denunciado por familiares de los muertos y que ocurrió en el nororiental departamento del Cesar, en la frontera con Venezuela, la Fiscalía General de la Nación capturó esta semana a 15 militares y ordenó la detención de 14 más.

Los campesinos muertos eran Frank Martínez Cavieres y Claudio Manuel Olmero Arlante, quienes fueron presentados por el Ejército como miembros del frente 41 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Todos los militares investigados hacen parte del batallón "La Popa", con sede en Valledupar, la capital del Cesar.

Pero ese no es el único caso. En marzo pasado, la Fiscalía había ordenado la captura de otros 15 militares por la masacre de San José de Apartadó, en el noroccidental Golfo de Urabá, que en febrero de 2005 le costó la vida a 11 civiles, entre ellos tres niños.

La cifra de bajas presentada por las Fuerzas Militares, con alta probabilidad incluyen ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos
ex ministro José Fernando Isaza
BBC Mundo estableció que la Fiscalía investiga más de 200 hechos similares, que involucran a más de medio millar de miembros del Ejército.

Esos militares están siendo investigados por los delitos de homicidio de personas protegidas y homicidios fuera de combate.

Entre 2002 y 2007 el Ministerio de Defensa de Colombia reportó que fueron muertos en combate 9.841 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Falsos positivos"

Pero en octubre de 2007 una misión internacional de observación denunció que entre las bajas reportadas por las Fuerzas Militares había unas 955 ejecuciones extrajudiciales.

Posteriormente, en una entrevista con BBC Mundo, el Ministerio de Defensa admitió que le había remitido a la Fiscalía 200 casos donde se sospechaba que los muertos no eran guerrilleros, sino civiles.

El tema ha generado controversia sobre los llamados "falsos positivos", entre el gobierno colombiano y sectores que cuestionan los resultados de la política de seguridad democrática, puesta en marcha a partir de agosto de 2002.

El gobierno asegura que sus tácticas de seguridad respetan los derechos humanos.
"La cifra de bajas presentada por las Fuerzas Militares, con alta probabilidad incluyen ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos", señala un análisis sobre el conflicto colombiano, realizado por el ex ministro José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Sin embargo, el viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, le ha dicho a BBC Mundo que la política de seguridad del presidente Álvaro Uribe es respetuosa de los derechos humanos.

El funcionario no descarta incluso que las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales sean una estrategia para empañar los logros alcanzados por el gobierno en materia de seguridad.

En su último informe sobre Colombia, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos admitió "la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, fundamentalmente del Ejército".

El mismo informe destaca que esa situación "ha dado lugar a que el Gobierno fortalezca los mecanismos de control".

Tomado de: BBC Mundo

Por. Hernando Salazar

15 militares detenido

2008-08-17T15:10:00.001-05:00

Uribe y el Estado Armado

2008-08-14T16:27:00.001-05:00

Derecho de Petición

2008-03-16T21:26:00.001-06:00

El siguiente derecho de petición lo radicaré en los próximos días, acompañado de las firmas de las personas y organizaciones que quieran suscribirlo. Señor Presidente de la República, los ciudadanos y organizaciones abajo firmantes, haciendo uso de nuestro derecho constitucional de dirigirnos a las autoridades haciendo peticiones respetuosas, queremos solicitarle la destitución de su consejero José Obdulio Gaviria.

Bogotá Marzo 15 de 2008

Doctor
ALVARO URIBE VÉLEZ
Presidente
República de Colombia
Casa de Nariño
Asunto: Derecho de Petición

Señor Presidente:

Como es de su conocimiento, el pasado 6 de marzo cientos de miles de personas participaron en actos en 102 ciudades de Colombia y del mundo, en solidaridad con las víctimas de los paramilitares y de los crímenes de Estado. Mediante un comunicado público, el Gobierno señaló que no respaldaba esta convocatoria, pero que ofrecía garantías para llevar a cabo los actos programados. No obstante, el señor Gaviria hizo declaraciones públicas en las que afirmaba que ni Usted ni él participarían en una marcha “convocada por las Farc”. A pesar de que los organizadores de los actos del 6 de marzo solicitamos que se desmintieran oficialmente estas calumniosas aseveraciones, ningún vocero del Gobierno lo hizo.

Esta situación generó un ambiente de creciente inseguridad. El 11 de febrero de 2008, al día siguiente de las declaraciones del señor Gaviria, se dio a conocer un pronunciamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia en el que también se afirmaba que la marcha era instigada por la guerrilla. El 13 de febrero aparecieron en Nariño amenazas contra las asociaciones promotoras de la jornada. El 28 de febrero, individuos dispararon contra el apartamento de Adriana González, organizadora de la manifestación en Pereira.

Después de los actos del 6 de marzo, en una semana cuatro líderes sindicales han sido asesinados. El 9 de marzo fue desaparecido Carlos Burbano, vicepresidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios en San Vicente del Caguán y quien había liderado la organización del acto del 6 en esa localidad. Su cadáver fue hallado en el basurero municipal con el rostro desfigurado con ácido. En el Caquetá, muchos de los preparativos para el 6 se vieron frustrados luego de que el general Óscar Naranjo afirmó en una rueda de prensa que había sido encontrado un volante en el que las Farc invitaban a las manifestaciones en ese departamento.

El general Naranjo hizo ese anuncio sin aclarar que las organizaciones que habíamos impulsado la iniciativa condenamos las convocatorias paralelas de grupos armados. Mujeres que desde el Caquetá iban a tomar parte en la Marcha Nacional de los Desplazados, decidieron no venir por temor a los efectos del anuncio oficial. Luego de la marcha de los desplazados, fue amenazado uno de sus coordinadores, Libardo Pedrozo. El pasado 12 de marzo, llegaron amenazas contra 28 defensores de derechos humanos y un conjunto de organizaciones sociales. Están firmadas por un grupo que se hace llamar Águilas Negras, que anuncia que “será implacable” con quienes invitaron a las manifestaciones del 6 de marzo.

Todas estas circunstancias demuestran la continuidad de la acción siniestra de las estructuras paramilitares, y también de quienes ejecutan crímenes de Estado. Su reacción violenta obedece al masivo repudio ciudadano que recibieron el 6 de marzo. Pero además esta situación compromete la responsabilidad del Gobierno. Las declaraciones que hizo José Obdulio Gaviria generaron un ambiente propicio para la violencia que ya ha cobrado la vida de cuatro sindicalistas. Contra él instauraremos acciones judiciales. Pero además le solicitamos a Usted, señor Presidente, que lo destituya: la incitación a la violencia es un grave delito.

IVÁN CEPEDA CASTRO
MOVICE

CARIMAGUA INC.

2008-02-22T18:15:00.001-06:00

Con el pecho aún henchido de patriotismo y con varias capas de protector solar en la cara después de la marcha del 4 de febrero, el Ministro de Agricultura se dispuso con ese tonito pedagógico de seminario menor que ha copiado de su mentor, el señor Presidente, a explicarnos que los grandes inversionistas seguirán siendo para el Gobierno los privilegiados de siempre y que los desplazados deberán reconvertirse en peones de sus haciendas.

Alfredo Molano Bravo

El Espectador
16 de febrero de 2008

En buena hora la Procuraduría y el senador Robledo se le atravesaron al ministro y pusieron las cosas en su sitio. Carimagua es en realidad una chichigua de 17.000 hectáreas englobadas en el proyecto estrella de colonización uribista bautizado como Recuperación de la Alta Orinoquia, que busca poner en los bolsillos de megaempresarios la bobería de 6’400.000 hectáreas entre los ríos Orinoco, Meta, Vichada y Manacacías, y que el señor Presidente presume despobladas —aun de desplazados—, pero donde viven de esas “tierras ácidas” 54 resguardos indígenas y miles de campesinos y colonos.

La Embajada de Colombia en Japón hizo en 2005 el lanzamiento del proyecto en Tokio, exaltando la fertilidad del suelo y las posibilidades tan rentables que ofrecían las tierras para cosechar palma, caucho, madera y, además, producir oxígeno, un plus que se negocia en Bolsa. No fue un acto, fue una feria. Uribe le echó el cuento a Bush y a Bill Gates, mientras el embajador colombiano embaucaba a Gunter Pauli, de la Fundación Zeri, comerciante de oxígeno; a la firma Daiwa House, negociadora de aguas, y a la Cargill, la mayor comercializadora de granos del mundo. Y, como si fuera poco, al más poderoso banco norteamericano, el J. P. Morgan Chase, mercader de acero y de guerras.

Para mostrar al mundo que el proyecto no era embuste, Incoder le tituló al senador uribista Habib Merheg; a su secretaria; a su abogado y a una docena de sus seguidores, 18.000 hectáreas, y cedió a la Fuerza Aérea Colombiana 61.500 hectáreas –un predio cuatro veces más grande que Carimagua– para instalar un campo de entrenamiento de bombardeos y un gran proyecto de “desarrollo social” para “emplear personas que han sido afectadas por el conflicto y en primera línea por nuestros soldados y policías discapacitados, nuestros oficiales y suboficiales”. (¿Qué pensará Venezuela de esta punta de lanza a pocos kilómetros de la frontera?)

De todos modos, el Gobierno está encartado con Carimagua, que fue un centro experimental de primera importancia, dirigido y financiado por el CIAT y el ICA hasta por allá a mediados del 90, cuando la guerrilla se tomó la sede, destruyó laboratorios y se llevó unos carros. El Gobierno optó entonces por entregar el predio al Fondo Ganadero del Huila en condiciones que la Procuraduría está en mora de investigar. Después todo proyecto ha fracasado, salvo la pista aérea utilizada por antinarcóticos y la base militar con 600 efectivos, que no son los mismos terrenos donados a la FAC. En Carimagua las construcciones están medio destruidas; la biblioteca –llena de informes técnicos valiosos–, enmohecida; las carreteras enmontadas y ni qué decir de los experimentos en pasto, sorgo y marañón. ¿Qué hacer con esas 17.000 hectáreas?

En el exterior –de dientes para afuera– se destinaron a los desplazados para atraer recursos y lavarse las manos; en el interior, como se sabe, se las quiso entregar el Gobierno a los palmicultores, caucheros –¡otra vez los caucheros!– y a los aserradores, que han arrasado nuestras selvas, ofreciéndoles todo tipo de gabelas tributarias. La Procuraduría brincó a tiempo y la opinión pública se enteró de manera práctica y tangible de la política agraria del gobierno de Uribe: conceptualmente hablando –subrayo, conceptualmente–, es el mismo modelo patentado en el Urabá chocoano por el ‘Alemán’, o por ‘Jorge 40’ en las tierras del Cesar: desplazar a los pobres para meter a los ricos.

En el Vichada, el trabajo de sacar indígenas y colonos de sus tierras lo ha hecho el Señor Cuchillo, jefe todopoderoso de los paramilitares que continúa prestando importantes servicios a la causa de la seguridad regional. Mirada en conjunto, la política agraria de los últimos gobiernos ha sido en la práctica una obra en tres actos: primer acto, entrada de los paramilitares motosierra en mano y desplazamiento de campesinos; acto segundo, negociación con los paramilitares, y acto final, entrega de tierras a grandes inversionistas.

POR LOS DESAPARECIDOS POR LOS DESPLAZADOS POR LOS MASACRADOS POR LOS EJECUTADOS

2008-02-15T01:21:00.002-06:00

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

En Colombia han sido desplazadas cerca de cuatro millones de personas, en su mayoría por los grupos paramilitares. Estos grupos, solos o en conjunto con miembros de las fuerzas militares, han desaparecido al menos a 15.000 compatriotas y los han enterrado en más de 3.000 fosas comunes o han arrojado sus cadáveres a los ríos; han asesinado a más de 1.700 indígenas, 2.550 sindicalistas, y cerca de 5.000 miembros de la Unión Patriótica. Regularmente torturan a sus víctimas antes de matarlas. Entre 1982 y 2005 los paramilitares perpetraron más de 3.500 masacres, y robaron más de seis millones de hectáreas de tierra. Desde 2002, después de su “desmovilización”, han asesinado 600 personas cada año. Llegaron a controlar el 35% del Parlamento. Desde 2002 hasta hoy, miembros del Ejército Nacional han cometido más de 950 ejecuciones, la mayoría presentadas como “positivos”. Tan solo en enero de 2008, los paramilitares cometieron 2 masacres, 9 desapariciones forzadas, 8 homicidios, y el Ejército ha cometido 16 ejecuciones extrajudiciales.

En Colombia, agentes del Estado y paramilitares violan los derechos humanos y el derecho humanitario. Muchos grupos paramilitares no se han desmovilizado. Ahora se hacen llamar Águilas Negras. Muchos parapolíticos están en cargos públicos y diplomáticos.

Usted marchó el 4 de febrero. ¿Acompañará el 6 de marzo a las víctimas de los paramilitares, los parapolíticos y los agentes del Estado? Nunca más fosas comunes. Nunca más desplazamientos forzados. Nunca más paramilitares. Nunca más parapolíticos. Nunca más crímenes de Estado.

POR LOS DESAPARECIDOS POR LOS DESPLAZADOS POR LOS MASACRADOS POR LOS EJECUTADOS

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado convoca: 6 DE MARZO DE 2008

Homenaje nacional a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado

El malogrado arte de mentir

2008-01-31T22:52:00.000-06:00

2008-01-31T20:55:00.001-06:00

Comunicado

2008-01-31T19:31:00.001-06:00

Los Universitarios construimos la Paz, no marchamos para la Guerra

Bogotá 24 de enero 2008_ Con respecto a la marcha del día 4 de febrero

Los estudiantes universitarios no caemos en el juego mediático del regimen colombiano. El proceso que se adelanta en el país concentra el poder en el nuevo monarca de Colombia, señor Álvaro Uribe, esto le permite ocultar al mundo la atrocidad y la crisis de derechos humanos que se vive en nuestro país, todo con la complicidad de los grandes medios nacionales de comunicación.

Si bien la sociedad colombiana está cansada de la guerra, el cansancio no nos puede llevar a la desesperación de apoyar un gobierno ilegítimo, teñido de sangre de colombianos humildes. No marchamos por la guerra porque estamos convencidos de una salida política, negociada al conflicto social y armado.

Como estudiantes universitarios creemos en la importancia del argumento, de la discusión y de la construcción de alternativas al régimen actual.

Invitamos a todos los colombianos y colombianas a no hacerle el juego a estas propuestas guerreristas y quedamos a la espera de las futuras convocatorias que realicen los medios de comunicación y el gobierno nacional para erradicar la pobreza, el hambre que mata a muchos niños de Colombia, el analfabetismo, etc.

IPC

2008-01-30T03:08:00.001-06:00

“El periodismo colombiano”

por:
Juan Diego Restrepo E.
Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
Fecha: 01/24/2008 -

Los colombianos asistimos por estos días al resurgimiento de un fenómeno mediático que se repite cíclicamente, cuando aparece en el horizonte nacional la figura de un ‘enemigo’ al que se le atribuyen todos los males posibles. Hoy tenemos a la guerrilla de las Farc, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y a la senadora del Partido Liberal Piedad Córdoba, como los culpables del desequilibrio político y económico del país. En el pasado cercano tuvimos al Polo Democrático Alternativo, más atrás a la Unión Patriótica, antes a la clase obrera y estudiantil, en un pasado remoto a los liberales ‘comunistas’ y en el inicio de esta espiral de violencia al sacrificado líder popular Jorge Eliécer Gaitán.

Los efectos propagandísticos de los medios de información colombianos contra todo aquello que se deslinda del pensamiento hegemónico del cual son sus representantes, tiene hoy un grave capítulo: las agresiones verbales contra la senadora Córdoba proferidas el pasado miércoles cuando viajaba vía aérea a Caracas. Las consecuencias de la polarización ideológica que se viene dando en el país son predecibles, de ello se tiene un ejemplo concreto: los medios de comunicación crearon las condiciones sociales que acabaron en la aceptación justificatoria del genocidio de aquellos que integraron la Unión Patriótica, al reiterar, tal como lo propone la propaganda política, sus vínculos con la guerrilla de las Farc.

Los poderosos dueños de la prensa colombiana le temen tanto a los fantasmas que cuestionan sus proyectos ideológicos, generadores de grandes ganancias económicas, que no han dudado en convertir la noticia en una herramienta unificadora de la ideología dominante para su beneficio y lucro, para contrarrestar cualquier asomo de disidencia. De la mano del capital privado y público el periodismo viene perdiendo equilibrio, sin vergüenza alguna, lo que sin duda riñe con los postulados universales de este oficio, reseñados en el campo teórico, pero ausentes en las salas de redacción. Los propietarios de los medios y sus subalternos, directores y periodistas, ya no reflexionan sobre los contenidos noticiosos; no extreman los cuidados que debe tener el tratamiento de una noticia, y cada emisión se convierte en un peligroso producto propagandístico que atiza los odios y remueve las pasiones entre los colombianos.

En esta estrategia a favor de los grupos económicos y políticos en el poder, existen responsabilidades compartidas de los propietarios de los medios de información, sus directores y periodistas. Por ejemplo, en el caso de la senadora Córdoba, si lo que se dice de ella en segmentos políticos televisivos, o la agresividad con la que se le aborda en las entrevistas radiales, o la línea que revelan los artículos en portales informativos de Internet, o las constantes ironías, sarcasmos y burlas que tanto calan entre la opinión pública, son iniciativa de los periodistas o vienen ya con el sello del jefe de redacción, que las recibe del director del medio, quien a su vez recibe órdenes del dueño del medio, quien está ligado al poder político. Alguien debe tener claro de dónde viene el sesgo informativo y cuál es su oscuro propósito.

Esa labor soterrada de los medios de información en contra de quienes actúan y piensan diferente al gobierno y a los grupos de poder, cuyos efectos se observan en las agresiones verbales contra la senadora Córdoba, es peligrosa para las actuales circunstancias del país, sobre todo para aquella oposición civilista, no armada y crítica. Silenciar esa oposición será un premio que recogerán los medios de comunicación colombianos, empeñados en imponer sus códigos hegemónicos, tal como lo ha explicado el estudioso de los medios de comunicación Manuel Castells: “El poder consiste hoy en crear, difundir, imponer códigos de información. La realidad no cuenta; cuenta el impacto mediático. La lucha por el poder es por generar, difundir e imponer códigos”.

Los mecanismos de propaganda que viene empleando el periodismo colombiano son sutiles, pero efectivos: supresión de las múltiples representaciones sociales con el fin de homogeneizarlas, simplificación de los hechos noticiosos, uso de adjetivos denigrantes, generalizaciones indebidas, abolición de distinciones en el uso del lenguaje y la estereotipación del ‘enemigo’. Desde la perspectiva de los medios de información, la realidad hoy en el país es blanca y negra, izquierda y derecha, afuera o adentro, sin dejar lugar para los grises ni para los centros, espacios donde se vive la democracia real.

Bien lo señala el catedrático español Juan José García-Noblejas: “hay temas, asuntos y personajes públicos que en unos medios entran por la puerta grande en primera página y en otros entran o bien por la puerta falsa de un ‘suelto testimonial’, o sólo encuentran arrimo de la mano de la ironía o del sarcasmo del caricaturista de la página editorial, o el peculiar sesgo censor (que tanto consiste en quitar como poner) del encargado de una sección determinada”.

En Colombia, los medios de información parece que se declararon en rebeldía contra la realidad y decidieron construir mediáticamente un país homogéneo, donde todos somos hermanos de la misma causa, tenemos las mismas preguntas y buscamos las mismas soluciones. No hay razones para salirse del lindero. Aquel medio que lo haga, perdería lo que es hoy su don más preciado: la pauta publicitaria, tanto pública como privada, un mecanismo de financiación que somete las ideas de los periodistas. No sobra advertir que un periódico, una emisora radial o canal de televisión, son una empresa que antes que a las audiencias, se debe a sus dueños.

Asistimos pues en Colombia a la tiranía de la información: todos nos ofrecen diariamente el mismo ‘menú’, como si el proceso de producción de la noticia se hiciera bajo la dirección de un sólo jefe de redacción al mando de un mismo equipo de editores. Es difícil ver en la actualidad productos informativos que intenten mínimamente ofrecer visiones alternativas sobre la realidad nacional, que ofrezcan una visión de los hechos desde puntos de vista novedosos y enriquecedores que aporten elementos para el debate que reclama una democracia verdadera.

Hoy, todos los medios informativos nacionales cercanos al poder, observan los hechos desde el mismo lado y con los mismos ojos, parados sobre los hombros de las grandes empresas que los financian y del poder político que respaldan. Por ello, la crítica al poder que tradicionalmente el ciudadano ha dejado en manos del periodismo no depende de aquellos principios editoriales inamovibles respaldados en una ética incuestionable, sino de la relación que se ha establecido con los poderes políticos y financieros.

Lo ocurrido con la senadora Piedad Córdoba, y lo que pueda sucederle en el futuro a ella y a quienes se deslindan de las ideas políticas hegemónicas, es fruto de ese mecanismo de orquestación propio de la propaganda política, cuya acción se centra en la repetición de una idea, de insistir, con obstinación, en un tema, presentándolo bajo diversos aspectos, de forma variada, por todos los órganos de propaganda y en formas adaptadas a los diversos públicos que deben ser tan múltiples como posibles, para lograr un efecto. Hoy, el efecto, es la agresión verbal, mañana podrá ser la agresión física, luego sobrevendrá el atentado, y finalmente, la eliminación física.

En las actuales circunstancias, el periodismo colombiano está exponiendo uno de sus valores fundamentales: la verdad. Y se advierte en los espacios informativos lo que ha escrito el intelectual italiano Giovanni Sartori: “vivimos ahora en un mundo repleto de persuasores ideológicos para quienes la ‘causa’ tiene prioridad sobre la verdad”.

Pero esa espiral de defensa de la ‘causa’ desde el periodismo es necesario detenerla. Dueños de medios, directores, jefes de redacción y periodistas, están obligados a hacer una pausa en su labor diaria para reflexionar sobre aquello que vienen haciendo en temas tan sensibles para el país. Su ceguera hoy no nos puede llevar, de nuevo, al abismo del genocidio. Si ocurre nuevamente, no podrán atribuirle los hechos a ‘fuerzas oscuras’.

www.ipc.org.co